Chihuahua, Chih.
La famosa frase, acuñada por Andrés Manuel López Obrador, con facilidad se le puede achacar al gobernante chihuahuense, Javier Corral.
Lo realizado en las últimas semanas va a contrapelo de sus dichos y discursos de toda su vida política, que ha sido fundamentalmente parlamentaria pues ha saltado -literalmente- de las diputaciones a la senaduría.
En particular lo efectuado por él y su grupo, en materia de entramado institucional, es prácticamente semejante a lo hecho por su antecesor, César Duarte.
Lo más reciente lo retrata de cuerpo entero.
El recién designado Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix es, a Corral, lo que el ex auditor Jesús Esparza era a César Duarte: El amigo-funcionario encargado de vigilarle las espaldas y revisarle las cuentas públicas y mucho más.
El nombramiento de Acosta tendrá vigencia hasta el año 2026.
Esta designación se suma a las efectuadas por el Congreso y/o el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior del Estado (TSE), en materia de magistrados y jueces, en lo que es una operación semejante a la que Duarte hiciera en su momento y que tanta crítica despertara. El ex gobernante denominó a aquella maniobra la “oxigenación” del tribunal.
Corral ha realizado la suya también.
Y, como Duarte, Corral está recibiendo la descalificación del Poder Judicial Federal, no porque lo estén hostigando, no, sino porque sus actos están siendo impugnados ante los tribunales y estos le están dando la razón a ciudadanos, magistrados, jueces, abogados, legisladores etc.
Las últimas dos:
La primera: El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ha sancionado al PAN por usar al gobernador Corral en un spot de Ricardo Anaya, su candidato presidencial.
Poquitas y leves fueron las razones de los magistrados para aplicar dicha sanción. Establecieron que Corral inobservó “su deber de cuidado, en relación al cargo público que desempeñaba al momento en que se pautaron los promocionales denunciados, lo cual generó una transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad previstos en la Constitución federal”.
Además de sancionar al PAN con una multa de 120 mil pesos, le ordenó al Congreso del Estado de Chihuahua que en el ámbito de sus atribuciones determine si el gobernador incurrió en una falta.
La segunda:
El Segundo Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación falló a favor de Otilia Flores Anguiano, a quien el Congreso del Estado le había negado la ratificación como magistrada de la Sala Civil con sede en Parral. La acusaron de ser “duartista”.
El tribunal federal anuló el decreto de los diputados, por “inconstitucional”, por lo que la magistrada permanecerá en su cargo.
Una nueva derrota jurídica, que entraña un más que preocupante rasgo de quien ocupa la silla principal de Palacio: Su carencia por el debido respeto al marco jurídico vigente incluido en ello la división de poderes.
Los eventos se suman, semana con semana: Destituyeron arbitrariamente al presidente del TSJ proclive a Duarte, luego le otorgaron atribuciones extra legales al Consejo de la Judicatura, atribuciones que les fueron quitadas por el mismísimo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -después de efectuar nombramientos inescrupulosos como los ahora señalados, además de la cuestionada designación de la ex activista derechohumanista, Lucha Castro-, y enseguida apresurando al Congreso para que adelantaran la designación de 7 magistrados, así como el del auditor.
No hay cabida a otra interpretación: Corral ha decidido protegerse de cualquier eventualidad y para ello ¡Oh, que novedoso mecanismo! nombra -a través de sus subordinados en el Congreso, que no son solamente de su partido- jueces, magistrados y auditor, que eventualmente serían los encargados de los procesos judiciales iniciados en su contra, o de la revisión de sus cuentas públicas, una vez finalizada su gestión.
¡Cuánta previsión!
¿Se verá en el espejo del ex gobernador Duarte?
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