Informe 2022
Contra la razón y la legalidad
Sin Retorno

La GN a la SEDENA

Contra la razón y la legalidad 11 de septiembre de 2022

Luis Javier Valero Flores

Chihuahua, Chih

"Son tiempos obscuros en los que un gobierno, que triunfó con consignas de izquierda sobre dos regímenes militaristas y corruptos … Los del PAN y el PRI, impone medidas propias de la extrema derecha y se ufana de llamar conservadores a los pocos críticos qué se le oponen”: Jorge Volpi. 

- Sin razones para justificar la transferencia a las fuerzas armadas, mucho menos para violar los mandamientos constitucionales
- No hay argumentación sustentada a favor de la transferencia de la Guardia Nacional, el país sigue sumido en el mar de violencia y sangre. Los militares han estado presentes en todo el período
- ¿Estamos frente a la concreción de que “se vayan al diablo sus instituciones”, lanzado por López Obrador años atrás?
- Alito, el aliado de AMLO. Lo “tronaron” y puso lejos la viabilidad de la alianza opositora
- Los “martes del Jaguar”, la picaresca campechana de Layda Sansores, cumplió con su encomienda, una  vez lograda, se suspendieron los ataques
- No tejieron en el aire, había sustento contra el dirigente priista
- ¿Se mantendrá la alianza en Chihuahua, a pesar de todo?

Aprovechando de la manera más oportunista posible que las fuerzas armadas gozan de la mayor credibilidad en el país, y desentendiéndose de sus obligaciones y sus responsabilidades en materia de seguridad pública, el presidente López Obrador ordenó a los legisladores federales aprobar la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA.

Y como es la marca de la casa, sin cambiarle una sola coma a la propuesta que enviara días atrás, en un giro más del creciente autoritarismo con el que se conduce el mandatario mexicano.

Pero no solo operó con los suyos. 

Y que son muy suyos, a tal grado que el fugaz “insumiso”, Ricardo Monreal, en lugar de votar en contra de las iniciativas presidenciales ¡Se abstuvo!

Como decía la vieja canción de la izquierda de los 60-70’s: Ni chicha, ni limonada. 

A la que le podríamos agregar, “sino todo lo contrario”, como decía el ínclito ex presidente Luis Echeverría, cuyo sexenio y parafernalia tanto añora nuestro presidente López Obrador.

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Después de semanas de un intenso golpeteo en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo venció, echando mano de todas las armas sucias que los regímenes priistas usaron en el pasado contra sus adversarios. 

Hoy, los que son distintos, lo hicieron del mismo modo.

Como si fuera barata, obtuvieron pingües ganancias; no sólo sacaron adelante la legalización de la transferencia de la GN, sino que están a punto de destruir la alianza opositora para las elecciones presidenciales del 2024, objetivo central de la operación lopezobradorista.

Siendo de la mayor importancia tal objetivo, el asunto de fondo, el que sigue creciendo en gravedad, también en la percepción ciudadana, es el de la seguridad pública. Al que López Obrador pretende dar una vuelta de tuerca más a lo iniciado en la década de los 70’s -la militarización de la seguridad pública- y a la que Felipe Calderón le imprimió un mayor ritmo, otorgándole a las fuerzas armadas cada vez más protagonismo.

El gobernante nacido en Macuspana lo ha llevado al extremo, sin analizar si la profundización de esa estrategia es la que podrá enfrentar el creciente empoderamiento de la delincuencia, y adoptando la misma conducta que sus dos inmediatos predecesores, pletórica de irresponsabilidad, complicidad e ignorancia frente a ella.

No sólo comete ese error López Obrador, que podría merecer justificadas críticas, sino que le ha agregado un factor aún más riesgoso: Su desprecio, cada vez creciente, por la legalidad vigente, a grado tal que la preocupación despertada por su frase -“no me vengan  con eso de que la ley es ley”- hoy es más que justificada.

Lo es, por una evidencia incontrastable: Las iniciativas aprobadas que contienen la transferencia de la GN a la SEDENA violan la Constitución General de la República.

Y como su control sobre los ministros de la Corte es, también, creciente, se ha dado el lujo de llamar a los opositores a su propuesta a que “acudan a la Corte”.

No solo esa transferencia no garantiza, de ninguna manera, el éxito en el combate a la delincuencia, sino que boicotea la posibilidad de contar con las policías que necesita el país, competentes, capaces, preparadas, bien remuneradas, etc.

Porque no nos cansaremos de repetirlo, la seguridad pública es responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles, y éstas pueden recurrir a la participación de las fuerzas armadas en esas tareas, pero bajo su mando, en una región y un tiempo determinados, y siempre bajo la vigilancia de la autoridad civil.

Todo eso lo ha trastocado el tabasqueño.

Les va a entregar a los jefes militares una buena cantidad de las facultades que son exclusivas de las autoridades civiles.

Pueden los militares (concediendo, y mucho) efectuar tareas como la de mantener el control de los aeropuertos, de los puertos marítimos; construir aeropuertos y todas las demás tareas que el presidente la República les ha conferido. Bueno, hasta vacunar.

Pero todas esas tareas, responsabilidades y facultades tendrían que ir acompañadas de dos cosas: La más absoluta transparencia en el ejercicio de los recursos, licitadas todas las obras, bajo concursos transparentes y limpios, factibles de ser observados por los ciudadanos, y por una irrestricta rendición de cuentas.

Nada de eso existe en la participación militar del presente sexenio… 

Bueno, también en los anteriores, pero en aquellos tenían muchas menos tareas y, por tanto, menos recursos que los ejercidos ahora.

Ese no es el peor balance que se puede hacer de la actuación presidencial.

Cada vez es más evidente su desprecio por la vía democrática, lo denota el hecho de que, sabedor de no contar con mayoría calificada para hacer modificaciones en la Constitución, las elude y las viola en una clara transgresión a la vida democrática.

Sí, porque la decisión del constituyente, de imponer una mayoría calificada para aprobar normas trascendentales, tenía como sustento que al hacerlas contaran con un extendido respaldo popular.

Si no cuentan con esa mayoría significa -y no debemos ir muy lejos para entenderlo- que una parte de la ciudadanía le otorgó su confianza a una fuerza política distinta a la mayoritaria, la que puede haber ganado la presidencia, pero que necesita el concurso de los otros para sacar adelante las reformas que merezcan los amplios respaldos.

Eso no lo entiende el presidente.

Un gobierno que se ha caracterizado por tener un mayor alto porcentaje de adjudicaciones directas, superior al de Peña Nieto, ha optado por la vía de declarar de Seguridad Nacional prácticamente toda la obra pública.

Al hacerlo, busca impedir que se conozcan los montos entregados, las empresas beneficiadas, la identidad de sus propietarios y, también, impedir que se pueda saber si se emplearon bien los recursos públicos o no.

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Pero en lo que no tiene razón, de ninguna manera, es en el uso permanente de las fuerzas armadas en la seguridad pública y pretender que su actuación sea materia del fuero, exclusivamente, militar.

Eso no se puede hacer, a riesgo de poner en peligro la viabilidad democrática del país, y eso es lo que ha estado haciendo el presidente López Obrador que, ante la indigna sumisión del total de los legisladores federales morenistas, ha ordenado, y le han hecho caso, que en el país se haga lo que él decide. 

Ahora bien, en las propuestas del presidente López Obrador no hay la mínima sustentabilidad para la reformas jurídicas que ha impulsado: No hay una evaluación técnica de la estrategia de seguridad pública de su gobierno y tampoco un balance mensurable de la participación de las fuerzas armadas en ella.

Y lo que es peor, el presidente violentó un mandato constitucional: La reforma que creó la GN, establecía que para marzo del 2024, el país contaría con la Policía Federal adecuada, la necesaria para garantizar la seguridad pública. A eso se comprometió el presidente López Obrador con el resto de las fuerzas políticas.

No es el único que ahora aprueba lo que antes criticaba. En 2017 el hoy presidente de MORENA, Mario Delgado, como senador, en contra de la ley de seguridad nacional que pretendía Peña Nieto, quien buscaba lo mismo que ahora han aprobado los morenistas, decía lo siguiente:

“(Con esta reforma) lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. Para el ejército mexicano tampoco son buenas noticias porque esta ley impide tener policías profesionales y suficientes para regresar al ejército a sus tareas constitucionales”.

“… que sigan haciendo labores de seguridad pública los seguirá exponiendo a mayores casos de violaciones a derechos humanos”.

¡Inaudito!

Un año después López Obrador pregonó lo contrario. 

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Cosa semejante a la del Delgado de entonces, sostiene Amnistía Internacional, que aseveró que militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos.

Una de las consecuencias, quizá la más importante de las posturas de Alito, será la ruptura de la alianza, cosa que agradará a no pocos panistas, quienes no ven con simpatía la alianza con el PRI pues consideran un lastre, arrastrar el desprestigio del PRI.

Se presentaría un panorama más atractivo, dicen, porque el PAN aparecería como la única opción de oposición.

Por consiguiente, el partido que pretendía ocupar ese espacio, el MC de Dante Delgado, podría sufrir algún quebranto.

Asimismo, el acompañamiento del PRD al PAN, de ninguna manera enturbia a las simpatías propanistas; es tan pequeña la influencia del perredismo en la sociedad mexicana actual que, a diferencia de, por ejemplo, las elecciones en Chihuahua en 2004, algunos votos panistas no fluyeron al entonces candidato Javier Corral, por considerar que una alianza con los perredistas se contraponía a los principios del tradicional partido de la derecha mexicana.

En esa orientación, prácticamente todas las expresiones priistas locales han sostenido su acuerdo de ir junto a los blanquiazules, no obstante que la gobernadora Maru Campos ha expresado su oposición a las posturas de Alejandro Moreno y, por consiguiente, a la pretensión lopezobradorista, de la transferencia de la GN.

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¿Será? 

A pensarla pues el gobernador panista de Durango -saliente-,  José Rosas Aispuro, le dijo al presidente que él “siempre” estuvo de acuerdo en la transferencia?

¡Híjole!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

Luis Javier Valero Flores

Director General de Aserto. Columnista de El Diario