Chihuahua, Chih.

“Dicen que cuando entendamos que no es un día más sino un día menos,

 vamos a empezar a valorar lo que de verdad importa.”

Jodorowsky

La constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes tomó la reformulación de la pregunta planteada por el Ejecutivo federal para darle una amplitud general. El hecho ha dado lugar para que abogados constitucionalistas se pronuncien. No voy a discutir sus argumentos, para eso están sus colegas. Sus razonamientos jurídicos han dejado dos temas sobre los que se tendrá que echar luz.

Uno se refiere a las antinomias plasmadas en el articulado de la Constitución que sirven para dar buenas razones en sentidos encontrados, por ejemplo, la contraposición entre los derechos individuales y los derechos sociales. Esta disposición de contrarios permitió a los magistrados cumplir su función de definir constitucionalidad en los casos donde la armonización entre prescripciones se desvanece y parecen entrar en colisión.
La apertura hacia la consulta popular que dictaron lleva al segundo tema, más bien conclusión: la democracia participativa es un derecho débil dentro de la Constitución al cual hay que robustecer. Por eso, la definición alcanzada en el pleno de los ministros de la Corte puede ser el inicio para darle forma y productividad a los mecanismos de consulta popular y afines, que hoy en día están perfectamente limitados, son estériles y tienen efecto nugatorio sobre el derecho del pueblo a orientar el rumbo del régimen.

Sin pretender abonar a la discusión jurídica, en el plano político el enjuiciamiento de las altas investiduras debe ser un recurso de la ciudadanía para llamar a cuentas a los gobernantes que salen impunes debido al entramado jurídico-administrativo que los protege. Una situación de privilegio que los hace inalcanzables al brazo de la justicia, lo que sí ocurre en otras partes del mundo. 

No es cuestión de dejarlo en la barandilla del ministerio público como si se tratara de delincuentes comunes. Se trata de personajes que tuvieron a su encargo, “haiga sido como haiga sido”, la máxima responsabilidad del gobierno de México.

Políticamente, los mexicanos tenemos interés en conocer cómo los expresidentes se beneficiaron del puesto para amasar riqueza que no cuadra con su ingreso formalmente devengado, qué mecanismos formales e informales operaron para el resultado de un enriquecimiento indebido, llámese la partida secreta, la vía de las aduanas o el quid pro quo al realizarse la venta del patrimonio nacional, el otorgamiento de concesiones o en las licitaciones de obras de infraestructura. 

Los mexicanos exigimos el esclarecimiento y clausura del endeudamiento exponencial y sin fin como el FOBAPROA. Los mexicanos demandamos penalizar a los responsables de la declarada guerra contra el crimen organizado. Sería una catarsis para una reconciliación de un país dividido por la oligarquía. Para fortalecer la república en la que verdaderamente cada ciudadano cuenta.

Salud y larga vida