Chihuahua, Chih.

Desde hace varios días, un asunto que ha sido tendencia en diversos medios de comunicación y redes sociales, ha sido el de la consulta para enjuiciar a los ex Presidentes (sic). Aún a inicios de semana, se recolectaban firmas ciudadanas para cristalizar tal fin (en el Centro de la ciudad había varias carpas dedicadas, ex profeso, a tal propósito). Sin embargo, el propio Presidente López Obrador dejó entrever que, si no se alcanzaba el número de rúbricas necesario para llevar a cabo tal empresa, él mismo mandaría un escrito al Congreso, donde se solicitaría, se hiciera la consabida consulta popular, acerca del farragoso asunto.

Señalo esto porque, si algo exhibe el asunto, es voluntarismo y volatilidad. En días pasados, el propio Presidente fue cuestionado en la mañanera, preguntándosele acerca de si existía una viabilidad jurídica sobre el asunto, o que opinaba Julio Scherer Jr., a la sazón Consejero Jurídico de la Presidencia -y todo un experto en las lides del derecho, huelga aclarar- acerca del punzante caso. 

Como en ocasiones ocurre, López Obrador no dio una respuesta concreta a la pregunta, sino que, a través de una inteligente cabriola, arguyó que “estaban de acuerdo en el proceso a seguir”; para después seguir otorgando argumentos que rayaban más en el lugar común discursivo, que en la pertinencia de la realización de un plebiscito.

A este respecto, debo señalar que estoy a favor de la democracia participativa que, en reiteradas ocasiones, ha proclamado el mandatario en sus discursos. Sin embargo, creo que este tipo de ejercicios deben servir para legitimar acciones concretas, no como cemento para abrazar hechos dúctiles y polémicos. 

No es lo mismo votar para decidir si se quiere un mejor sistema de alumbrado público o no; a hacerlo para legitimar un eventual proceso judicial contra los ex presidentes. En el primer caso, es una decisión que nos atañe a todos-as y debemos brindar nuestra decisión, con base en nuestro sentir ciudadano; el segundo, en cambio, se torna en una especie de carta blanca ciudadana, para realizar una función que ya a priori le concierne al ámbito del derecho y no al popular, pues los enjuiciamientos no pueden y no deben ponerse al escrutinio popular, a mi juicio. 

Estamos en los tiempos contemporáneos, donde -por lo menos en el discurso- se pretende avanzar en la aplicación de la justicia y en su alcance verídico; y actos de este tipo no abonan en ese tránsito pues parecen una mala emulación del circo romano mediante la utilización de la papeleta y la retórica pujante a través del podio.

Habiendo hecho este preámbulo, considero que si los ex Presidentes -o cualquier funcionario de sus administraciones- cometieron algún delito o fraude a la ley, deben ser sometidos a proceso o enjuiciado; pero, ello, debe acontecer cuando las instancias correspondientes lo soliciten, pues, a pesar de las antipatías que puedan generar ciertos personajes políticos, es totalmente imposible juzgar sin contar con pruebas incontrovertibles para hacerlo.

De tal suerte que si se tienen evidencias de que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto, incurrieron en actos indebidos, deben abrírseles expedientes en la FGR y hacerse investigaciones exhaustivas. 

Donde resuena más el cascabel es en los casos de Salinas, Calderón o Peña, pues los dos últimos son acusados de haberse coludido con trasnacionales para hacer tratos lesivos para la nación (casos Etileno XXI o Agronitrogenados); o la plétora de corruptelas que se le achacan al círculo cercano de Peña Nieto. 

Sin embargo, hasta que no exista la prueba contundente de los hechos (lo que ha brindado Emilio Lozoya, aún son una especie de declaraciones fantásticas, a las cuales les hace falta la argamasa de la comprobación, lo cual no quita que tengan algo o mucho de verídico), no se podrá hacer nada contra ellos. 

Quizá tenga mucho de cierto eso de que Salinas de Gortari es el padre de la desigualdad moderna. O que la estrategia antinarco de Calderón tuvo muchos huecos en su seno. Pero esos no serán argumentos suficientes para ponerlos tras las rejas. El cuerpo del delito no aflora de acciones cuestionables per se.

Por ello, considero un tanto errático que el Presidente desee hacer una consulta de algo que, por derecho, le corresponde. 

Considero que la corrupción debe ser investigada por oficio, más allá de veleidades políticas. Pero pretender someterlo al escrutinio, deja más preguntas que respuestas. 

Bajo esta tesitura, pienso que el Presidente López Obrador debe dejarse de juegos y no llevar a cabo dicha consulta. Discursivamente podrá ser -como sugieren diversos analistas- un abono al discurso electoral del partido gubernamental. Pero, a la larga resultan más benéficas las acciones concretas, que las ideas abstractas gravitando en torno a la época electoral. Es mi humilde opinión.

AMNISTÍA.

En la misma tesitura, observo lo planteado por el diputado federal Pablo Gómez, en torno a una eventual “Ley de Amnistía” para los ex Presidentes. 

Si bien, esta propuesta descansa en la idea original de la retórica obradorista (“borrón y cuenta nueva”), nuevamente me parece un intento de juicio con antelación. Aunque en Sudamérica se llevaron a cabo este tipo de ejercicios, se realizaron con la base de los delitos cometidos por los personeros de las dictaduras militares. 

En cambio, en México sólo hay conjeturas, pero no un asidero concreto; y quien sabe si resultase una buena idea pues, en Argentina y Uruguay, dichas amnistías ya fueron canceladas, y poderosos miembros de las fuerzas armadas australes ya han sido sometidos a juicio. 

Creo que el diputado Gómez debería repensar la idoneidad de su propuesta.