Chihuahua, Chih.
Imagine usted que a sus hijos e hijas en la escuela un día se nieguen a brindarles clases de geografía porque un grupo de padres y madres de familia se opusieron a que como contenido fuera impartido por ser terraplanistas o que se les niegue conocer procesos básicos como la pasteurización, inmunidad, la historia de Edward Jenner o cómo se generan los anticuerpos, por ejemplo, por pertenecer al movimiento antivacunas…
Si no se tiene el mínimo conocimiento de geografía, ¿cómo se explica la teoría del estado que básicamente define que este está compuesto por población, gobierno y territorio? ¿dejaría de ser una política pública la vacunación por falta de conciencia sobre la necesidad de la misma?
Imagine nada más, en manos de quién estaremos poniendo la educación de las infancias y qué clase de preparación para la vida obtendrán de aprobarse esta iniciativa que a todas luces es inconstitucional, porque no solo se trata del tema de la educación, sino que de ello depende el ejercicio de otros derechos como el de la salud.
Pero de bien a bien, ¿qué es el pin parental? Es una iniciativa importada de España, ocurrencia del partido ultraconservador VOX que pretende otorgar facultades a padres y madres de familia a elegir contenidos de programas educativos que “atenten” contra sus convicciones. Lo que nos lleva a reconsiderar el absurdo con el que abrí esta colaboración: terraplanistas y antivacunas decidiendo sobre la educación de las infancias, la aprobación del pin lo haría posible.
La iniciativa para la modificación de la Ley de Educación presentada en el Congreso de nuestro estado sobre la impartición de contenidos menciona como fundamento en su exposición de motivos, que el poder de decisión se debe otorgar a padres y madres cuando estos “sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas” de lo que deriva la primer controversia: si en nuestro país es un derecho constitucional la libertad de credo ¿Por qué habría de depender de las creencias religiosas de alguien los contenidos que se inserten en los programas educativos? Lo ético y lo moral son otro gran tema…
El principio en el que se forjan las bases de los derechos humanos es la dignidad de las personas, estos tienen como finalidad garantizar felicidad y justicia, como valor intrínseco para todas las personas; como meta, es una construcción histórica que resume en positivo a la cultura como testimonio de experiencia humana, de ahí que el derechohumanismo sea una construcción ética que postula una mejor convivencia social.
Desde lo moral, se puede decir que como ética material se fijan valores, normas y derechos que se deben respetar para proteger libertades. La libertad de conocer, no solo para saber, sino para poder hacer.
La segunda y más importante controversia se instala en el orden constitucional.
Frente al Congreso más inepto e ineficiente de la historia, el despropósito de pretender legislar fuera de su competencia responde a la creencia de la clase política de que somos una sociedad que no vemos y no escuchamos, que impávidamente somos únicamente testigos de los excesos que cometen, solo así se puede entender la tergiversación del marco jurídico vigente y que en sus “deliberaciones” sin empacho se note que no tienen la mínima idea o lectura del texto de la Carta Magna.
Desmenucemos: Solamente el Congreso de la Unión es competente para distribuir la función social de la educación en la federación.
El artículo 3° constitucional establece que es este mismo el que determina planes y programas de estudios para la educación básica y la formación de docentes; el artículo 31° establece que el papel de madres y padres es hacer concurrir a sus hijos e hijas a la escuela obligatoriamente.
Pero el gran entuerto es el párrafo que establece que entre los contenidos de los planes y programas deben incluirse la igualdad de género y “La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual”; las leyes generales de educación y los derechos de niñas, niños y adolescentes les reconocen sujetos –no así objetos- de derecho, por tanto de conformidad, deben recibir educación sexual, reproductiva, laica, científica y objetiva sin tintes ideológicos.
Esto se encuentra plasmado en la Constitución.
Uno de los grandes mitos difundidos por los grupos antiderechos o de ultraderecha, como guste llamarles en fin, son lo mismo, es que las minorías son las que pretenden imponer su criterio sobre la mayoría; sin embargo, si el texto constitucional reconoce estos derechos (reitero, al de la educación sexual) es porque no solo es una mayoría a quien se está atendiendo, es la supramayoría quien requiere protección y se le está reconociendo.
Estas iniciativas solo buscan mermar la rectoría de Estado en términos de educación, pero retomemos los supuestos con los que abrí esta colaboración para saber que puertas estamos dejando abiertas.
No solo es la negativa de algunos cuantos a que las infancias y adolescentes se hagan de herramientas para prevenir el abuso sexual infantil y que toda una ciudadanía también lo haga para disminuir las cifras de consumo de pornografía infantil, trata y violencia sexual, también ante la eventual aprobación de medidas de este tipo se comprometen políticas públicas en materia de salud y económicas, no solo de educación.
No olvidemos que estamos por comenzar un nuevo proceso electoral y los grupos antiderechos representados en el Congreso del estado y el Cabildo requieren una bandera que les garantice candidaturas para seguir ocupando una curul, así que yo le recomendaría que considere esto antes de respaldar iniciativas de esta naturaleza porque a esa gente lo que menos le importa son sus hijos, los de usted, amable persona que me lee, porque los de ellos, los de la clase política, bueno, usted ya sabe quiénes son, cómo se comportan y el daño que le provocan a la ciudadanía y todo con cargo al erario.
@MarieLouSalomé
