Se presentan con tal rapidez los acontecimientos que cualquier percance que impida una inmediata evaluación de los mismos, hace que apenas una semana después parecieran pertenecer al pasado más remoto.

Hacer una evaluación sobre los 100 días del gobierno de Javier Corral estaría -lo está- afectada del modo en que el nuevo grupo gobernante recibió la administración estatal. Así no fuera tan dañada, tal y como la pintaran los responsables de cada dependencia en los primeros días, o que fuera peor a lo que muchos pensábamos antes de las elecciones del 5 de junio, lo cierto es que hay hechos al alcance de la mano para saber que efectivamente el estado de las finanzas del Estado es desastroso.

Puede ser que el déficit presupuestario sea del orden de los 4 mil 500 millones de pesos, o de 7 mil 500 millones, la verdad es que cualquiera de esas dos cantidades -su proporción sobre el total del presupuesto- impacta seriamente, en sentido negativo obviamente, cualquier proyecto de gobierno.

Más, si las posibilidades de recurrir al endeudamiento están reducidas a la posibilidad, solamente, de bursatilizar áreas de ingresos del gobierno del estado, como los remanentes carreteros, o cualquier otro tipo de ingresos económicos.

Entonces, desde el punto de vista de las obras materiales es claro que los balances sobre la obra de gobierno y sus expectativas sobre esta materia deberán esperar, máxime que, por añadidura, deberán rehacer los proyectos elaborados -de haberlos hecho- en la campaña y en el período previo a la toma de posesión.

Más todavía, si a lo anterior le sumamos la disminución del gasto público, como efecto del gasolinazo en el ejercicio del presupuesto estatal y, seguramente también, la devaluación del peso.

Por si fuera poco, una buena cantidad de inversionistas, sobre todo los extranjeros, esperarán el rumbo de los acontecimientos marcados por las políticas del nuevo presidente norteamericano, lo que hace, ya de por sí, posible una disminución del ritmo de crecimiento de la entidad, lo que se traducirá en una reducción de los ingresos fiscales y acaso también del peaje carretero.

Pesan sobre las finanzas estatales un conjunto muy grande de factores que incidirán negativamente, de ahí que el nuevo amanecer no vaya a ser tan placentero como se había pensado.

Y si las expectativas económicas son de esa calidad, entonces el nuevo grupo gobernante deberá desplegar sus mejores armas en el ámbito que mejor pareciera -por los antecedentes- desempeñarse, el de la elaboración de políticas y formas de gobernar.

Si bien no es tarea fácil, dado el deterioro del entramado institucional y social, ese pareciera -o debiera- ser el terreno en el que mejor trabajaría un gobierno emanado de un vasto movimiento popular en rechazo al autoritarismo, al exceso, al derroche, al culto de la personalidad y a la falta de respeto a la división de poderes, a la legalidad y a la constitucionalidad.

Y cosa no menor, quizá la más importante para la sociedad mexicana -o por lo menos para una parte importante de ella-, el de la congruencia política de sus gobernantes.

Podrá Javier Corral no efectuar una vasta obra pública, ni efectuar una profunda transformación política, o de las instituciones, pero sí está obligado a ser el más congruente de los gobernantes chihuahuenses, dados los antecedentes de sus posturas en una buena cantidad de asuntos, precisamente de los que más han dolido a nuestra sociedad.

No tendrá mucho tiempo para ello, el hartazgo social es tan grande, y las posibilidades de reproducirlo rápidamente, tan inmensas, que los márgenes de tolerancia y esta misma se han acortado seriamente.

Como lo mostraron algunas de las encuestas levantadas el año anterior a propósito de las elecciones, en especial la de El Diario de Juárez (Marzo de 2016) el porcentaje de personas que se identifican con los partidos disminuyó sensiblemente y eso empieza a apreciarse en la recepción de la gente, tanto en los actos públicos como en las manifestaciones en las redes sociales y mal harán, en el gobierno, desentenderse de lo que son las primeras señales de descontento y desasosiego en sectores de la población.

Pueden ser solamente hechos menores, dirán algunos, no son transcendentales, dirán otros, podrán no incidir en el total de las finanzas públicas; son hechos promovidos por la oposición, especularán los más y, finalmente, se le atribuirán a la prensa de la que tanto se ha quejado el mandatario, a causa del súbito cambio en la política de la publicidad oficial, -en la que prevalece la discrecionalidad, como antes, pero de distinto modo, tiempos, ritmos y beneficiarios- pero los hechos son reales, con un rasgo común, el de que son de un gran valor subjetivo para una buena parte de la población.

Ahí están las declaraciones del Secretario de Educación, Pablo Cuarón, el mismísimo día de la toma de protesta del nuevo gobierno acerca de las cuotas de inscripción -“son promesas del corazón, no de la razón”, sin que el nuevo gobernador asumiese una postura frente a lo que era, sin duda, una gravísima descalificación a su discurso de toda la campaña. El despido era lo procedente, por el mensaje implícito, el de que Corral prometió cosas a pesar de que sabía que no las cumpliría-; luego, el anuncio del gobernador de que las foto multas continuarían, y eso pegó, directo, en la credibilidad del gobernante.

Por esos primeros días asombró el nombramiento de César Augusto Peniche Espejel como nuevo Fiscal General del Estado y el tardío de los fiscales de cada zona, casi todos ellos con el antecedente de haber ocupado cargos de los primeros niveles en la administración anterior.

Habría que esperar a su actuación, se le dijo a la sociedad, inmersa, ya en una nueva creciente de ejecuciones, por encima de la existente los tres años anteriores, si bien presente en los últimos meses de Duarte.

Si anualizáramos los homicidios ocurridos del 1 de octubre a la fecha, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes rondaría los 47 en el estado, los 50 en Juárez y los 54 en la capital.

Otra vez, problemas de percepción. Pueden no atribuírsele al gobierno del amanecer tales condiciones delictivas, pero en la población persiste la opinión que se debe a ineficacia y falta de voluntad política para enfrentar a las bandas criminales, a lo que contribuyen decisivamente algunos enfrentamientos ocurridos, la mayoría, en los municipios serranos, pero que son reforzados, todos los días, con la aparición de uno o dos, o más, victimados en Juárez y Chihuahua.

Luego, la elevación de las tarifas de los derechos vehiculares, de las tarjetas de circulación; los anuncios de que no se trasladarían al municipio de Chihuahua, ni tránsito, ni las junta municipal de agua, mucho menos el transporte del servicio urbano.

Y este es, en el caso de la capital del estado, uno de sus principales problemas, el de que llegó el nuevo gobierno y para los usuarios no hubo un cambio extraordinario; se mejoraron algunas rutas, cambiaron algunos camiones pero en lo general deben invertir el mismo tiempo que antes para trasladarse y con las mismas deficiencias en el servicio de las rutas alimentadoras.

El balance de los primeros 100 días de la administración de Javier Corral, es, como todos los que se presentan, una mezcla de logros, errores y deficiencias, pero es, sobre todo, la definición del rumbo del nuevo gobierno, al que se le exigirá ser más atento a los reclamos democráticos de los chihuahuenses.

Y no es que se le pueda clasificar de lo contrario, pero de que tiene un mayor compromiso con los reclamos democráticos de la sociedad, es indudable, de ahí que cumplir con la agenda en materia de honestidad y austeridad presupuestaria es, apenas, parte de las cosas que están obligados a realizar.

Preocupa que a pesar de todos los anuncios del enorme despilfarro del gobierno de César Duarte, el ahorro alcanzado en el primer trimestre sólo sea del orden de los 400 millones de pesos, que llegará en el año a los mil 700 en el año, que significan poco menos del 3% del presupuesto del gobierno estatal, una cantidad infinitamente inferior al exceso neroniano del gobierno de César Duarte descrito, no solamente por los nuevos gobernantes, sino por una gran cantidad de chihuahuenses.

Luego sobrevendrían los episodios de las declaraciones truncas del 3de3 de Alejandro de la Vega, de Gustavo Madero y los incidentes de las sanciones federales aplicadas al Fiscal Peniche y a la Secretaria de la Función Pública, Stefany Rocío Olmos en las que, nuevamente, los deslices son el rasgo común.

¿Cómo creen que las sanciones federales administrativas no son aplicables en el ámbito estatal? ¿O que la presentación extemporánea de las declaraciones patrimoniales “es una falta leve”, como argüiría la Secretaria Olmos?

Podemos concordar con ambos que, efectivamente, son faltas menores pero en un ámbito distinto, no en el de Chihuahua, en el que el discurso oficial iba en un sentido y la obra gubernamental en el contrario.

Y a eso es a lo que está enfrentado el gobierno del “nuevo amanecer”.

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