Chihuahua, Chih.

El gobierno del Estado se encuentra inmerso en una trama compleja y delicada. De una parte enfrenta un abierto conflicto jurídico-político con la Federación el cual se encrespa más día a día y, por la otra, un incremento significativo de atentados contra custodios y guardias del Fiscal y del titular del Poder Ejecutivo y en general de los agentes del Centro Estatal de Seguridad.

El conflicto con el Gobierno de la República inicia y se hace público a nivel nacional, por la retención de 900 millones de pesos de aportaciones extraordinarias convenidas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que Javier Corral asumió como una “represalia” por la detención de Alejandro Gutiérrez, ex secretario General del PRI, a quien se acusa de haber desviado a la dirección de ese partido, 250 millones de pesos para sufragar campañas electorales, mediante una triangulación Federación- Gobierno de Chihuahua- PRI.

Fueron estos hechos los que dieron origen a la “Caravana por la dignidad”, la cual tuvo como demandas centrales la restitución de esos recursos y acelerar la extradición de César Duarte.

Lo primera demanda se cumplió, no así la segunda, por el contrario, se ha prolongado. “La operación justicia” tan cacareada, tuvo un giro inesperado para el gobierno del Estado. El pasado 6 de abril, el Décimo Tribunal Colegiado en materia penal, ordenó atraer al fuero federal, el caso de Alejando Gutiérrez y también los de Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, acusados de operar y encubrir el presunto desvío.

Bajo el argumento de que el dinero desviado eran recursos federales, el referido Tribunal Colegiado, adujo que los acusados deben comparecer ante un juez federal. Dicen los que saben que el dictamen del tribunal colegiado es inatacable desde el punto de vista jurídico, aun y cuando se demuestre que se afectó el erario de Chihuahua y que hay también otros procesos de los imputados por delitos del fuero común.

Unos días después vienen otros dos ramalazos: El Primero, la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Julio César Jiménez Castro y ordena su remoción y se nombre un nuevo Presidente, lo que se cumplió al designar el Pleno del Tribunal de Justicia al magistrado Héctor Pablo González Villalobos como titular del Poder Judicial.

El Segundo ramalazo estuvo más moderado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación quita al Consejo de la Judicatura facultades y prerrogativas que les fueron asignadas por el Congreso local, consideradas como inconstitucionales y violatorias de la división de poderes, pero no toca a ninguno de sus integrantes como se especuló en forma reiterada.

El gobernador del Estado y el gobierno de la República, han iniciado a partir de estos acontecimientos, una abierta confrontación, ya no jurídica sino política, a través de comunicados, declaraciones, mensajes y redes sociales que, en opinión de este servidor, no va a beneficiar a ninguna de las partes pero si a dañar el proceso electoral en curso y si las cosas van mas allá, a generar una profunda crisis de gobernabilidad.

Existen de hecho, ya, síntomas sumamente delicados. Uno de ellos, es el crecimiento de la violencia criminal y atentados en contra de custodios y guardias de la fiscalía y del mandatario estatal. En tan solo una semana se han producido cuatro agresiones en las que perdieron la vida tres agentes ministeriales y otros seis fueron heridos.

¿Estamos en presencia de “Represalias de grupos criminales por detención de cabecillas y armas”, como aducen el Fiscal y el Comisionado Estatal de Seguridad, o es un “embate de la federación para desestabilizar el Estado”, como sugiere el gobernador del Estado? Difícil es saberlo

Lo que si queda claro es que el tema es delicado. En principio hay que diferenciar lo que es el conflicto y lo que es la violencia. Comprender que puede haber conflictos sin violencia, aunque no hay violencia sin conflictos.

¿Entenderán el gobierno federal y el estatal que están llevando el conflicto jurídico a nivel de pleito político entre instancias de gobierno y, por tanto, provocando inestabilidad y una absurda violencia institucional? Espero que sí y que corrijan ambas partes por el bien de la sociedad que finalmente es la que siempre sale perdiendo.

Veremos y diremos.