Chihuahua, Chih.

Resulta que los rumores no eran sólo eso; tenían sustento.
El pasado 10 de enero, la mismísima directora general de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, escribió que la dependencia por ella dirigida había elaborado una estrategia para resolver los problemas de abasto de agua, derivados de los compromisos del Tratado Internacional de Límites y Aguas (TILA).
No sólo la había elaborado, sino que, incluso, dijo, lo había hecho en conjunto con todos los actores nacionales de la administración del agua, involucrados en el TILA.
“La solución implica un sentido de subsidiaridad y solidaridad entre las entidades involucradas —Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas— porque el agua es una y es de todos, sin importar límites geográficos y condición política. La solución y el pago de agua propuesto por Conagua asegura el agua necesaria para riego en Chihuahua, apoya a Tamaulipas y también permite cumplir con el compromiso internacional”. (“¿El agua, de quien es?”, Blanca Jiménez Cisneros, El Universal, 10/I/20).
La funcionaria, ganadora de infinidad de galardones académicos, sobre todo en materia ambiental, argumenta que la infraestructura hidráulica del norte del país, “casi en su totalidad, ha sido con cargo a la Federación”, razón por la que, alega, “deben beneficiar a todos”.
El artículo le da cuerpo al rumor: Blanca Jiménez anuncia que de la presa La Boquilla se extraerán mil millones de metros cúbicos para cumplir los compromisos del TILA que para este año -y ella lo informa- tienen un retraso de 220 millones, del ciclo pasado y 432 millones del presente año.
Pero resulta, otra vez, que la fecha límite para cumplir con estos compromisos es el 20 de octubre, una vez pasada la temporada de lluvias. Además, los compromisos no son exclusivos del estado de Chihuahua.
¡Ah, pero la estrategia consiste en que Chihuahua aporte los mil millones de La Boquilla y 100 millones del Granero (Luis L. León), pero solamente 150 de “la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, y 100 mm3, en Coahuila”!
De ese modo, afirma la directora Jiménez, ¡“prácticamente se asegura el cumplimiento del tratado para el ciclo 35 pero también se dotaría de agua a Tamaulipas para cubrir un 37% de sus necesidades de riego.”!
Era cierto el rumor, la pretensión es dotar de agua, durante el resto del invierno y la primavera al estado de Tamaulipas, pero en ningún momento la directora aporta datos del actual almacenamiento de las dos presas chihuahuenses, y las necesidades de nuestra entidad, que no son solamente las de los productores, que son, por puritita casualidad, parte esencial de las cadenas productivas del centro-norte de Chihuahua.
Así, sin cifras, Blanca Jiménez afirma que nuestra entidad tiene “asegurado el abasto al 100% de agua que requiere para sus cosechas para el ciclo agrícola 2020” y que “se le asegura que en 2021 cuente con esta misma cantidad dejando incluso sin pagar el agua a Estados Unidos de ser necesario”. ¿Qué?
¿Entonces, con tal de asegurarle a otros estados el abasto en el presente año, se pone en riesgo el de Chihuahua? Los productores y dirigentes de los comités de los distritos de riego del estado aseguran que al extraerle los mil millones de metros cúbicos, en realidad extraerían la mitad de lo almacenado, lo que les dejaría solamente 500 millones, los que son insuficientes para cubrir las necesidades estatales?
Hay un aspecto aún más preocupante.
El del uso de la Guardia Nacional, la policía militar y efectivos del ejército nacional para “proteger” las instalaciones de las presas.
Creativos que somos, este es el primer conflicto social en el que las fuerzas policiacas y militares llegan primero al lugar de los hechos, antes que los manifestantes.
¿Si no se iba a extraer el agua de La Boquilla, entonces para qué necesitaban a los grupos policíacos?
¡Ah, es que se iba a presentar un sabotaje!
¡Híjole! ¿Ya iniciaron las investigaciones de ello? ¿Podrían informarnos?
Otra.
La decisión de la extracción del agua no la pueden tomar, de manera exclusiva, las autoridades de la Conagua; son los usuarios de los distritos de riego, en conjunto con las autoridades de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, las que lo pueden hacer.
¿Qué hacen los gobernantes de la 4T?

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