Chihuahua, Chih.
Tomadas las oficinas de la CFE en Camargo, la aduana fronteriza de Ojinaga y un plantón en las oficinas locales de Conagua en Chihuahua, así como un conato de riña entre productores y funcionarios de la Delegación del gobierno federal en el estado, encabezados por el titular, Juan Carlos Loera de la Rosa, son, hasta ahora, los saldos de la ilegal y tramposa determinación de la Dirección Nacional de Conagua de efectuar una mayor extracción de agua de la presa Luis L. León (El Granero).
Al conocerse la determinación, cientos de productores agropecuarios de la región de Ojinaga, una de las más áridas del estado y el país, realizaron varias acciones de protesta, luego de enterarse de la orden de Conagua, emitida el 7 de junio, bajo el título de “CONTINÚAN LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS EN EL MARCO DEL TRATADO DE 1944”. (Comunicado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Conagua, 7/VI/20).
Conagua afirma que está aplicando la estrategia del gobierno federal para “cumplir con sus obligaciones en el marco del Tratado de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos” y que, después de garantizar “al 100% el volumen de agua que requieren los agricultores de Ojinaga, así como la continuidad de otras actividades económicas”, se determinó aumentar la extracción, la que ya se venía efectuando desde semanas atrás, según las versiones de los pescadores de la presa que, incluso, hicieron diversas aportaciones a fin de que los elementos de la Guardia Nacional, enviados para resguardar la presa, pudieran establecerse en las cercanías del vaso de agua.
La argumentación de la dirección nacional de la Conagua fue la de que, en virtud de que el objetivo principal “es contribuir al pago del Tratado de 1944, los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron que todo el volumen de agua que descargue por el río Conchos se abonará en su totalidad al cumplimiento de los compromisos de México”, en lo que son, sin duda, dos claras violaciones al Tratado de Aguas y Límites de 1944, pues los gobiernos de los países no son los organismos encargados de modificar lo ahí establecido, sino la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Peor, el tratado no establece que el total de las aguas descargadas del río Conchos sirva para abonarse a los compromisos del tratado.
Esto dicen el artículo 4o y la cláusula B del documento de 1944:
“B. A los Estados Unidos [le pertenece]:
…
c. Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431 721 000 metros cúbicos (350 000 acres pies) anuales”. (Texto de la Cámara de Diputados, http://www.diputados.gob.mx/sia/ecoycom/dec3302/trtint2.htm).
No son las únicas mentiras lanzadas tan impunemente por las autoridades federales. En el documento de marras dicen que, además de garantizarse el uso agrícola, también el de las actividades pesqueras.
No es cierto, los pescadores circularon en las redes sociales imágenes de los secos nidos de huevos de los pescados, resultado de la salvaje extracción de agua, justamente en el inicio de la época más seca del estado de Chihuahua y, especialmente de la región noreste de la entidad.
En el misterio se quedan, como hace unos meses, cuando pretendieron extraer el agua de La Boquilla, las razones de las autoridades federales para efectuar tan ilegales y equívocas acciones.
Por supuesto que todo ello ha creado un ambiente muy adverso al gobierno de la 4T, cosa que ha sufrido en carne propia el delegado Loera de la Rosa.
Deberán enderezar el rumbo.
Para ello, en este asunto, está muy fácil encontrarlo: Aplicar lo que dice el tratado y no violarlo.
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