Chihuahua, Chih.

Sin duda son problema complejos, el del transporte urbano en general y el de las tarifas, más en los momentos en que la economía en general se recupera a trompicones; pero más la personal, la que ha sufrido el salvaje embate, primero del confinamiento y todas sus secuelas, y luego de la descomunal inflación desatada globalmente y ante la cual los esfuerzos gubernamentales fracasan una y otra vez, y no sólo en México.

Por ello sorprende que, finalmente, después de largos meses de negociaciones entre los concesionarios y el gobierno del estado, se haya acordado una elevación tarifaria del 33%, muy lejana del 8% de inflación del año inmediato anterior, sin que en ellos hubiese iniciado el proceso de mejoramiento del servicio del transporte urbano.

Sorprende, no porque se pretendiera mantener las tarifas anteriores, vigentes largos años en la entidad, sin que gobernante alguno de los últimos 15 años se atreviera a elevarlas, debido a los costos político-electorales, siempre presentes, y más en los años en los que, prácticamente se realizaban procesos electorales todos los años.

En los comunicados de gobierno del estado, en los que da a conocer las nuevas tarifas se asentó que en “el análisis realizado por la Subsecretaría de Transporte para los Consejos Consultivos de Chihuahua y Ciudad Juárez, se identificó que la frecuencia y unidades de transporte que circulan en estas ciudades, era menor a la necesaria para cubrir las exigencias de los usuarios; de la misma manera, se analizó el precio de la tarifa en comparación con la inflación acumulada, diésel y el salario mínimo”. (Comunicado Gobierno del Estado, 5/IV/23).

Identificaron los problemas “más sentidos” de los usuarios del servicio, entre los que ubicaron “el incumplimiento de horarios, rutas incompletas o bien el corte de lo que se denomina como ‘última vuelta’, lo cual ocasiona, además de las molestias naturales, tiempos de espera superiores a los 40 minutos y generan un gasto extra a los usuarios, quienes en ocasiones, se ven en la necesidad de pagar un taxi o bien caminar largas distancias durante la noche” y sin mencionar el escaso número de unidades asignadas a un importante número de rutas, lo que alarga las horas de traslado de miles de chihuahuenses y juarenses. (Ibídem).

A siete meses del segundo año de gobierno de Maru Campos, con todo ese diagnóstico, no obligara a los concesionarios a poner un alto a las ineficiencias de los transportistas y que ahora, tanto los concesionarios, como el grupo gobernante, se comprometen a que “ahora sí” pondrán un alto a las situaciones evidenciadas por el diagnóstico gubernamental, so pena de regresar a las tarifas previas.

¿Será?

¿Ahora sí cumplirán los concesionarios ante tantas prebendas otorgadas por el gobierno del estado en el plazo de medio año al que se comprometieron?

Y es que en ese plazo deberán sustituir todas las unidades con más de 10 años de antigüedad y contar con unidades nuevas, para las que el FIDEAPECH les otorgará un programa de “financiamiento de anticipos para compras de unidades nuevas y otorgamiento de concesiones por 10 años a quienes adquieran unidades nuevas”.

En ese tiempo veremos que los concesionarios habrán cumplido con la capacitación de los choferes y habrían otorgado a los usuarios la  garantía de servicio, garantía de horarios y la garantía de rutas.

Si en medio año no cumplen se les cancelarían las concesiones “por incumplimiento” y se ofrecerían a otros concesionarios, pero de ninguna manera “al público en general”, porque esas concesiones servirán para “reconocer a quienes se la juegan por la ciudadanía” (Sic).

O sea que, no hay problema, si fallan las concesiones quedarán en manos de los de siempre, ante los cuales pasan los gobernantes de uno y otro signo político y ellos están ahí, como la Puerta de Alcalá.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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