Chihuahua, Chih.

Imposible no arribar por lo menos a esta pregunta, luego de la detención de quienes ocuparan varios de los sitios más importantes en el gobierno de Javier Corral.

Eduardo Fernández comparte con Arturo Fuentes Vélez, además de los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), un largo raigambre panista. 

Ambos, además, llegaron a los cargos como parte de los militantes del blanquiazul, de prosapia, que le otorgaban a la administración estatal esa característica, la de imprimirle al gobierno un claro tinte azul. 

Además, los dos ex funcionarios coincidieron en la conducta en el tratamiento ú obtención de los recursos por los que se les imputó: La absoluta violación a las regulaciones de las adquisiciones o contratación de los servicios solicitados.

Si Fuentes Vélez irrespetó la ley de adquisiciones en lo concerniente a las reglas de las contrataciones, Fernández Herrera violó las de la prohibición de solicitar empréstitos en los últimos meses del gobierno estatal. Sorprende que hayan cometido esas fallas, de las más elementales para cumplir en la celebración de contratos para la adquisición de bienes o servicios.

¿Por qué?

Hacerlo de ese modo lleva, necesariamente, a la presunción de la comisión de malos manejos financieros.

Hoy no sólo ellos están en problemas, también el ex gobernador Corral, a quien pueden o no achacarle alguna responsabilidad administrativa o penal, derivada de los hechos imputados a dos de sus más cercanos colaboradores, pero sin duda alguna que las acusaciones y los procesos judiciales en contra de los ex funcionarios de la semana anterior, a los que se le suman los del ex fiscal Francisco González y del ex coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo, llevarán a no pocos ciudadanos a poner en seria duda la honorabilidad política del PAN.

Tremendo reto para el actual grupo gobernante, porque por una parte no ha obstaculizado el desarrollo de los procesos, por aquello de que las dependencias que han presentado los cargos, la ASE y la Fiscalía Anticorrupción, son autónomas, así sea formalmente y, por otra, será quien deberá cargar sobre sus hombros (políticos) el peso de militar en el mismo partido político de quienes ahora enfrentan diversos procesos judiciales.

No es poca cosa, sin duda que uno de los factores mayormente decisivos en el triunfo del morenista Andrés Manuel López Obrador fue el hecho de que los gobernantes priistas, en el sexenio de Peña Nieto, fueron pródigos en la comisión de corruptelas y encabezar desastrosas administraciones, que llevaron a muchas entidades a niveles de desmesurado endeudamiento.

Ahora bien, en el caso del ex gobernador Corral, seguramente que el problema, para las autoridades prejudiciales, será el de encontrar las evidencias necesarias que las llevara a la presentación de la denuncia correspondiente, la que debería poseer la característica que Javier Corral dijo gozaba la denuncia presentada por Jaime García Chávez en contra del ex gobernador César Duarte.

Dijo que era una denuncia “robusta”, pero nunca le dio, ni seguimiento, ni apoyo a fin de que se demostrara que la gravedad de los delitos imputados fuera más allá de los que por ahora enfrenta el juicio que lo trajo al país.

Y esa prueba es la que deberán pasar las denuncias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, de Abelardo Valenzuela, la de que se hicieron sólidamente, sin el añadido de la carga política, la del revanchismo, del que tanto los acusa el ex gobernador Corral, además, de que ha dicho, las hacen por seguir las indicaciones del ex gobernador Duarte.

Valiente momento, el escogido para presentarlas (y de ninguna manera se preferiría que las postergaran debido a motivaciones político-electorales) sino porque los procesos judiciales estarán en fases determinantes muy cerca de las elecciones del próximo año.

¿Podrán los electores chihuahuenses abstraerse de que los presuntos delincuentes eran del mismo partido que el de la actual gobernadora, algo que ya sus principales opositores -Morena- empiezan a restregarles?

Lo ocurrido al PRI en la última elección presidencial es un buen antecedente. 

Un importante número de electores -la mayoría de ellos de los llamados “indecisos”- decidieron castigar, sobre todo a los priistas, y votar por López Obrador, por eso éste alcanzó la cifra de 30 millones de votos.

¿Elogiarán -y se refleje en las urnas- los ciudadanos a la actual administración por llevar a los tribunales a los funcionarios que se presuma responsables de hechos delictivos?

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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