Chihuahua, Chih.

El anuncio del acuerdo presidencial para regularizar los vehículos internados ilegalmente al país -hasta antes del 16 del presente- tiene, como todos los anteriores, infinidad de recovecos, enfoques, explicaciones, justificaciones y repercusiones, en los dos ámbitos, el nacional y el internacional, de distinta magnitud.

En un país -y en el norte se agrava más a causa de las distancias urbanas- en el que el transporte público es claramente insuficiente, todo está dispuesto para que capas cada vez mayores de la población deban recurrir al uso del vehículo privado, en detrimento, por supuesto, del entorno ambiental, del desmedido gasto familiar empleado para ese fin, de las cada vez crecientes cantidades de presupuesto municipal orientado al mantenimiento y rehabilitación de las vialidades, así como las repercusiones sociales generadas a causa del uso, -en la mayor parte de los casos- individual del transporte privado.

Por ello, se antoja insostenible la versión presidencial de que se aprobaba en virtud del elevado número de delitos cometidos a bordo de los “chocolates”, amparados en el anonimato a causa de no contar con placas, dijo, pero resulta que al momento de anunciar ese hecho, se daba a conocer que se habían decomisado cerca de 400 vehículos usados para cometer un delito, de los cuales menos del 10% eran ilegales en el país.

Ese argumento fue usado en varias ocasiones previas -distintos presidentes de la república y gobernadores, de todos los partidos- y esos dichos jamás han sido corroborados por las estadísticas criminales, ni cuando el número de “chocolates”, proporcionalmente, era mayor.

Además de las consecuencias mencionadas líneas arriba, muchas de ellas positivas para un buen número de habitantes de las entidades fronterizas, pues de ese modo accederán a un necesario medio de locomoción, que sustituye ventajosamente -con un gasto mayor, tanto de las economías familiares, como de los presupuestos municipales- al transporte público, que incrementará el flujo vehicular y obligará a un mayor presupuesto orientado a este servicio, sin duda alguna que golpeará al sector empresarial que a lo largo de más de 4 décadas se ha opuesto a medidas de este tipo: 

El de los dedicados a la venta de vehículos nuevos, y que son, en muchos casos, también comerciantes de vehículos usados, de los más recientes.

Sin duda que al permitirse una mayor entrada de vehículos usados -la mayoría de fabricación norteamericana- en proporciones semejantes disminuirán las ventas de autos nuevos.

De ahí su airada protesta. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) afirmó que la agrupación está “en contra de la legalización del contrabando; esto solo ayudará a las mafias que se benefician con este delito con el pretexto de ayudar a las familias necesitadas. No conocemos los términos del decreto que firmará el presidente, y a pesar de que ofreció una convocatoria a nuestro sector para recoger las mejores prácticas normativas, no fuimos convocados, ni para colaborar ni opinar”. (Nota de la redacción, El Financiero, 15/X/21).

Como ha ocurrido con otros sectores empresariales, el presidente López Obrador les falló pues prometió no adoptar medidas que los pudieran perjudicar sin antes conversar y discutirlas con ellos. Se enteraron por la prensa.

Pero resulta que la medida beneficiará directamente a los grandes consorcios automotrices norteamericanos, porque al abrirse el mercado mexicano, posibilitará que aumente la venta, en EU, de automóviles, o usados de modelo reciente, o nuevos.

En tanto, los presupuestos públicos orientados el mejoramiento y crecimiento del transporte público decrecen, en números absolutos, y de manera relativa pues disminuyen frente al crecimiento desmedido del parque vehicular de urbes como Juárez, Chihuahua, Tijuana, Monterrey y todas las ciudades fronterizas norteñas.

Así, la recaudación a obtener de este acuerdo será un mero paliativo frente al enorme rezago en pavimentación existente en todas ellas.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)