Chihuahua, Chih.

En México tan solo en 2021, 6194 mujeres fueron asesinadas. 

En Chihuahua la tasa de feminicidio fue de 2.17 según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, la tasa nacional (delitos por cada 100 mil mujeres) es de 1.35 lo que ubica a nuestra entidad como una de las más peligrosas para ser mujer, porque aquí es donde más son asesinadas. 

Juárez en primer lugar como el municipio con más feminicidios en el país y el de Chihuahua como el sexto. Los delitos de homicidio doloso y culposo contra mujeres tampoco son menores. Otro dato preocupante: Chihuahua es el segundo estado a nivel nacional con el mayor índice de trafico de menores (niñas y adolescentes). 

Con alerta de género decretada en ambos municipios y frente al contexto descrito, se podría esperar que al menos la institución que ejerce la rectoría de las políticas de prevención y atención a la violencia y la política pública en materia de transversalización de perspectiva de género se tomara en serio su trabajo y no convirtiera al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, -que es una acción afirmativa derivada de la lucha feminista- en una sucursal del despacho de la gobernadora, sobre todo, cuando existe política pública bien definida en diversas materias con objetivos y lineamientos perfectamente claros y recursos para su cumplimiento bien definidos, como lo son la prevención del embarazo adolescente y la promoción de la aplicación de la NOM046 cuando es debido, a través de las unidades de salud por referencia de los Centros de Justicia, en vez de obstaculizarla.

Y es que, en más de una década de experiencia en el seguimiento a la creación de los institutos de las Mujeres en las entidades federativas los despropósitos, agravios y excesos que el ICHIMUJERES ha venido cometiendo, dilapidando la anterior administración no tienen precedente. 

Son tantos que tendrían que utilizar varias colaboraciones para agotar el tema, pero me remito solo a los que con el respaldo de la información que la misma entidad proveyó haciendo uso de mi legítimo derecho de acceso a la información pública, puedo afirmar, expongo al menos, de los mas antiéticos a los más graves ya que pueden presumirse la comisión de actos de corrupción.

En septiembre pasado, en diversos medios de comunicación se “denunció” que en el ICHMUJERES tenía dentro de la nómina múltiples aviadoras. 

El dicho temerario que se aventó pretendiendo desprestigiar a la anterior directora y su personal más cercano en la relación política que con activistas contaba, no ahondó en la investigación ni el carácter de la colaboración ni en los contratos establecidos, muchos de ellos convenios por subsidio, que era la forma en que la mayoría del personal se encontraba contratado en todos los niveles y en todo el estado con diversas funciones. 

Esto viene a cuento, porque no pasó ni un mes cuando la remoción de varias jefaturas se dio (es normal y era de esperarse, sucede en cada administración), pero se dio paso a la contratación -para cubrir estos puestos- de personas que no cuentan con perfil laboral ni académico adecuado para las funciones que deben de realizar.

En voz de una Catalina Bustillos, la exregidora por la que el municipio se vio obligado a dar una disculpa pública por su discurso de odio y discriminatorio, que ahora es una permanente vocera defensora de esta administración, mencionó: “es increíble, tantas mujeres con tanta necesidad”, como si quien trabajara en una instancia pública con conocimientos especializados no tuviera derecho a la remuneración de su trabajo solo por ser de carácter social.  

Con todo y esto, la actual directora del instituto, su administradora y su coordinadora ejecutiva, se elevaron el sueldo casi al doble, sin una dispensa del Consejo Directivo donde expusieran los motivos y justificación del alza, como lo establece la normativa o bien, que hubiera real motivo para este fin; porque en medio de la austeridad y la limitación de algunas de las actividades propias del ejercicio de las políticas que se trabajan en la entidad, no había de dónde agarrar. 

No hay recursos. El dinero salió de los múltiples despidos de personal altamente especializado, con experiencia y con procesos de permanente profesionalización y lo peor: de la drástica disminución de las compensaciones de todo el personal de base: es decir, corrieron personal y bajaron sueldos para aumentárselos a tres personas, en agravio de decenas de familias. Una de ellas, denunciada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violencia laboral.

El contratar a personal que no está apto para el cargo que desempeña es el primer acto de corrupción que existe. En el caso de la violencia contra las mujeres, esta corrupción cuesta vidas. 

Es importante señalarlo porque en vez de impulsar lo necesario para el cumplimiento de las recomendaciones integradas en el decreto de la alerta de género; el ICHIMUJERES se ha dedicado a establecer alianzas empresariales de las que no se sabe, si bajan a su personal lo que en ellas se discute o determina; independientemente, la representación de mujeres en el sector empresarial es mínima contra la obligación constitucional que dicho organismo tiene con todas las mujeres de la entidad de implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en la vida económica, social, política, familiar y cultural del Estado con enfoque intercultural, así como  generar condiciones y consolidar las que ya existen para que formen parte activa en las decisiones y responsabilidades en la construcción de ciudadanía y de los beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones.

Cuesta creer que las empresarias con las que viene trabajando el ICHMUJERES requieran lo anterior, puesto que no son las creadoras de pequeña o mediana empresa con las que se viene colaborando sino con las integrantes de las grandes cámaras empresariales.

Nada alentador el próximo 2022 con un Instituto sin sentido social, que no conoce a fondo su función, con personal no apto para las funciones que les fueron asignadas, sin empatía ni sensibilidad y, sobre todo, que pondera el proyecto político de UNA sola mujer: la gobernadora; de quien sigue a pie juntillas su voluntad ignorando su real compromiso y labor y que en la figura de la directora, solo vemos a una representante edecán en eventos sociales que la misma titular del ejecutivo desdeña.

Si quien me lee desea, le comparto los documentos obtenidos por transparencia que comprueban lo que afirmo y sostengo, envíe un mensaje directo a alguna de mis redes con su correo electrónico para hacérselos llegar.

Sin más, le deseo felices fiestas, que el COVID no le alcance ni a usted ni a su familia.

Por un 2022 con vida, salud y dignidad.

@MarieLouSalomé