Chihuahua, Chih.
Hace unos días en un hecho inaudito para una república laica, el Salón Rojo de Palacio de Gobierno y la gobernadora del estado recibieron la visita de Monseñor Joseph Spiteri, Nuncio Apostólico en México, así como a autoridades eclesiásticas de la entidad, como el Arzobispo de Chihuahua, Monseñor Constancio Miranda Weckmann y el obispo de la Diócesis Cuauhtémoc-Madera, Jesús Omar Alemán. La visita de carácter oficial también contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón y los ediles Marco Bonilla de Chihuahua y Elías Humberto Pérez Mendoza de Cuauhtémoc y el empresario Víctor Cruz Russek en calidad de pareja de la mandataria con compromiso formal de matrimonio frente a los clérigos.
En la reunión, la gobernadora -según el comunicado emitido por la página de comunicación social del mismo gobierno estatal- manifestó que “… el Gobierno del Estado se rige a través de la ponderación de valores, como el respeto a la familia y a la vida, y sobre todo, en la prevalencia de la democracia.” Como respuesta, el máximo prelado del Vaticano en nuestro país, reconoció a la Gobernadora en su labor, por trabajar por el bien común en el estado; que en la doctrina social de la Iglesia católica se define como «el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten, ya sea a la colectividad como así también a sus miembros, alcanzar la propia perfección más plena y rápidamente» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 164); también estableció “…el compromiso de trazar rutas que permitan el diálogo entre las autoridades religiosas, el Gobierno y la sociedad civil.”.
La incursión eclesiástica no concluyó ahí; posteriormente, las autoridades seculares y religiosas en mención, acudieron a la ceremonia de reapertura de la Catedral de San Pedro ubicada en el municipio de Madera, en el marco del 57 aniversario de su fundación. Las reformas realizadas al recinto iniciaron el pasado febrero con apoyo de la ciudadanía, autoridades locales y estatales, en lo que particularmente resalta el uso de dinero público sin una justificación ya que, al contar apenas con esa antigüedad, el recinto no califica con los requerimientos mínimos necesarios establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para promover su restauración, básicamente, por ser un edificio moderno en términos de arquitectura religiosa. Otrora, es que en vez de acto oficial hubo una misa en la que participaron autoridades locales y estatales violando flagrantemente la laicidad del estado.
Sin embargo; estas violaciones y vulneraciones al Estado laico no son nuevas, este par de actos solo las convierte en evidentes.
De modo reciente y tras haberse despenalizado el aborto por la vía judicial en Chihuahua, la Secretaría de Salud estatal sigue obstaculizando el acceso para abortar en el hospital y la Ruta de restitución de derechos NAME (Niñas o Adolescentes Madres o Embarazadas), en contubernio con SIPINNA estatal, sigue frenada sin proveer recursos ni acciones gubernamentales para reestablecer derechos vulnerados o reparar el daño que provocan los embarazos infantiles o adolescentes.
Y no es casual, la reciente integración del consejo de SIPINNA se ha conformado con personas antiderechos e integrantes de la organización VIFAC, que en la investigación “Grandes fortunas financian la principal red antiaborto de México” queda nuevamente en evidencia por recibir cantidades millonarias desviadas por organizaciones como FECHAC (Fundación del Empresariado Chihuahuense) que bajo el auspicio de los gobiernos panistas de Javier Corral y Maru Campos, ha encontrado una beta perfecta para la operación empresarial en la implementación de la política social.
¿A quién le convendría que los intereses empresariales encabecen la política pública estatal? A los gobiernos panistas para conservar el poder, eso es claro; empero, el verdadero negocio se encuentra en la educación. Ya hace un par de años ADELA, la Alianza por la Defensa del Estado Laico emprendió y ganó una lucha contra los programas educativos religiosos en la escuela pública, específicamente Formando Corazones, promovido por VIFAC y bajo otro slogan (Saber Amar), derivado de la red de corrupción descubierta referente a las adopciones ilegales que se promovían en todo el país, con los nacimientos de embarazos llevados a término de las niñas y adolescentes refugiadas en el albergue de la asociación.
Las afectaciones de la alianza del actual gobierno de derecha extrema de Chihuahua con la más alta curia católica en el país se han extendido tanto que, incluso grupos de esta denominación reventaron la sesión en el Congreso en la que se pretendía tipificar la violencia vicaria como un tipo de violencia de género, a pesar de que las colectivas feministas y personas que encabezan este esfuerzo han presentado estudios, múltiples evidencias y casos, estudios de armonización legislativa para condensar el esfuerzo y ni así, fue suficiente para que el Congreso legislara con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Según la Encuesta de opinión sobre Religión, Política y Sexualidad en México 2021, menos del 30% de la población mexicana considera que las decisiones políticas referentes al aborto y otras reproductivas, tengan que ser tomadas de acuerdo a las creencias religiosas.
Las diversas manifestaciones de resistencia y oposición a la forma en que el estado esta siendo gobernado ponen en evidencia una de las constantes que caracteriza a la ultraderecha: acudir a la movilización de la fe y las creencias de las personas, con todo sus dogmas y prejuicios, para apuntalarse a través de la política moral que considera más importantes los valores religiosos que la democracia misma.
No buscar mecanismos para la gestión de las diferencias en las creencias llevadas al extremo puede desembocar en manifestaciones violentas como las vistas el pasado 15 de agosto en el Congreso del estado con motivo de la iniciativa que intentó legislar sobre violencia vicaria.
Por otro lado, la influencia religiosa en decisiones gubernamentales obstaculiza los derechos humanos de todas las personas, el uso del dinero del erario representa desvío de fondos públicos favoreciendo solo una expresión religiosa sobre otras, lo que violenta el principio constitucional que reconoce la diversidad religiosa y de espiritualidades como un derecho y atenta también, sobre los principios de igualdad y no discriminación.
La laicidad favorece la gestión de sistemas democráticos diversos y garantiza la paz social; preguntémonos por qué a este gobierno le resulta tan fácil quebrantar la ley y con qué finalidad; quizá las eventuales respuestas nos sirvan para convocar a su defensa.
@marielousalomé
https://laverdadjuarez.com/2024/08/07/grandes-fortunas-financian-la-principal-red-antiaborto-de-mexico/https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/2/6/el-evangelio-conservador-las-secundarias-de-chihuahua-280438.html
https://raichali.com/2024/08/16/grupos-de-ultraderecha-contra-violencia-vicaria-en-chihuahua/
https://catolicasmexico.org/docs/encuesta-de-opinion-sobre-religion-politica-sexualidad-en-mexico-2021/
