Chihuahua, Chih.

Chihuahua ha tenido 4 gobernadores desde el 2004 a la fecha. En ese lapso murieron asesinados más de 40 mil chihuahuenses. 

Según la fuente a la que se acuda, de acuerdo a los recuentos periodísticos aquí referidos suman 41 mil 499.

«Entre enero del 2010 y mayo del 2023, un total de 32 mil 527 personas han sido asesinadas en Chihuahua». (Nota de Miguel Angel Silva, El Diario, 5 de junio de 2023).

Dicho período abarca casi un año del gobierno de Reyes Baeza, el sexenio de César Duarte, el quinquenio de Javier Corral y 21 meses de Maru Campos. 

«En el Gobierno de José Reyes Baeza Terrazas (enero-septiembre 2010) se registraron un total de 4 mil 72 asesinatos» , con base en notas periodísticas, «dicho sexenio registró un promedio de 2 mil 174 asesinatos por año, lo que da un total de 13 mil 44 personas abatidas, que lo convierte en el sexenio más violento. (Ibídem).

En el sexenio de César Duarte (octubre 2010-octubre 2016) sumó 13 mil 41 asesinatos.

«Durante el quinquenio de Javier Corral Jurado fueron asesinadas 11 mil 770 personas». (Ibídem).

La disputa por el territorio para venta y trasiego de drogas entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa es el que ha dejado la mayor cantidad de las víctimas. En los últimos años el tráfico y narcomenudeo de la metanfetamina llamada «cristal» es el que se relaciona con la mayoría de los homicidios.

Fuerza primordial en ese combate, la federal, tanto con el concurso de los elementos de la Defensa Nacional y de la Policía Federal en el pasado y ahora con la Guardia Nacional, no rinden buenas cuentas, ni de lejos.

Además de no tener un buen desempeño suman varios episodios en los que han ejecutado, a mansalva, a cinco personas, además de decenas de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ubicado prácticamente en todo el período en los primeros lugares de homicidios, tanto en los números absolutos, como en el de la tasa por cada 100 mil habitantes, la entidad se destacó, ahora, por encabezar las atrocidades cometidas: «De acuerdo con la Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto, enero-abril 2023, elaborado por la organización Causa Común, durante el primer cuatrimestre del año Chihuahua registró la mayor cantidad de atrocidades en el país, 222; seguido de 176 en Baja California, 170 en Guanajuato, 161 en Guerrero y 130 en Morelos». (Ídem).

Esas atrocidades causaron la muerte de 473 personas , e incluyeron «108 casos de tortura, 30 asesinatos de mujeres con crueldad y 15 masacres».

«Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional». (Causa en Común).

Tales cifras guardan relación -por lo menos en el Chihuahua de los últimos 15 años- con lo sucedido en el 2022 pues, según el INEGI, en el último año de gobierno de Peña Nieto, en el que no compartió con López Obrador, se cometieron 32 mil 76 homicidios; a su vez, en el último año de López Obrador en el que no comparte con el siguiente gobernante tramos de su gestión, se cometieron 32 mil 203 homicidios. Un promedio de 88.3 homicidios diarios.

Dicha reiteradamente, la frase de que en tanto la impunidad sea el signo característico de este tipo de delitos, no pierde valor al contrastarla con la realidad: «Hubo sentencia sólo en 90 de los mil 47 asesinatos el año pasado en Juárez», dato publicado por la la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez. (Nota de Diego Villa / El Diario de Juárez, 27 de enero de 2023).

De acuerdo con Guillermo Asiaín, coordinador de la Mesa, «98 personas fueron halladas penalmente responsables del asesinato de 90 víctimas, en 79 casos distintos», pero en el resto de las personas asesinadas, 957, no se había sentenciado a nadie. (Idem).

Es decir, como antes, como siempre, asesinar personas es un delito en el que el perpetrador lleva altísimas probabilidades de no ser detenido, probablemente nunca.

¡El gobierno del estado tiene otros datos, pero al alza! 

De acuerdo con la información proporcionada a El Diario a través de la plataforma de transparencia por la Fiscalía General del Estado, «el 95% de las carpetas de investigación por homicidio doloso no tienen aún una solución ante el Poder Judicial…». (Ibídem).

«En 2022 fueron privadas de la vida mil 973 personas en todo Chihuahua… Por estos crímenes fueron abiertas mil 654 carpetas de investigación». (Ibídem).

De ese carpetas, el 93% (1,545) se encuentran bajo investigación, el 5% (83) se judicializó y solamente en menos del 1% (0.8%) se vinculó a proceso a los presuntos responsables, esto es en 14 de las carpetas de los casi dos mil asesinatos cometidos el año pasado en la entidad.

Y otra vez, menos del 1% se emitieron sentencias condenatorias; es decir, que sólo los responsables de 9 carpetas fueron encontrados culpables.

Dejadas de lado por todas las administraciones federales, el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, son éstas últimas las que denotan ese abandono, también en Chihuahua, en el que «diez municipios del estado de Chihuahua están sin policías y sin un plan concreto para su restablecimiento; además en los últimos tres años aumentó el número de policías municipales dados de baja debido a que reprobaron las evaluaciones obligatorias.» (Nota de Itzel Ramírez, La Verdad de Juárez, 28 de julio de 2023).

En todos los municipios que se tomó la decisión de desaparecer o sustituir a la policía municipal, desde los tiempos de Javier Corral, se ha fracasado; con altibajos en las cifras homicidas (porque ese era el delito de mayor impacto que motivó la intervención estatal y/o federal) se mantienen como los de más elevada incidencia, fuera de las grandes ciudades chihuahuenses.

Ejemplo de tal desbarajuste es lo que ahora sucede en Nuevo Casas Grandes, en el que en mayo la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública efectuaron un desarme de todos los policías municipales, después de que se negaran a practicarse los «exámenes de confianza requeridos por los sistemas nacional y estatal de Seguridad Pública». (Idem).

NCG se quedó sin polimunicipales pues 30 reprobaron los exámenes y 40 elementos renunciaron voluntariamente tras negarse a hacer las pruebas.

En el noroeste de Chihuahua la seguridad está ligada a la disputa por el corredor que el crimen organizado usa para llegar a Ciudad Juárez que pasa por Villa Ahumada y termina en el Valle de Juárez.

Esa región sufre los estragos de tal disputa, «Supera 2023 los mil homicidios en la entidad, la mayoría de ellos en la Zona Norte (con 546)». (Staff, El Diario, 17 de junio de 2023).

Por otra parte, ante el recrudecimiento de los homicidios en Juárez, los gobiernos de los tres niveles pusieron en marcha un nuevo plan contra la delincuencia en Juárez que «es la cuarta estrategia contra la violencia de la administración de AMLO, la 14 en los últimos 23 años… y la violencia sigue». (Nota de Rocío Gallegos, Marco Antonio López e Itzel Ramírez, La Verdad, julio 18, 2023).

Nada les ha funcionado, en estos 15 años (2008-2023) se han turnado gobiernos federales del PRI, del PAN y de Morena, en algunos casos coincidiendo administraciones municipales y estatales del mismo signo, y nada ha funcionado.

El incremento -o mantenimiento de las cifras con diferencias imperceptibles- en el número de homicidios es, por el contrario, la constante.

El rasgo común de todas las administraciones es la decisión de incrementar el grado de responsabilidad, participación y capacidad decisoria, en la seguridad pública de las fuerzas armadas, hasta llegar al día de hoy en la que le asignaron la mayor de las responsabilidades, sin que hasta la fecha, a casi cinco años de haber puesto en vigor la actual estrategia en manos de la Defensa Nacional (ya sea a manos de los elementos castrenses) o de los de la Guardia Nacional, -la que hasta la fecha sigue bajo el mando del Secretario de la Defensa Nacional- hayan mostrado resultados positivos.

El fracaso es más que evidente.

Lo más malo de todo lo anterior es que hay datos que lo sustentan. De acuerdo con el reportaje mencionado, con cifras obtenidas también vía Transparencia, el número de militares asignados a Juárez pasó de mil 907 en 2018, a 3 mil 517 en 2023. ¡Un 84% más!

Y nada, la criminalidad sigue creciendo.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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