Chihuahua, Chih.

Nada como la violencia desatada contra las mujeres para ubicar el estado real de los derechos humanos en el seno de una sociedad. No solo, también es parámetro de los grados de intolerancia, machismo y atraso cultural.

En los días recientes, sobre todo en las redes sociales, se desató una especie de linchamiento en contra de quienes aprovecharon un error de los funcionarios de una tienda de Soriana para comprar pantallas de Tv a 10 pesos 99 centavos, sin darse cuenta (los críticos), o apreciar que tal episodio es solamente una evidencia de nuestra estrujante realidad.

Chihuahua ocupó, por años, el nada honroso primer lugar en tasas de homicidios del planeta. Durante años, hemos sido la entidad con el mayor nivel de feminicidios y niveles de violencia -tanto doméstica, como en contra de las mujeres-, además de ocupar, durante largos períodos, primeros lugares en los grados de intolerancia y discriminación, medidos en la población infantil -estudiantes de secundaria y bachillerato-.

Analizadas fríamente las estadísticas de la ola violenta 2008-2012, estremece saber que la mitad de los asesinatos cometidos en ese período no tenían conexión con el crimen organizado -por lo menos esos son los reportes de la Fiscalía General del Estado, a los que no se ha opuesto, ni estudio, ni organización alguna- y que, por lo tanto, en términos gruesos, la mitad de las muertes violentas acaecidas en ese período en Chihuahua obedecieron a la manera en que sus autores resolvieron sus diferencias.

Pasaron los años y las cosas cambiaron ligeramente en el 2017. Chihuahua ocupa, ahora, el cuarto lugar nacional en número de homicidios y, proporcionalmente, muy por encima del Estado de México, que ocupa el tercer lugar.

No es necesario medirnos con los países desarrollados.

Los contrastes son deprimentes: Aguascalientes (población de 1 millón 500 habitantes) tiene, en el presente año, una tasa de 4.6 homicidios por cada 100 mil habitantes (mh), en cambio, Chihuahua tiene más de diez veces esa cifra: 48.3 asesinatos por cada centenar de miles de habitantes.

A su vez, en Yucatán la tasa es de ¡2.7 por cada 100 mh por año!

No es la única cifra que debiera avergonzarnos como sociedad.

De acuerdo con los casos presentados, proyectados al año, Yucatán terminará el año con una cifra de alrededor de 12 mujeres asesinadas (tenían 6 al término de junio), en la mayoría de los casos por sus parejas o ex parejas, con niveles de crueldad semejantes a los presentados en Chihuahua, entre los que aparece, en primer lugar, la agresión a machetazos.

En cambio, en nuestra entidad se presentaron, tan solo en Juárez, 83 feminicidios hasta ahora, con lo que, presumiblemente, terminaremos el año con alrededor de 94 feminicidios, una terrorífica tasa de 2.46 por cada 100 mil habitantes, contra la de 0.54 del estado de Guty Cárdenas y Armando Manzanero, y “106 desde que el gobernador Javier Corral y el alcalde Armando Cabada asumieron sus respectivos cargos de elección popular en octubre de 2016”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 24/XI/17).

No obstante los avances tecnológicos, el supuesto desarrollo económico y los progresos en materia de derechos humanos, la realidad es pavorosa, Chihuahua, entidad que presenta uno de los mayores desarrollos en los rubros arriba anotados es, también, una de las entidades lideresas en los índices de violencia en contra de la mujer, en primer lugar, el de la violencia extrema pues ocupó, del 2014 al 2016, de acuerdo con las más recientes estadísticas del Inegi, el tercer lugar nacional en feminicidios, sólo abajo de Baja California y Colima.

Luego de estas tres entidades, aparecen Guerrero, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. (Inegi, La Jornada, 24/XI/17).

Pavoroso. Del total de las agresiones casi 45 de cada 100 provinieron de los esposos o parejas sentimentales.

Pero el peligro para las mujeres no sólo está en la casa; el exterior de sus casas representa el peligro mayor: 53 de cada 100 mujeres fueron agredidas por alguien distinto a su pareja.

Luego, en mayo, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichimu) reportó que en contraste a la realidad nacional, en la que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual (33%), en Chihuahua, este dato se acerca al 47%, “además de que una de cada 5 ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral”. (Comunicado de prensa, Ichimu, 25/V/17).

Frente a tal realidad, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer (FEM) cuenta con 20 a 30 elementos para investigar, de acuerdo con la información ofrecida por Imelda Marrufo, directora  de la Red Mesa de Mujeres de Juárez, lo que hace que “por elemento (de la FEM) traen hasta 300 carpetas de investigación, es ridículo”. (Nota de Lucy Sosa, El Diario, 24/XI/17).

Los datos estadísticos palidecen frente a los hechos recientes, en los que las víctimas han sido, en sendos episodios, niñas, en uno de ellos a manos de su padrastro, y en otro, perpetrado desconocidos, en ambos casos en los que el factor común es la ausencia temporal de la madre, aunque en el caso de las tres niñas atacadas por al parecer una pareja de individuos, la ausencia era de ambos padres, los que estaban laborando y las niñas, como sucede en decenas de miles de familias, estaban al cuidado de sus hermanos mayores, en casi todos los casos también menores de edad.

Además, la edad de las víctimas disminuyó. Pasaron de entre 25 a 45 años de edad, a entre 18 y 39 años. La pobreza es la característica más destacada: casi 4 de cada 10 sólo habían concluido los estudios básicos y la mayoría dedicadas a las actividades domésticas en su hogar.

A fines del año anterior, el Secretario de Desarrollo Social del nuevo gobierno encabezado por Javier Corral, Víctor Quintana Silveyra, reportó que Chihuahua ocupaba el segundo lugar en feminicidios, 714, hasta mediados de noviembre anterior.

Dió más cifras. Sostuvo que el 90% de las mujeres padecen violencia emocional, mientras que el 11.5 % de ellas dicen haber padecido violencia física en su relación de pareja. Además, nuestra entidad ocupa el segundo lugar nacional en denuncias por violación y 47 de cada 100 mujeres dicen haber vivido eventos violentos por parte de su pareja, cifra superior a la del promedio nacional.

Sin embargo, el monstruo de la violencia abatida sobre las mujeres de Chihuahua pareciera cebarse más en las más jóvenes pues la Comisión Interamericana, con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, asevera que el 90% de las mujeres víctimas de violencia son menores de edad, menores de 18 años y en situación de pobreza, “lo que dificulta aún más que sus familiares tengan acceso a la justicia, fomentando la impunidad por estos delitos”.

Citar tales cifras, que hablan de una pavorosa realidad y ocultan otra, la de la cotidianidad de cientos de miles de mujeres, debería llevar a los gobiernos a desarrollar políticas que incidieran de verdad en aspectos de la realidad de los chihuahuenses, uno de los cuales, y no es una novedad, es la del elevado número de niños y adolescentes que viven largos períodos diarios solos en los domicilios, sin más cuidado que el proporcionado por sus hermanos mayores, que en la casi totalidad de los casos tienen apenas unos cuantos años más que ellos.

Ahora comentamos lo relacionado con las violaciones y las agresiones pero las estadísticas abundan en el número de niños muertos o gravemente lesionados a causa de los incendios y accidentes ocurridos en ausencia de los padres, ya sea temporal o permanente.

¿Son culpables los padres, como de bote pronto algunos pudieran pensar?

Sirva de ejemplo el caso de las niñas agredidas por desconocidos. Uno de sus hermanos fue quien las descubrió, al llegar del trabajo en tanto sus padres, también, se encontraban laborando.

Tres miembros de la familia, por lo menos, para obtener lo necesario para la subsistencia, debían abandonar a sus niñas durante largas horas.

¿No habla lo anterior de la necesidad de cambiar los regímenes laborales y de incrementar sensiblemente los salarios, más allá de los ridículos aumentos al salario mínimo?

También, de lanzar una verdadera ofensiva gubernamental -y, por supuesto, social- a fin de detectar los casos de niños que son prácticamente confinados por sus padres, obligados a desempeñarse en jornadas laborales totalmente contrarias al desarrollo social.

Ante la presencia de un gobierno, declarativamente a favor de los que “menos tienen, menos saben y menos pueden”, tan proclive a la firma de acuerdos con empresas, organizaciones empresariales y sociales, además de organismos internacionales de todo tipo ¿No podría hacer que las empresas asentadas en territorio chihuahuense se dieran cuenta de las perniciosas consecuencias de lo aquí descrito y pusieran en marcha novedosas formas de contratación, además del sensible incremento de los niveles salariales?

¿Acaso no se dan cuenta (los empresarios) que en estos aspectos -y otros, ahora no mencionados- se encuentran parte de las causas de la extrema violencia existente en nuestra entidad?

No comprenderlo nos llevará a la constante repetición de los ciclos de la violencia en contra de las mujeres, como el del período más comúnmente conocido como el de Las Muertas de Juárez y luego el de Las Muertas de Chihuahua, contra el que se alzó el emblemático “Ni una más”.

Además, del que ahora es una salvaje realidad, el de la ola homicida en buena parte de Chihuahua.

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