Chihuahua, Chih.
Hasta el propio López Obrador lo reconoce: una de las características del Poder Legislativo de las entidades federativas es su aberrante sumisión política ante los gobernantes en turno; y no pocas veces, ante el gobernante electo. Tal y como acontece en Baja California.
En el caso de la ‘Ley Bonilla’, el presidente López Obrador expresó que la reforma aún no se publica, “y no se ha hecho porque dijeron que no la encontraban: esas son chicanadas… Hay un procedimiento legal, primero tiene que publicarse la ley que aprobó el Congreso… Y una vez que se publique será la Suprema Corte la que resolverá en definitiva”.
¿Porque no se ha publicado?. Al respecto, expresó: “se llegó al extremo de que unos diputados dijeron que no la publicaban porque no la encontraban… Aunque esté traspapelada la van a encontrar, y esto lo saben lo constitucionalistas, ¿qué pasa si no lo publican? No entra en vigor y no puede haber cinco años”.
López Obrador fue más allá: sugirió que “los partidos que promovieron la aprobación de la ‘Ley Bonilla’ deberían ser los que la impugnen una vez que sea publicada… Los mismos que aprobaron la ley pueden ahora retractarse, ofrecer una disculpa y decir ‘nos equivocamos y tan es así, que vamos a impugnarla’… Eso sería lo mejor”.
Por desgracia, en el ámbito federal y en el local, las ‘chicanas legislativas’ es algo cotidiano en la actividad parlamentaria. En la mayoría de las veces, es el Ejecutivo Estatal quien entorpece la función legislativa, al abstenerse de publicar -por conveniencia política o por simple capricho- los decretos legislativos; otras veces, son los propios legisladores quienes ‘chicanean’ los asuntos legislativos.
Bien puede ser, por abstenerse de aprobar la legislación que reglamente nuevos principios constitucionales; o bien, por presentar iniciativas de ley cuyo impacto en la sociedad chihuahuense es intrascendente o por ser extemporáneas y/o coyunturales. En nuestro Estado, la talacha legislativa está plagada de ‘chicanas legislativas’. Citemos los dos ejemplos más recientes:
1) En el caso del inminente nombramiento del abogado(a) que sustituya a ‘Lucha’ Castro, el Congreso ha sido omiso -de manera por demás irresponsable- de adecuar las leyes reglamentarias para incorporar el procedimiento por el cual se designe a los ‘consejeros externos’ de la Judicatura.
Recordemos que la reforma a la Constitución Local, mediante la cual se incorporó la institución del Consejo de la Judicatura del TSJ, fue publicada en abril del 2017; y en cuyos artículos transitorios se estable la obligación del Congreso local para “emitir las leyes y hacer las modificaciones necesarias del presente decreto a más tardar treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”.
Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de dos años, ni la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ni la del Poder Legislativo, han sido adecuadas para incrustar el procedimiento de los consejeros ‘externos de la Judicatura.
Tal omisión legislativa absoluta le concede al Gobernador la opción para designar -a su entero capricho- a estos funcionarios judiciales.
2) En días pasados, la diputada panista Blanca Gámez tuvo la lamentable ocurrencia de presentar una iniciativa de reforma a la Constitución Local, con el único propósito de reducir el número -de cinco a tres- de los consejeros del Ichitaip. Sin embargo, esta iniciativa es no solo oportunista, sino además, extemporánea con relación a los plazos legales para designar a los nuevos consejeros del Ichitaip.
Por lo pronto, las demandas de amparo ya están listas para ser presentadas en cuanto el gobernador haga la designación del ‘consejero ejecutivo’ y el Congreso apruebe la reforma constitucional. ¡Ya basta de nombramientos arbitrarios y de infamias políticas!
Mientras tanto, parodiando una frase de la canción ‘Huapango Torero’, citamos un cántico popular dirigido al inútil de Javier Corral: “Ay, toro, toro salvaje, ojalá te lleve el diablo…”.
