Chihuahua, Chih.

Por todos lados se aprecia la nueva etapa de “cordial armonía” entre la nueva dirigencia priista, encabezada por Omar Bazán y el gobierno de Javier Corral. Aparentemente, la reunión celebrada recientemente en Palacio entre ambos personajes ha sido fructífera en varios aspectos, no todos con las debidas dosis de sanidad pública.

La decisión de la nueva dirigencia del PRI, probablemente derivada de esos acuerdos tomados con el gobernador Javier Corral, de efectuar un enroque en el grupo parlamentario, al quitar de la coordinación a la diputada Karina Velázquez, para llevarla a la presidencia de la mesa directiva del Congreso, cosa a la que no podría acceder, si se mantuviera en la coordinación y convertir a la legisladora juarense, Isela Torres, en la nueva coordinadora, para que no pudiera ser la presidenta del Congreso porque, de acuerdo con distintos rumores filtrados a algunos medios de comunicación, la diputada Torres “no era bien vista en Palacio (de gobierno)”, será una de las consecuencias más lesivas a la salud pública de la sociedad chihuahuense.

Fue la Secretaria de la Función Pública -funcionaria con un papel relevante, respecto de sus antecesoras, en la actual administración estatal- Stefany Olmos, la que ha puesto el dedo en la llaga a la inescrupulosidad de la medida de impulsar a Velázquez a la presidencia del Poder Legislativo de Chihuahua.

¿Cómo podría hacerlo si la parralense -mujer cercana a César Duarte- tiene una causa penal en su contra por haber dirigido al PRI en la época en la que el gobierno de Chihuahua les descontaba cuotas a los funcionarios estatales, para entregárselos a la dirigencia priista encabezada por la inminente presidenta legislativa?

Presentada la demanda por la dependencia dirigida por Olmos, la PGR la ha aceptado y es probable la emisión de la solicitud de realizar un juicio político (de procedencia, es el término correcto) en su contra a fin de desaforarla y hacerla que enfrente el juicio sin la protección legislativa.

¿Cómo puede, el PRI, aún sin acuerdo con Corral, pretender tal nombramiento, si bastaba con designar a cualquier otra legisladora de su bancada? ¿O la pretensión verdadera, más allá de acuerdos y declaraciones, es la de proteger a quienes pudieran ser responsables de hechos delictuosos, cometidos en el gobierno de Duarte?

Y no bastan las argumentaciones del líder priista, quien arguyó que las credenciales legislativas de Velázquez eran suficientes para acreditarla como la nueva cara de la legalidad y legimitidad legislativa de Chihuahua, pues, dijo, que haber sido diputada federal, presidenta estatal del PRI y coordinadora del grupo parlamentario en la presente Legislatura es suficiente para que acceda a aquel puesto.

¿Entonces, las frases alrededor del “lastre” que significa Duarte para el PRI, son sólo eso, frases?