Chihuahua, Chih.
Con el pesar del fallecimiento del ‘Profe’ Antonio Becerra Gaytán, hombre entregado a las mejores causas de la izquierda mexicana, referente de ella sin ninguna duda. Su huella es de las muy trascendentes en su amada tierra, Chihuahua.
Así, sin mayores preámbulos, el morenaje, sobre todo el chihuahuense, ha resuelto que el ex fiscal y la gobernadora son culpables del mayor delito cometido por mexicano alguno: ¡Traidores a la patria!
No han hecho, pero ni de lejos, algo a favor de las acusaciones del gobierno norteamericano en contra de “Los 10 extraditables”, encabezados por el aún gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.
¿Están preocupados por la ‘soberanía’, o por la siguiente elección?
La presidenta ha clamado en quien sabe cuantas mañaneras ¡Pruebas, pruebas, pruebas! en la defensa de Rocha, al tiempo que desliza la probable ‘traición a la patria’ de la gobernadora Maru Campos.
Quienes han ido más allá son los impulsores del «Manifiesto del Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional», los que sostienen que los agentes de la CIA, actuaron «amparados en la protección que la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, les ha otorgado, violando varios preceptos de nuestra Constitución y la Ley de Seguridad Nacional»; y que, como «desde su lejana fundación, (los de la CIA) realizaban actividades encubiertas, (ahora efectúan acciones) destinadas a desestabilizar el (sic) gobierno, democrática y legítimamente constituido, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo».
¡¡Sí, así como lo lee, están acusando a Maru y a la CIA de pretender ‘desestabilizar’ al gobierno mexicano!!
Y en esa acusación, por puritita casualidad, destacan los nombres de las senadores Javier Corral, Juan Carlos Loera y Andrea Chávez pero no están, ni la presidenta Brighitte Granados, ni el presidente del Consejo Estatal, Hugo Gonzalez, ni el coordinador de los diputados, Cuauhtémoc Estrada; ni el secretario del Comité Estatal, Omar Holguín, ni Marco Adán Quezada, ni Miguel Riggs, ni Elena Rojo.
Es decir, solo los simpatizantes de la candidatura de Andrea y ninguno (puede haber alguno en esa lista) de los de Cruz Pérez Cuéllar.
Cosas veredes…
Ya en lo serio. ¿Hay fundamentos serios para fincarles el cargo de ‘traición a la patria’ a Jáuregui y a Maru?
A principios de la semana, Ernesto Villanueva, un jurista muy reconocido, quien hizo valiosas aportaciones a Chihuahua en la elaboración de la legislación en materia de transparencia, publicó su opinión sobre este tema:
«¿Hay elementos para fincarle responsabilidad personal (a Maru)? ¿O lo que el caso revela son fallas de coordinación entre dependencias federales que el debate acusatorio pretende desplazar al ámbito estatal?». (‘Caso Chihuahua, unas precisiones’, Ernesto Villanueva, Proceso, 4/5/26).
«Hoy, contra la gobernadora, no existe un solo oficio. Ni una instrucción documentada. Ni un testimonio reforzado. Ni un conjunto de indicios coherentes que apunten a su responsabilidad personal…».
«La gobernadora carece de las competencias federales que se le pretende imputar… ».
No tiene facultades en política exterior, control migratorio y la admisión de extranjeros, materias federales en exclusiva, así como en seguridad nacional. La cooperación con las agencias de inteligencia extranjeras están reservadas al Ejecutivo Federal y articulada «a través del Consejo de Seguridad Nacional, integrado únicamente por funcionarios federales». (Ibídem).
«No celebra acuerdos con agencias extranjeras. No coordina al Ejército».
Si los agentes ingresaron al país, fue por el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería. Si volaron, fue bajo control de la Guardia Nacional; si participaron en el operativo donde estaba el Ejército, «fue con conocimiento institucional de la Defensa Nacional». (Ibídem).
Luego, sostiene que la responsabilidad jurídica es estrictamente personal. No hay responsabilidad por el hecho ajeno.
Además, la traición a la patria —artículos 123 a 125 del Código Penal Federal— «exige conductas tipificadas con precisión: realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación con la finalidad de someterla a un poder extranjero, tomar parte en acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero, asistir activamente al enemigo en hostilidades».
¿Algo de eso —suponiendo que hubiesen ‘autorizado, permitido, consentido’— se encuadra en el desmantelamiento de un narcolaboratorio?
Peor aún, en el supuesto de que se les fincaran faltas administrativas graves a César y a Maru, tendrían que circunscribirse a faltas específicas: cohecho, peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, conflicto de interés, encubrimiento.
Tales acusaciones se caen ante las dimensiones de lo decomisado, que ya reportó oficialmente la FGR.
Se decomisaron «precursores químicos y químicos esenciales, en cantidades de más de 55 mil litros de sustancias líquidas y poco más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de dos mil litros de metanfetamina» (Boletín de prensa, FGR, 6/5/26).
Causa escozor la defensa a ultranza de Rocha, acusado de conspirar con el Cártel de Sinaloa para poner al servicio de este grupo criminal la administración a su cargo.
Y resulta que el narcolaboratorio era propiedad de ese mismo cártel.
El problema es la pérdida de soberanía del Estado mexicano, no frente a Trump, sino frente a los criminales, y cómo defenderla.
La única herramienta a la mano es hacer valer el derecho internacional y para ello se debe, también, escrupulosamente, actuar bajo ese marco.
Entre ellas se encuentra el Tratado de Extradición vigente con EU.
Ahí es en donde debe actuarse en el caso de ‘Los extraditables’, acusados bajo las reglas firmadas, aceptadas y utilizadas por México.
Podemos afirmar una y mil cosas de Trump, pero no se puede afirmar que el proceso en contra de Rocha esté por fuera de lo legalmente existente entre México y EU.
Se podría afirmar, en caso de persistir la negativa a entregarlos, que esa sería la puerta para que el gobierno norteamericano arrecie su agresividad hacia nuestro país y confirmaría que, como en el caso de ‘Los extraditables’ de Colombia en la década de los 90’s, no se trata de defender la soberanía, sino de la supervivencia de algunos en el gobierno.
Porque si hoy se llevan a éstos ¿Mañana, a quién?
Por eso, además de ser un enorme despropósito la pretensión de equiparar la acusación contra Rocha con la de la supuesta ‘traición a la patria’ de Maru, es una enorme equivocación.
Llamar a declarar a agentes estatales —y sólo los estatales, de ninguna manera, a los militares que participaron en el operativo— ¿Es para acusarlos de traición a la patria?
Y hay que repetirlo, los agentes estatales —y los de EU, si ahí iban— durmieron en el cuartel de Guachochi, bajo la jurisdicción de la Sedena. De ahí salieron al operativo los más de 60 soldados, al mando de un coronel y un mayor ¿Ningún militar informó a la ‘superioridad’ de todo ello?
Es un verdadero despropósito.
Todo, con tal de disminuir el impacto en la opinión pública y la descalificación a las dos acciones fundamentales o más destacadas de los últimos semanas, el desmantelamiento de ese narco laboratorio, que puede ser o no, el más grande descubierto hasta ahora, pero cuyas dimensiones son, además de colosales, escandalosas.
No le va bien a la 4T.
Pueden descalificar a las encuestas hasta ahora publicadas, pero reflejan, o se acercan a una inquietante realidad para los gobernantes.
En la encuesta de Massive Caller del 6 de mayo, ante la pregunta sobre el desmantelamiento del narcolaboratorio, el 74% respondió que merece reconocimiento y que no lo merece, el 25.
Sobre el desempeño de la gobernadora en el combate al crimen organizado: Bien o muy bien, 61; mal o muy mal, 26%.
¿El gobierno federal debe investigar a los narcotraficantes o la presunta intervención de agentes de la CIA? 79% a los narcotraficantes; a los agentes de EU, 20.
Más.
En una encuesta levantada en Sinaloa el 29 de abril por la misma empresa, en la que se preguntó si Rocha Moya debería renunciar a su puesto, 87% dijo que sí y el 12 no.
A la pregunta de si el gobierno de México debería extraditarlo 77% contestó sí y el 22 no; el 72 lo consideró culpable de los cargos hechos por EU y el 20 no.
A su vez, el periódico Reforma publicó los resultados de una encuesta efectuada el 5 de mayo.
En ella, el 50% dijo confiar más en la justicia de EU que en la mexicana, por el 33 que confía más en la mexicana y el 17 no supo.
Además, el 57% dijo que Rocha debía ser extraditado, por el 32 que dijo no. A la pregunta de si Rocha es inocente, el 62% dijo que no. Un bajo 14% sostiene que es inocente.
Vaya que tiene problemas la presidenta Sheinbaum.
Lanzar los obuses contra Maru no le redituará y si no extradita a Rocha, tampoco.
Ninguna le servirá para impedir el deterioro de su imagen, ni la de su gobierno.
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