Chihuahua, Chih.

Durante unos breves instantes parecía que la mesura, que la cordura, que las mejores cualidades de la política se instalaban en Palacio de Gobierno y que dos de los conflictos más ríspidos se solucionaban por la vía de atender los requerimientos de las partes agraviadas.

Por un momento, derivado de la negociación en Juárez, los maestros de la Sección 42 del SNTE estuvieron a punto de obtener un acuerdo con el gobierno pues éste les señalaba las fechas precisas en que les pagaría los adeudos con alrededor de 3 mil maestros, de diversos conceptos, pero en la negociación sostenida con la dirigencia seccional, no se comprometieron a tal pago y se rompieron las pláticas. Sigue el conflicto.

Cosa semejante ocurrió en el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), pero con una gravedad mayor. Es de verdadero escándalo.

Luego que desde el 15 de marzo el comisionado Alejandro de la Rocha, - impugnado por Rodolfo Leyva por ocupar la presidencia de manera ilegal, merced a la destitución efectuada un año atrás- presentara ante el juzgado segundo de distrito el desistimiento del recurso de revisión, en contra de la sentencia del amparo otorgado a Leyva, ayer, en un insólito acto, los cuatro comisionados decidieron presentarlo, a pesar de que están impedidos de hacerlo.

Es increíble el desconocimiento de las leyes y del marco legal, tanto de los comisionados, como del gobierno de Chihuahua, pues si ya hubo un desistimiento por el que en esos momentos tenía la titularidad del Ichitaip, es decir, que ya había aceptado aceptar la sentencia, no pueden ir, de nueva cuenta, con el juez y decirle que siempre no, que no aceptan la determinación judicial. Pueden incurrir en desacato a una resolución judicial.

Peor. En la sentencia, el juez, previniendo una situación como la ahora comentada, ordenó a los comisionados que, de aceptarla, no podrían repetir el acto reclamado por Leyva, por una razón, porque no tienen facultades para destituir al presidente del Ichitaip, cualquiera que éste sea.

De ese modo, los cuatro comisionados incurren en gravísimas violaciones legales y, lo que es peor, en una extrema subordinación ante el titular del Poder Ejecutivo, lejos de la distancia y autonomía a la que están obligados y que juraron cumplir.

El lunes anterior, día inhábil, los cuatro comisionados, encabezados por De la Rocha fueron sorprendidos a las afueras de Palacio de Gobierno, luego de sostener una reunión con el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui, según la versión de De la Rocha, para abordar asuntos de “la próxima sesión de la Coordinación Nacional de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual De La Rocha es presidente a nivel nacional”. (Nota de Tiempo.com.mx, 19/III/18).

Lo sorprendente es que a esa reunión no fue invitado el comisionado Leyva, lo que dio pie a éste para que afirmara que fue para discutir la estrategia a seguir.

Ahora sabemos que ocultaron la decisión tomada ¡El jueves de la semana anterior, día en que notificaron al juez federal del acatamiento a la sentencia!

¿Y entonces, qué ocurrió? ¿Acaso alguien se arrepintió de tal determinación, o la tomaron sin consultar a quien tiene la última palabra en un régimen presidencialista como el que tenemos los chihuahuenses, y no sólo ahora, sino que viene del pasado, como herencia maldita que no podemos quitárnos de encima?

¿Es que no habrá alguien en la cúpula gubernamental que aporte la mesura necesaria a fin de encauzar los conflictos por la vía de las mejores cualidades de la política?

Alguien que le plantee, no sólo al gobernador Corral, sino al total del equipo gobernante, que están llevando a la sociedad chihuahuense a una ruta de permanente conflicto.

Alguien que les sugiera que deben dejar a un lado la paranoia. Ni todos los actores políticos, ni todos los medios de comunicación, ni todos los periodistas buscan la confrontación; pero que también les haga ver que no todos sus actos son positivos, ni todos son errores, pero que sí son un gobierno que estará sujeto a una mayor vigilancia ciudadana, que será más cuestionado que sus antecesores.

Y todo eso porque prometió ser un gobierno de compromisos democráticos.

Está obligado a cumplirlos.

Hasta ahora no lo ha hecho.

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