Chihuahua, Chih.

Pareciera una exageración el título de esta colaboración.

Pueden ser culpables los detenidos, acusados de participar en la masacre en contra de la familia LeBaron, pero aún en este caso, las violaciones a los derechos humanos en contra de ellos se revertirán para las autoridades federales, cualquiera de los actos ilegales cometidos por los elementos que los detuvieron llevará a los tribunales federales a ordenar la liberación de los presuntos responsables.

No deja de sorprender que ante un caso tan emblemático, con tantas aristas atípicas y tantas repercusiones internacionales, los agentes ministeriales federales y elementos de las fuerzas armadas hayan cometido tal cúmulo de tropelías.

No puede ser.

Las violaciones a los derechos humanos incluyen: Detención sin orden de aprehensión, sin orden de cateo; incomunicación de varias horas, traslado ilegal, en contra de las normas constitucionales, de los detenidos a la Cd. de México y, además, acusaciones, en los medios de comunicación, falsas, que no se corresponden a las realmente hechas por el Ministerio Público.

Cualquiera de ellas pondrá en libertad a los detenidos, de acceder a cualquier juez federal que se atenga al marco de la ley.

Es increíble, pareciera un montaje semejante a lo ocurrido en la batalla de Culiacán, en la que no aparecen los jefes que ordenaron tal cúmulo de irregularidades.

Apenas habían transcurrido unas cuantas horas que el presidente López Obrador expresaba el domingo, en el Zócalo de la Cd. de México, que ahora existía un estado de Derecho en el país, cuando un grupo de elementos de la Fiscalía General de la República y de las fuerzas armadas detuvieron a los hermanos Héctor Mario Hernández Herrera, (a quien identificaron como “El Mayo”), y de Luis Manuel, sin que mediara, ni orden de aprehensión, ni de cateo.

Además, de acuerdo con los familiares, a los hermanos, los castrenses les “sembraron” drogas y cartuchos.

Contra todas las expectativas, los cargos formulados por el agente del Ministerio Público Federal no incluyeron el de homicidio, como dió a conocer la FGR en el curso de la mañana del domingo, en el que los acusaba de ser los presuntos responsables de la masacre del 4 de noviembre en contra de la Familia LeBaron. Fueron detenidos sólo bajo los cargos de posesión de drogas, cartuchos y armas.

La detención y la ausencia de información motivaron a que familiares y vecinos se movilizaran durante dos días consecutivos, en los que bloquearon la carretera Juárez-Agua Prieta.

Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México la madrugada del martes, luego de permanecer, durante varias horas, incomunicados.

Los familiares, ya bien informados, declararon que el Registro Nacional de Detenciones (RND), establece que las corporaciones policiacas y militares tienen que informar al Sistema Nacional de Seguridad, desde el primer minuto del arresto de una persona, para que sea localizable públicamente, lo que resultó una falsedad pues fueron detenidos el domingo entre 7 y 8 de la mañana, pero ninguna autoridad les brindó información y solo hasta después de la 1 de la madrugada del lunes se les informó de la detención de Héctor.

Peor aún, luego de su detención, a Héctor Hernández Herrera, conocido como ’El Mayo’, le encontraron mágicamente -como se hacía antes, como siempre- el de ser el “jefe de la plaza” del grupo criminal “La Línea”.

Pero resulta que la Fiscalía de Chihuahua no cuenta con antecedentes de esta persona, ni lo tenían ubicado como refiere la federal, lo cual no quiere decir, en ninguno de los casos, que se descarten cualquiera de las situaciones.

Y, como antes, los militares y el personal de la FGR presionaron al “Mayo” para que aceptara ser el líder de la organización delictiva “La Línea” en Janos, a cambio de que liberaran a su hermano de todo cargo. Todo lo anterior llevó a los familiares a presentar ante la FGR una denuncia por incomunicación y malos tratos.

No están fáciles las cosas para las corporaciones federales. Hay testimonios de testigos que vieron la mañana del domingo cuando los hermanos eran sacados de su casa, sin que los militares se llevaran vehículos u otros objetos, además de que existen evidencias -en la versión de los familiares- de que ambos estuvieron reunidos en Janos el día de los hechos en Bavispe.

El caso se convertirá en la primera prueba de fuego para la nueva presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, pues los parientes presentarán su queja ante ese organismo.

Pero no sólo para ella, para la 4T será una extraordinaria prueba.

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