Chihuahua, Chih.

La detención del que ahora denominan jefe del cartel de Caborca es el vívido retrato de un sistema político, que ha regido al país durante los últimos 70 años.

Ahora, la crisis de inseguridad, probablemente, es peor porque ya se eliminaron todas las instancias en el combate al crimen organizado, solamente nos quedan las fuerzas armadas, en contraposición al pasado reciente, en el que existían las policías federales.

Rafael Caro Quintero fue la síntesis de los narcotraficantes de la década de los ochentas; en su corte militaron toda suerte de empresarios, políticos, narcotraficantes, periodistas y la mayoría de quienes gozaron de los privilegios de ser parte de la élite gobernante y empresarial de Jalisco, pero no solamente.

En lo que fue su principal propiedad, o quizá por la que mayor renombre recibió, la del campo Búfalo, -ubicado en el sur de Chihuahua, en el municipio de Allende- por la dimensión del plantío (el número de trabajadores, el volumen de la producción, etc.) el modo de operación, por la impunidad, la colusión de funcionarios de los distintos niveles, la implicación hasta de agencias del gobierno norteamericano, se convirtió en el ejemplo emblemático del apretado entramado existente entre la élite gobernante y los jefes del narcotráfico en la década de los 80’s.

Ese modelo hizo crisis con la detención, desaparición, secuestro y posterior asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y que culminara con la peliculesca persecución y detención de Caro Quintero y su pareja sentimental entonces, la sobrina del ex gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, prominente integrante de la cúpula gobernante del México de ese entonces.

Pero la producción de marihuana en el desierto chihuahuense entró a los anales de los récords, por la cantidad de hectáreas en producción, por las toneladas de marihuana cultivada y la de hombres trabajando en condiciones de semi esclavitud, todo al amparo y vista de las autoridades estatales y federales y con la probable participación de hasta quienes fueron altos jefes militares del ejército mexicano.

Y, por lo que ahora se sabe, las operaciones de Caro Quintero en México formaron parte del entramado internacional organizado por el gobierno norteamericano, que implicaba el trasiego de armas a Irán, cuyos recursos se aplicaban al mercado de drogas en América del Norte y financiar con ello a los guerrilleros antigubernamentales de Nicaragua, que recientemente pasaba por el triunfo del Ejército Sandinista de Liberación Nacional (EZLN), alcanzada a través de una sangrienta y memorable guerra, en contra de los designios del gobierno norteamericano, entonces dirigido por Ronald Reagan.

Todo lo anterior a ciencia y paciencia de los órganos gubernamentales mexicanos, uno de cuyos integrantes, quizá el jefe de los organismos de inteligencia, de seguridad pública y encargado de la política interior del país (porque eso se usaba en el México de los 80’s, de cuando el PRI era el partido “casi único”, del régimen existente entonces, (y que no parece haberse ido) era el Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hoy Director de la CFE y puntal del gobierno de López Obrador.

La liberación de Caro, en 2013, y la inmediata exigencia de EU para reaprehenderlo, forman parte de los inexplicables hechos que acompañaron al jefe criminal que formó parte del “jet set” tapatío y cuyos regalos -los lujosos automóviles Ford Grand Marquis- fueron de escándalo.

Todo cambió y ahora su detención forma parte de la marejada de especulaciones acerca de las relaciones del poder en México con el narcotráfico, partiendo de un hecho, incontrovertible, el de que durante casi una década Caro Quintero evadió a los organismos policiacos y militares.

Pero, además, pasa por otro hecho igualmente controvertible y desesperanzador, el de que Caro Quintero está acusado de cometer delitos en nuestro país, pero son las autoridades judiciales norteamericanas las que reclaman sea aprehendido y juzgado en Estados Unidos ¿Por qué? ¿Acaso ya existe la extraterritorialidad de los delitos?

Es decir, que los delitos cometidos en México ¿Los castigan en el vecino país?

No puede ser.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)