Chihuahua, Chih.

Una frase, expresada en Piedras Negras por un migrante, retrata, no solamente la política migratoria del gobierno mexicano, sino la situación de extrema violencia prevaleciente en el país, cuyo extremo es la desatada por las bandas del crimen organizado.

Interrogado por una reportera acerca de las vicisitudes sufridas, dijo que nada como transitar por México, que ni siquiera el paso por la selva de Darién había sido tan peligroso, ni tan sufrido como viajar por nuestro país, en el que arrostraron extorsiones, amenazas, discriminación, golpes y mal trato de todas las policías; agentes de migración, soldados, taxistas, transportistas, vendedores de comida, choferes de Uber y demás plataformas digitales, etc.

Hay una noción generalizada de las razones de la migración, pero las cifras de las semanas recientes develan la profundidad de la crisis económica, social, de violencia, corrupción y de seguridad pública que asola a una buena parte de los países centro y sudamericanos y que se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria.

De tal catástrofe no nos escapamos. De la oleada de migrantes multinacionales que han abarrotado calles, vías, carreteras, trenes, aviones, terminales, albergues, cárceles, autobuses, etc., en el afán de llegar a los Estados Unidos, 4 de cada 10 son mexicanos.

«… Según los datos de la patrulla fronteriza, los mexicanos siguen siendo el grupo más numeroso representando entre el 30 y el 40% de esas detenciones». (Artículo de Jorge Santibáñez, «¿Y quién ve por los migrantes mexicanos?», Los Angeles Times, 4/5/23).

A aquellos fenómenos negativos se suman los excesos electorales de la ultraderecha estadounidense, encabezada por el ex presidente Donald Trump y sus contendientes internos del partido Republicano, quienes, para obtener simpatías electorales, se oponen salvajemente a la migración.

Entre ellos está militantemente el gobernador texano Gregg Abbot quien, para oponerse a la llegada masiva de migrantes ha ordenado severas restricciones al ingreso de los camiones de carga, con las serias consecuencias en el intercambio comercial, particularmente entre Juárez y El Paso, además de los contratiempos -acompañados de numerosas pérdidas- de diversas ramas de la economía, particularmente la manufacturera y la minera.

Ante la oleada migratoria y la ocupación total los albergues norteamericanos, en las ciudades fronterizas, la patrulla fronteriza, está liberando, por miles, a los migrantes detenidos en la frontera.

La decisión norteamericana -de liberar a los migrantes detenidos en las fronteras- pudiera tener otra explicación: La carencia de mano de obra en EU en los sectores de la economía demandantes de la de baja escolaridad, es decir, la más barata.

Al complicado panorama se le suma la aguda confrontación política sostenida entre Morena, especialmente su grupo parlamentario en el congreso local, y el gobierno de Maru Campos.

Morena acusó a la gobernadora de no hacer más para enfrentar las consecuencias del elevado número de migrantes, a lo que la gobernadora ha contestado reiteradamente que hace lo que le corresponde; darle trato humanitario a los migrantes.

Apenas habían transcurrido dos días de la reunión que de urgencia celebraron en Juárez los funcionarios de migración mexicanos, los de EU, y las autoridades locales, cuando ya la migración era el motivo de la reyerta entre los diputados morenistas y Maru, en el que ambas partes -quizá con mayor conocimiento los gobernantes estatales- dejaron de lado las ancestrales y extendidas causas de la actual oleada migrante, la que ahora ha adquirido una nueva cualidad: Ya no se trata de los migrantes que por necesidad económica-social abandonaban sus lugares de origen para encontrar empleo, con niveles salariales dignos.

Ahora, en mayor porcentaje que las oleadas precedentes, quienes transitan por nuestras tierras son refugiados, pues huyen del entorno extremadamente violento de sus países -que evidencia la increíble fuerza de las bandas criminales-, y lo hacen, en una buena parte de los casos, con todo y familia.

El encuentro binacional celebrado en Juárez, con la participación de los titulares de los organismos encargados de migración de México y EU, además de los gobernantes locales mexicanos arrojó sendos comunicados de los gobiernos federal y estatal.

El tono de la reunión refleja nítidamente lo realizado por los gobiernos de México y EU: Tratar de detener el flujo de migrantes y regresar a quienes ya se encuentran en nuestro país.

Pero en ningún momento se abordan las acciones de mediano y largo plazo que debieran acometer los gobiernos de la región.

A Chihuahua, dice el comunicado, le corresponde dar el trato humanitario a los migrantes «tal como se ha hecho, y participar en los operativos con el INM y la Secretaría de la Defensa Nacional», instancia a la que agradeció el apoyo, tanto en el tema migratorio, como en el de seguridad en general. (Comunicado de gobierno del estado, 22/9/23).

Y del comunicado del gobierno federal (124/23, 22/9/23) se obtienen las mismas conclusiones, puras generalidades, con la precisión de que «harán las gestiones con los gobiernos (de origen de los migrantes) para que los reciban» y como tema central de la reunión, a juzgar por el título del comunicado, fue el acuerdo alcanzado con Ferromex!!!: «Acuerdan INM y Ferromex acciones con 3 niveles de gobierno y CBP…».

Pero ahí se presentó la estadística del gobierno federal  sobre el flujo migratorio, que da cuenta de la magnitud del problema y, también, de la inmensa tragedia de la mayoría de los países centro y sudamericanos, incluido el nuestro.

«Del 1 de enero a septiembre de 2023, Agentes Federales de Migración han rescatado a 1 millón 469 mil 787 migrantes, de ese total, 788 mil 089 han sido retornados vía terrestre y aérea… tan solo en lo que va de septiembre, 189 mil personas migrantes han sido rescatadas; es decir, un promedio diario de 9 mil…». (Ibídem).

En esa orientación, la de «retornar a los migrantes», actúan todos los agrupamientos mexicanos: «… agentes de Seguridad Pública Municipal se sumaron a tareas migratorias con el Instituto Nacional de Migración (INM) en el bordo del río Bravo, aseguran que son para salvaguardar integridad de las personas en movilidad; organizaciones de sociedad civil advierten que son actividades de control migratorio para dispersar a migrantes del bordo del río Bravo». (Nota de Verónica Martínez, La Verdad, 26/9/23).

A lo que el alcalde Pérez Cuéllar respondió que era para ofrecerle seguridad a los migrantes y refugiados.

Pero a tales informaciones, como era de esperarse, por la fortaleza y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil, varias de ellas revelaron que en realidad se trataba de acciones de control migratorio, para lo cual no están facultadas las agrupaciones policíacas y militares, porque si fueran «realmente operativos de rescate y protección a la familia la participación en su caso las tendría que hacer del DIF, Dirección de Protección Civil o Desarrollo social y no la secretaría de seguridad pública, dijo Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción». (Ibídem).

Pero igual hacen los soldados del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y los agentes migratorios.

La parte norteamericana está actuando con mayor realismo. Es tanta la gente que ya decidieron, por lo menos hasta ahora, no impedir su ingreso a EU.

Punto aparte merece lo reflejado por las cifras anteriores y las proporcionadas días atrás por el gobierno norteamericano, el hecho de que EU extendió 472 mil permisos provisionales de trabajo a migrantes venezolanos.

Hay un acuerdo que retrata de cuerpo entero la política migratoria mexicana, de plena sumisión: «Que la CPB entregue al INM a las personas migrantes que hayan sido expulsadas de ese país por el Puente Internacional de Ciudad Juárez…». (Ibídem).

Tal decisión es contraria a las normas internacionales, a menos que el país que acepte recibir a esos migrantes se comprometa a hacerlo, pero el gobierno norteamericano no  debe enviar a los migrantes a México, debe enviarlos a sus países de origen, no a México.

México no ha firmado acuerdo alguno con EU para convertirse en «el tercer país seguro», esto es, que aceptaría recibir a refugiados rechazados por las autoridades norteamericanas hasta en tanto resuelve si les concede el asilo político o humanitario.

Para firmar un acuerdo de ese tipo, debe ser aprobado en la Cámara de Senadores, no puede sólo aprobarlo el presidente López Obrador.

El gobierno mexicano hace agua por todos lados en materia migratoria: Apenas hace una semana y a meses del incendio del albergue migratorio, en el que murieron cerca de tres decenas de migrantes, acordaron ¡¡«… ubicar y rentar un inmueble para suplir la Estación Migratoria de Ciudad Juárez».

En esa reunión, se dijo «el INM y la SSPM fortalecerán los operativos en el bordo, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya dio detalles de la coordinación con el instituto y la Secretaría de Defensa Nacional para realizar operativos en las rutas ferroviarias y los patios de Ferromex en la ciudad de Chihuahua».

Hay más.

La Comisión Mexicana de Auxilio a los Refugiados (Comar), en voz de su titular, Andrés Ramírez, advirtió que en este año se romperá el récord de solicitudes de refugiados pues prevé llegarán a las 150 mil «pero con 40 veces menos presupuesto, para atender a los solicitantes de asilo que el que se destinará para detener y deportar a los migrantes con menos presupuesto para 2024», pues la COMAR, para 2024, de aprobarse el presupuesto propuesto por el presidente López Obrador, «recibiría 50 millones de pesos, en tanto que el INM recibiría casi 1,900 millones de pesos». (Nota de (Nota de Manu Ureste, Animal Político, 20/9/23).

Y es que en tan solo ocho meses de 2023, las solicitudes de refugiados en México rebasaron las 100 mil.

A pesar de eso, la COMAR tendría un incremento de solo el 1% el próximo año, en términos reales, y un 1.8% en relación a 2022, pero, si se compara con 2020, «el presupuesto destinado a la atención de personas solicitantes de refugio tendrá un recorte en términos reales del 8.2%». (Ibídem).

Cuando aparecen los números del presupuesto, desaparecen los discursos humanitarios.

Por desgracia.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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