Chihuahua, Chih.

La política corruptora que caracterizó al gobierno de César ‘El vulgar ladrón’ Duarte, denunciada y satanizada por el actual gobernador, Javier ‘El Inútil’ Corral, lo que le ha permitido ‘justificar’ la insana venganza política en contra de su antecesor y sus excolaboradores. 

Al grado de hacer extensivos sus deseos de venganza en contra de los líderes de los grupos antagónicos de su propio partido político. Como antaño, las pugnas fratricidas entre panistas son cosas de todos los días. 

Circunstancia que se creía superada por la militancia panista. Lo que garantizaba en la presente contienda electoral mayores posibilidades de que sus candidatos obtuvieran el triunfo electoral; tal y como aconteció en el 2016.

Por desgracia, la sed de venganza de ‘El Inútil’ ha creado un ambiente hostil e intimidatorio entre los actores políticos de todos los partidos políticos; lo cual ha sido propiciado por la perversidad de los integrantes del Poder Judicial.

En efecto, la persecución política de los actores antagónicos al gobierno estatal se da con el abierto contubernio de los jueces de control, a través de denuncias penales; quienes al amparo de infames criterios de jurisprudencia, anulan, de manera reiterada, los principios del debido proceso y de presunción de inocencia.

En los tiempos del corralismo, basta con que el MP ejercite la acción penal, para que los jueces penales dicten orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables de la comisión de un delito; ello, sin darles la oportunidad de que, previamente, se les conceda la oportunidad de presentar pruebas de descargo ante la autoridad investigadora.

En otras palabras, en materia de justicia penal, hemos regresado a los tiempos de antaño en que la simple petición del MP era más que suficiente para que los jueces penales dictaran -con total discreción- órdenes de aprehensión en contra de los opositores políticos del gobernante en turno.

En este contexto, los juicios penales promovidos en contra de exfuncionarios duartistas han impactado negativamente en el ambiente electoral. De tal manera, que habremos de ser testigos de una despreciable coexistencia de litigios penales con la propaganda de las precampañas y campañas electorales.

Volviendo al tema de las pugnas fratricidas entre panistas, el linchamiento político y mediático en contra de ‘Maru’ Campos ha trascendido las fronteras nacionales. Nadie se explica la actitud de Javier Corral para desacreditar a la candidata natural del PAN y con más posibilidades de obtener la gubernatura del Estado.

El día de ayer, el flamante Senador Carlos Olson San Vicente declaró que “la presidenta municipal María Eugenia Campos miente en torno a las acusaciones que ha realizado en su contra, señalándolo de manipular el aparato judicial para hostigar a sus excolaboradores”.

El Senador fue enfático al afirmar que Maru “se dice víctima de una persecución política, cuando ella misma sabe que la violencia política no se puede esconder en la corrupción, los señalamientos de la ‘nómina secreta’ son muy graves, pero no solamente son de ella, sino que lo ha venido haciendo como algo personal”.

Al respecto, hace unos días, el Fiscal César Augusto Peniche dio a conocer a la opinión pública que son más de cien personas las que están involucradas, “entre empresarios y políticos”.

Entre los posibles candidatos a Gobernador, menciona que la actual alcaldesa de Chihuahua, así como el secretario del Ayuntamiento capitalino, son algunos de los tantos exservidores públicos que se beneficiaron del reparto de la ‘nómina secreta’ duartista.

Así como también, el posible precandidato de Morena, el Senador Cruz Pérez Cuéllar, de quien se dice que recibió apoyos para su candidatura a Gobernador en los comicios locales del 2016.

Yo me pregunto: ¿Javier Corral tendrá su propia ‘nómina secreta’? ¿Por qué no da a conocer a la opinión pública la lista de los beneficiados de estos actos de corrupción? ¿Ya iría con un psiquiatra?