Chihuahua, Chih.
“¿Por qué siguen postulando criminales en los partidos? ¿Por qué tenemos que elegir entre violadores, abusadores, ladrones o aliados del narco?”
Alma Delia Murillo
En el presente proceso electoral y como respuesta a la sólida presencia del movimiento feminista en el país, las denuncias por violencia sexual han alcanzado dimensiones insospechadas.
El silencio ha terminado por romperse y, por primera vez, se ha dejado de naturalizar cuestiones que en otro tiempo solo eran motivo de indignación para unas cuantas y broma de muchos, a no dejar pasar ni un solo agravio.
El caso de la campaña #UnVioladorNoSeráGobernador referente a Félix Salgado Macedonio, en repudio generalizado a su candidatura por el gobierno de Guerrero, que ahora autoridades electorales desean retirar por cuestiones de carácter técnico presupuestal y la agresión del candidato a la gobernatura de Zacatecas, David Monreal, a otra candidata en pleno acto de campaña, del que ella se deslindó y enfática mencionó que eso no había sido lo que a todas luces fue y que solo se estaba utilizando para “dañar al movimiento”, declaración similar a la que mujeres de Morena expresan para defender al exalcalde de Acapulco en todas partes, incluido Chihuahua, en aras de la formalidad, estableciendo vínculos de complicidad con violadores.
Sin embargo, todo ello tiene un motivo: los partidos son un espacio sumamente hostil para las mujeres que deciden reivindicar sus derechos político-electorales desde ahí.
La violencia sexual, el acoso, el hostigamiento, los señalamientos, la exclusión de las élites que toman las decisiones se encuadran dentro de la violencia política y su desafío implica insubordinación que eventualmente negará el acceso a candidaturas o a participar de los órganos de dirección del instituto político; todo, por no “disciplinarse”.
Lo anterior es una constante y en todas las rúbricas partidarias existe sin importar el color, quien diga que no, miente.
Empero, lo que mas extraña, ofende e indigna son aquellos partidos que por un lado dicen defender a “la familia”, que se dan golpes de pecho enarbolando discursos que supuestamente “dignifican a la mujer” y cuando se trata de forma concreta de realizar acciones para demostrarlo, solo ventilan las violencias de las que son capaces y la podredumbre que traen arrastrando.
Y eso sucede aquí en Chihuahua, en nuestra capital, no solo en un lugar lejano en el que por clasismo y racismo la “gente bien” se atreve a decir que en el sur “hay mucho machismo” cuando acá, en nuestras casas, los casos solo se esconden como el polvo debajo de la alfombra.
El incipiente partido Fuerza por México, que para medir su nivel de conservadurismo podemos poner en la mesa la pretendida postulación del obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva para ser diputado federal y que en Chihuahua tiene como dirigente a Antonio Franco, que se encuentra a toda marcha haciéndole campaña a la gobernatura a Alejandro Díaz para asegurarse su diputación plurinominal en el Congreso estatal, es presidente del partido cuando sin empacho y sin preocupación alguna es deudor alimentario por partida doble, de hijos resultado de dos relaciones anteriores de los que no se ha hecho cargo y deudor de una pensión compensatoria por reparación del daño a su exesposa por resultar responsable del delito de violencia de género.
Si Fuerza por México considerara a las mujeres ciudadanas, ni siquiera lo tendría como dirigente estatal.
Por otro lado, resalta que siendo la candidatura de Maru Campos Galván una que pondera valores de ultraderecha en los que pretende colocar a la familia como la más importante “institución de la sociedad” y, por ende, también lo es la de su ahijado político Marco Bonilla, se permitan hacer parte de la planilla de regidores a Daniel Avalos García, ex gerente técnico del Consejo de Urbanización Municipal, como consta en la página del mismo municipio a pesar de tener abierto el expediente 36602/2016 por abuso y hostigamiento sexual en la FEM, es decir, la denuncia no valió para que autoridades municipales consideraran que un agresor sexual fuera parte de la administración municipal, mucho menos para que se le ofertara un espacio a una candidatura por la que en todo caso no contiende por sí mismo, un obsequio, pues.
Y es que eso del respeto a la dignificación de las mujeres en la administración de Maru Campos fue pura llamarada de petate y para muestra un botón: César Komaba Quezada, subdirector de Gobernación del Ayuntamiento de Chihuahua, supuestamente fue cesado de su cargo por declaraciones misóginas el 17 de julio del año pasado; no solo se quedó en su cargo, lo hizo por según palabras de la ex alcaldesa, ahora candidata imputada en proceso penal: “a petición de los empresarios” (Salma Ortiz. 10/XI/2020. El Puntero).
Toda acción que en su momento se simuló, solo sirvió como lucimiento y lucro de una causa de la que es oportuno colgarse aun cuando no se tiene intención real de contribuirle, mucho menos, de reconocerla como justa y necesaria.
Por eso el atrevimiento, la falta de decoro y moral, como para postular para ser regidor a un hombre sujeto a proceso por delitos de género graves -porque este tipo de violencia no solo afecta a quien la padece de manera directa- cuando dentro de las competencias de sus eventuales funciones se encontraría incidir para generarle garantías de seguridad a las mujeres en el ámbito municipal, ¡que contrariedad! Un probable agresor a cargo de la seguridad de todas las demás.
Y no es que nos sintamos seguras o no, se trata de que el tema no le interesa ni les va a ocupar.
Pero ser sujetos a proceso, probables delincuentes, ya lo traen de grupo político.
De que nos extrañamos.
@MarieLouSalomé
