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Cambiar al transporte urbano

Cambiar al transporte urbano 7 de julio de 2016

Luis Javier Valero Flores

¿Cuál es la razón por la que la prestación de un servicio fundamental, como es el del transporte colectivo urbano, deba ser un negocio que ofrezca, a los prestadores, pingües ganancias?

¿Cuáles son las razones que nos llevan a que, para la eficiente prestación del servicio, se les deban otorgar, por parte del Estado, ingentes recursos, además del empleo de porciones importantes del presupuesto de los dos más grandes ayuntamientos y del gobierno estatal, en la ejecución de obras para que los empresarios del transporte puedan cumplir con la prestación del servicio?

¿Cómo explicar que, a pesar de todo lo anterior, el servicio de transporte urbano sea totalmente deficiente en Juárez y Chihuahua?

No puede haber atenuantes ni justificantes, la responsabilidad acerca del deficiente servicio es del gobierno estatal, es el ente moral encargado, constitucionalmente, de otorgarlo.

Lo ocurrido en la capital del estado, a lo largo de casi 3 años, es la vívida estampa de la incapacidad de los concesionarios y de la administración estatal; es, además, la muestra del cómo los intereses de los concesionarios prevalecieron por encima de los de la sociedad. Se intentó crear un sistema de transporte único, bajo una sola denominación, una sola empresa y la total coordinación de los prestadores del servicio.

Para ello, el gobierno estatal debió emplear alrededor de mil 300 millones de pesos en la construcción de la infraestructura de la única ruta troncal -de las 13 contenidas en el proyecto inicial- así como infinidad de recursos, entre los que se cuentan el aval para que los concesionarios recibieran un crédito de la ONU, a tasas preferenciales, así como para que diversas empresas privadas les otorgaran los insumos necesarios para la puesta en vigor del sistema, además del convencimiento a las autoridades universitarias para que les prestaran una parte de la superficie destinada al estacionamiento del nuevo estadio universitario, para que las unidades se resguardaran en la noche.

Han pasado casi tres años y aún no construyen las instalaciones necesarias para darles mantenimiento y reparar las unidades. Ese espacio sigue secuestrado porque los empresarios, dicen, no han contado con los recursos necesarios para hacerlo.

Cosa semejante ocurrió en Juárez -en cuanto a que el gobierno aportó millonarios recursos, entre ellos el préstamo de más de 40 unidades- para que los concesionarios contaran con un negocio potable ¿A cuenta de qué?

Sin embargo, fuera de la ruta troncal juarense, el resto de las unidades y las rutas prestan el mismo servicio de antes, deficiente y con unidades que rebasan los límites establecidos por la ley.

¿Porqué no crear una empresa estatal -si tantas se crean ahora para no endeudarnos sino “bursatilizarnos”- que se encargue de otorgar el servicio de transporte, como se hace en una buena cantidad de ciudades de todo el mundo, en las que el servicio de transporte urbano no forma parte de los negocios de los empresarios?

Hay una sola razón para proponer tal medida: Que la prestación de un servicio a la ciudad no debe tener como objetivo la obtención de utilidades.

La prestación de ese servicio pudiera ser costeable para una empresa estatal, que no tuviera fines de lucro, sino el de recuperación de los costos ¿Pero cómo proponerles a los concesionarios que desistan de la obtención de las pingües ganancias de antes y se transformen en una especie de madres Teresa de Calcuta y otorguen el servicio, sólo porque tienen una inmensa vocación de servicio a la comunidad?

Imposible, nunca aceptarán tal empresa.

Además, durante meses, el gobierno estatal ha empleado cantidades no menores a los 10 millones de pesos mensuales para sufragar parte de los gastos del transporte urbano en la capital; a los que debemos sumarles las cantidades erogadas con motivo de los paros efectuados por los choferes, en reclamo de la falta de pago -que debieran hacer los concesionarios- del Infonavit, del IMSS, de las horas extras y otras prestaciones.

La pregunta salta a la cara ¿Si ya les pagamos infinidad de rubros para que funcione el transporte urbano, porque debemos sumar a eso, por si fuera poco, las ganancias de los concesionarios?

Mejor ahorrémonoslas y hasta podríamos tener la posibilidad de contar con un mejor servicio, muy superior a la actual.

Luis Javier Valero Flores

Director General de Aserto. Columnista de El Diario