Chihuahua, Chih.

«En tremenda encrucijada se encuentra la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, al arribar a la 4ª semana en que su gobierno mantiene secuestrados los libros de texto gratuitos destinados a la educación básica de Chihuahua. Encrucijada porque sea cual sea el resultado, el escenario no pinta para nada bien ni para su imagen… »: Maestro Jesús Adolfo Trujillo Holguín

Casi 30 años atrás, en medio de la peor parte de la crisis de la cartera vencida a fines del siglo pasado, integrantes de El Barzón-Chihuahua anunciaron la celebración de una pelea de karate frente a Palacio de Gobierno, como una medida de presión para impedir la aprobación de una ley mediante la cual los bancos se apropiarían, casi automáticamente, de las propiedades embargadas de los deudores.

Sorpresivamente, en lugar de instalar el ring «hechizo» frente a Palacio, se introdujeron y en el patio central escenificaron la pelea entre la «Mujer Barzonista» y el verdugo «Fast Track».

Se prendieron las luces de alerta en los pasillos del poder y el líder del grupo mayoritario en el Congreso del Estado (el PRI), Etzel Maldonado les dijo a los manifestantes que los diputados de su partido no aprobarían la ley, para que «no vayan a poner en ridículo al presidente (Ernesto Zedillo)».

Unos días después, al llegar Zedillo a Chihuahua, saludó efusivamente al gobernador Francisco Barrio (PAN) -¡Quihubo, Pancho!, y enseguida se dirigió a Maldonado -¡¿Cuándo van a aprobar la (ley) Fast Track?!!-.

Situación semejante vive el gobierno de Maru Campos.

El viernes, un grupo de niños de primaria, encabezados por su maestro, Jesús Adolfo Trujillo Holguín, corearon «Queremos libros» en el patio central de Palacio, en lo que era, hasta esos momentos, una manifestación más de las acaecidas en las últimas semanas en las que maestros, académicos, padres de familia y estudiantes -y muy protagónicamente los legisladores y dirigentes de Morena- le han exigido al gobierno de Chihuahua la inmediata distribución de los libros de texto gratuitos (LTG).

La reacción de la secretaria de Educación, Sandra Gutiérrez Fierro, se sumó a la retahíla de errores cometidos por la administración estatal en este asunto pues emitió un comunicado en el que todo se circunscribió al anuncio de que sería «investigado» el maestro Trujillo, para ubicar las posibles sanciones que se le aplicarían por efectuar acciones fuera de su plantel y hasta para saber «además se indagará si se contaba con la autorización de los padres de familia de los estudiantes».

La reacción gubernamental fue catalogada por los maestros impulsores de la entrega de los LTG como «una acción de hostigamiento, intimidación y revanchismo en un contra del maestro» Trujillo Holguín, quien es reconocido como un destacado mentor.

La manifestación de los escolares se dio justamente cuando un nuevo escándalo se cernía sobre el grupo gobernante, el de la impresión de los cuadernillos ordenada por la secretaría de educación estatal, para sustituir provisionalmente los LTG.

Se imprimieron en una empresa privada, sin licitación de por medio y con el rumor -creciente, y según las fuentes consultadas, certero- de que la imprenta beneficiada es propiedad del secretario de Turismo, Edibray Gómez (quien, buscado por la prensa se negó a declarar cosa alguna) y con un costo, de acuerdo con la versión del diputado Benjamín Carrera, de Morena, de 37 millones de pesos, «no presupuestados».

Aún si fuera cierta esta especie, sólo le añadiría otros «negritos» al tema pues funcionarios de gobierno del estado, en primera instancia negaron la información, que luego fue confirmada por la mismísima secretaria de educación, quien adujo que no fue licitada debido a «la premura”.

«La secretaria de Educación y Deporte, Sandra Elena Gutiérrez Fierro, informó que no se llevó a cabo un proceso de licitación para escoger la empresa que estaría a cargo de la impresión de los cuadernillos de diagnóstico, así como del material didáctico para las escuelas. La funcionaria estatal manifestó que tampoco se tiene un monto de cuánto costó la impresión de los folletos… ». (Nota de El Pueblo, 20/9/23).

Peor aún, ante la propuesta morenista, en el Congreso del Estado, de que la secretaria Gutiérrez informara al Poder Legislativo, tanto del proceso, como del presupuesto aplicado a la elaboración de los cuadernillos, las fracciones del PAN y el PRI se opusieron, además de negarse a que tal propuesta fuera discutida.

¿Cómo, se niegan en el ámbito local a lo que exigen en el federal?

No, po’s así no.

La excepción a la licitación pudiera contenerse en el siguiente articulado de la Ley de Adquisiciones, pero incluso apelando a tal, no hay cabida a la irregularidad detectada:

«Art. 73

…

… XV. Que con motivo de caso fortuito, fuerza mayor o siniestro se vean afectadas las operaciones normales del ente público y no sea posible obtener mediante el procedimiento de licitación pública bienes o servicios en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate…

… Las contrataciones a que se refiere este artículo se realizarán preferentemente a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores..».

Lo mismo asienta el siguiente artículo y añade las precisiones en los montos:

«Artículo 74. Los entes públicos, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, cuando el importe de la operación no exceda los siguientes montos:

En adjudicaciones directas, el monto no podrá exceder la cantidad de treinta y seis veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por partida presupuestal, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (1 millón 363 mil 143 pesos).
En invitaciones a cuando menos tres proveedores, el monto no podrá exceder la cantidad de cincuenta y cuatro veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por partida presupuestal sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (2 millones 44 mil 710 pesos)».

Pero, además los procesos de adjudicación directa (como dicen que fue el caso) deben cursar un procedimiento especial, que incluye la incorporación en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado, bajo la tutela de la Secretaría de la Función Pública -Art. 76-, procesos que, todos, deben ser, necesariamente, públicos en este caso pues no afectaba ningún aspecto de la seguridad pública o cosa parecida.

Es uno más de la cadena de errores pues, con meses de anticipación, seguramente la gobernadora no, o por lo menos no lo tenía en el radar, pero su secretaria de educación estaba -está- obligada a prever lo que podría ocurrir, ante la llegada de los nuevos LTG y los recursos jurídicos que presentarían, con las previsibles secuelas, ante las cuales el gobierno estatal debería tomar medidas, en previsión de cualquiera de los escenarios, tanto en el caso de que fuera admitido su recurso, como en el caso de ser rechazado.

Y esas medidas debieron tomarse muchos meses atrás, pues el recurso, ahora nos dice la secretaria Gutiérrez, que se interpuso, tanto a los LTG, como a los planes y programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Tal cúmulo de errores han llevado -coincidente con lo planteado por el maestro Trujillo- al gobierno de Maru Campos a una encrucijada, en la cual si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve a favor de que se entreguen los libros de texto gratuitos, «habrá triunfado la justicia y se hará evidente una posición ególatra que se aprovechó de un tema de coyuntural para sacar ventaja política» (Del muro de Facebook de Adolfo Trujillo).

En caso contrario, como lo afirman los impulsores de la entrega de los LTG, si la Corte resolviera en contra de la entrega de los libros de texto gratuitos, dicen, se llevaría a los niños a «un retroceso educativo que, sumado a las consecuencias de la pandemia, nos colocarán en una posición de rezago educativo acentuado en las zonas y sectores de mayor vulnerabilidad, donde no será posible compensar con otros materiales educativos, ni con los cuadernillos elaborados por gobierno del estado. Qué decir del malestar social que esto desencadenará…». (Ibídem).

No se puede dejar de lado, en este tema, que, contra todo lo expresado por la clase política local, siempre debió mantenerse en la órbita de lo estrictamente educativo, que Trujillo, tal y como lo sostienen muchos maestros «de banquillo», es que los cuadernillos del gobierno estatal tienen «una secuencia didáctica, no se sabe en cuál Plan de Estudios se basaron, desaparecen las matemáticas, la geografía, la historia, las ciencias naturales…». (Ibídem).

Y asientan que « si bien, los nuevos libros de texto gratuito cuentan con una serie de errores que han sido detectados, es mejor trabajar con ese material, que no tener nada para el desarrollo de las clases», y que en ambos casos, asienta, será el  «profesionalismo de maestras y maestros lo que les dará la riqueza para su trabajo con el alumnado». (Ibídem).

Esta eventualidad -y necesidad- no fue contemplada por los responsables de la educación en Chihuahua.

Lo que ahora vemos -y sufrimos- son las consecuencias de la absoluta falta de previsión gubernamental, a lo que se suma un más que preocupante cariz del asunto: El de la opacidad en la impresión de los cuadernillos, que denota la posible comisión de una grave irregularidad en la adjudicación de su impresión, con consecuencias de carácter penal para varios de los funcionarios involucrados en el proceso.

Y no basta, ni justifica alegar que en el gobierno federal se hace lo mismo -o muy parecido pues, más del 82% de las compras y adquisiciones en el ámbito federal, se efectúan por la vía de la adjudicación directa, igualito que aquí en los cuadernillos- ya que, a la vista de los hechos, se presume la violación de varios ordenamientos de la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado.

¡Vaya encrucijada!

Le puede costar bastante en la materia (y única) que tanto preocupa a la clase política, la electoral; en las dos vertientes  mayoritarias que se presenta al día de hoy.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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