Justamente cuando el tema de la preparación académica de la clase política ocupaba la atención de la sociedad mexicana, un hecho relacionado, acaecido apenas unos cuantos días antes del reportaje de Carmen Aristegui sobre el inaceptable plagio de Enrique Peña Nieto, en la elaboración de su tesis profesional, podría ilustrar contundentemente el modo en que la absoluta mayoría de los integrantes de la clase política mexicana asumen su papel en el ejercicio de la función pública.

Visto en otros ámbitos, sin duda alguna, merecería los más encendidos elogios, pero, analizado en su contexto real, concita vivo rechazo.

La semana anterior, “la senadora Lilia Merodio publicó en su cuenta de Facebook un video sobre su toma de protesta luego de haber terminado la maestría en Derecho. Fue acompañado del texto: ¡Lo logré!”. (Nota de www.laopción.com, 17/VIII/16).

Sin el necesario espíritu crítico ciudadano, este hecho debería recibir elogios de todos lados ¿Por qué no?

¿Tienen la culpa los legisladores de esta situación, de estas condiciones que les permiten desempeñar un cargo público de la mayor importancia y responsabilidad y al mismo tiempo estudiar una maestría?

Probablemente, de manera directa, no, sí de manera indirecta porque finalmente son los encargados de modificar y adecuar el marco legal y, además, porque se benefician directamente del inmenso mundo de privilegios en que viven los políticos mexicanos.

La senadora Merodio, indudablemente, ha sido una de las más activas legisladoras, participa en varias comisiones legislativas de la Cámara de Senadores, acude con cierta frecuencia a distintas regiones de Chihuahua y se ha dado tiempo, incluso, para aspirar a la candidatura de su partido, el PRI, al gobierno de Chihuahua. Además, le ha sobrado tiempo para avanzar en sus estudios, dice que robándole tiempo al descanso y a la familia. Puede ser.

El problema radica en el esquema de la función pública en México. Si a los legisladores, de cualquier partido, se les asignan tareas partidarias y/o electorales todo mundo lo acepta de la manera más natural del mundo; no nos ponemos a pensar que, para realizarlas, cuenta con los emolumentos que recibe por su cargo público, porque el legislador ya no le pertenece por entero a su partido, que ya es representante de la parte de la sociedad a la que le solicitó su representación y que, por tanto, el total de su tiempo debería ser propiedad de sus representados.

Pero resulta que las cargas de trabajo de la inmensa mayoría de los legisladores son infinitamente menores y que solamente un pequeñísimo grupo de ellos desempeñan trabajos de tiempo completo, de ahí que en el ámbito local los diputados, apenas están terminando las sesiones de los jueves -porque sólo sesionan dos veces a la semana- y ya están saliendo, urgentemente, a sus lugares de origen o al cumplimiento de algún compromiso “ineludible y extraordinariamente urgente” (¿Qué compromisos pueden tener a las 2-3 de la tarde, en jueves, que no sean compromisos “políticos”, en medio de urgencias gastronómicas?).

¿Cuáles son las cargas de trabajo, reales, de los legisladores? Salvo la obligatoriedad de asistir a dos sesiones semanales, en período de sesiones, y la obligación hipotética de asistir a las reuniones de las comisiones a las que pertenecen, muy pocas, el ejemplo de la senadora Merodio lo ilustra, pero ni es el único, ni es una rareza, al contrario.

Y por esas cargas de trabajo la sociedad mexicana paga inmensas fortunas, que en el ámbito local lleva a que los diputados de Chihuahua devenguen un salario (calculado por LJVF) de alrededor de 2 mil pesos por hora, en clara contradicción del devengado por el 65% de los chihuahuenses, que ronda los niveles de los ¡20 pesos por hora!

¿Y si tienen poco trabajo y ganan mucho dinero, porqué no convertir estos cargos en empleos de solamente 2-3 meses al año; que les paguemos por esos servicios como si fueran profesionistas, o como a los catedráticos universitarios de tiempo completo; con una mayor profesionalización de los cuerpos de asesores del Congreso del Estado, y que en esos meses efectúen las tareas que deban realizarse en la función legislativa, al cabo que el marco legal existente no requiere de tantas y tantas modificaciones, como las que se proponen inagotablemente debido al ocio de nuestros legisladores?

Algo debemos cambiar en esta materia. Por ahí podríamos empezar el camino del desmantelamiento del sistema de privilegios de la casta política.

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