Chihuahua, Chih.

El poder judicial se ha convertido en el principal escaparate del gobierno del “nuevo amanecer” de Chihuahua.

Es un verdadero batidero.

La denuncia presentada por el integrante del Consejero de la Judicatura del Poder Judicial, Joaquín Sotelo Mesta, en “contra de quien resulte responsable”, por la comisión de varios delitos en el proceso de selección de 54 jueces, es de tal envergadura que echa por tierra cualquier discurso del titular del gobernador Javier Corral acerca del respeto por la división de poderes y, sobre todo, a la independencia del Poder Judicial.

La confrontación se da en lo más alto del equipo gobernante. Es ilustrativa de la aguda degradación institucional.

Al saberse de la denuncia de Sotelo, de inmediato se dió la información que, a su vez, éste contaba con una denuncia por hostigamiento laboral y/o sexual, intercedido por una supuesta empleada del Poder Judicial.

No es cualquier cosa la denuncia de Sotelo Mesta. Argumenta que se hizo una manipulación de los resultados de los exámenes teóricos realizados a los candidatos para elegir a 56 jueces y 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Si esto resulta cierto, se pondría en entredicho la capacidad de quienes ocupan esos cargos, no porque no la tengan, sino porque no quedaría demostrada y que, por tanto, la determinación de su designación fue tomada por quienes, supuestamente, manipularon, no el proceso de selección en su conjunto, sino el manejo de los resultados, lo que vulnera la solvencia moral del TSJ.

Si bien, Sotelo no denuncia en concreto a persona alguna, sé dejó en claro en quien puede recaer tal responsabilidad: “Los resultados de los exámenes para candidatos a magistrados los tiene resguardados ella (Luz Estela Castro, integrante de la Judicatura, pero responsable de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura), sin acta de fe de hechos”, dijo.

Ambos consejeros, Sotelo y Castro, contaron con el beneplácito del gobernador Corral para acceder al organismo cúpula del Poder Judicial de Chihuahua.

Son de los cercanos a quien detenta el poder asentado en Palacio desde octubre del 2016 y denota la profundidad de las contradicciones al interior del grupo gobernante.

Más aún, devela con toda crudeza la debilidad institucional del actual gobierno que, declarando su rechazo a las antiguas formas del ejercicio gubernamental, alegremente se dio a la tarea, no solo de replicarlas, sino de superarlas atropellando hasta las normas constitucionales, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios casos que demostraron la grosera intromisión del titular del Poder Ejecutivo en el Judicial, además de declarar inconstitucionales varios preceptos legales aprobados por el Congreso e impulsados por el gobernador Corral.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (que recibe, así, su primera prueba de fuego, en la que deberá demostrar su verdadera imparcialidad e independencia frente al gobernador Corral) Sotelo afirma que solicitó la información a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que éstas le informaron que no cuentan con los resultados de dichos exámenes y logró indagar que “Luz Estela Castro tiene el resguardo de los resultados para elegir magistrados, y no la UACJ”.

A su vez, “La UACH, a través del Departamento de Tecnologías, le explicó (a Sotelo Mesta) que ellos sí cuentan con un programa auditable y que en cualquier momento se pueden solicitar los resultados de los exámenes que aplican, pero no fueron ellos quienes lo aplicaron, sino personal de la UACJ quienes se llevaron los resultados, y que únicamente la UACH colaboró con el espacio físico y la red de cómputo utilizada”. (Nota de Saúl García Meza, El Heraldo de Chihuahua, 29/III/19).

Sotelo afirmó tener evidencias de la manipulación en los resultados para elegir a los magistrados, “por conclusión también puede haber manipulación en los resultados del examen para elegir a los jueces”.

Ante la reiterada negativa a entregarle las actas notariales elaboradas con motivo de la aplicación del examen general de conocimientos, Sotelo resolvió denunciar ante su firme creencia de que se hubiesen manipulado los resultados, esto es, que los dados a conocer no sean los obtenidos en los exámenes, con lo que se habrán cometido diversos delitos y, además, algunos de ellos en contra de la procuración de justicia.

Tan los tomó por sorpresa -por lo menos, que se hiciera pública, o que sí la efectuara pues se dice que de su existencia sí tenía conocimiento el gobernador- que las respuestas del Presidente del TSJ, Héctor Pablo González, sí que sorprenden pues en un caso tan espinoso lo correcto es que se mantuviese apartado pues involucra a los organismos por él presididos y que son, por pura coincidencia, los encargados de aplicar la justicia, incluido este caso.

Y es que, al sostener que “no se puede sancionar a base de sospechas”, término sostenido por Sotelo y que habrá de dirimir, en primer término la fiscalía anticorrupción, y luego, en caso de proceder la acusación, a un juez que, por definición no mantiene subordinación alguna respecto del magistrado Presidente González, en el ejercicio de sus funciones, pero que al momento de evaluar -o calificar- la denuncia y/o declaraciones de Joaquín Sotelo Mesta, González incurre en falta: “Exigimos seriedad, en la medida que se denuncie se castigará, no vamos a solapar ninguna acción de corrupción, seguiremos en el combate a la corrupción”, afirmaría el magistrado Pablo Héctor González. (Nota de Saúl García Meza, El Heraldo de Chihuahua, 29/III/19).

Y fue más lejos, sostuvo que “siempre se tuvo acceso a todas las actas de fe de hechos, ‘una cosa es que él (Sotelo) no las haya visto…” y lo criticó por presentar la denuncia “cuando es un proceso ya finalizado y que quedó en firme tras impugnaciones ante la justicia federal”. (Ibídem).

Pero las impugnaciones presentadas no se hicieron con base en lo que hoy denuncia Sotelo, aquellas impugnaron el proceso, pero la denuncia va a otro aspecto del mismo que, de confirmarse se constituiría en el peor baldón moral del gobierno de Javier Corral, que se presenta justamente cuando las fuerzas políticas se aprestan a asumir posiciones y los aspirantes al gobierno de Chihuahua para el 2021 están a todo tren, en una de las etapas más importantes de sus aspiraciones, la de sumar fuerzas a su pretensión, sin que por ello se adviertan mayores manifestaciones.

No deberá descartarse que tal fenómeno sea la explicación, no de los hechos denunciados, sino de la denuncia misma, motivada por la inocultable injerencia de la Consejera Castro en la toma de decisiones, de todo tipo, que efectúa a ciencia y paciencia del gobernador Corral.

Puede ser que no sea injerencia la de Castro, sino que sea la operadora del mandatario, lo que denotaría, en cualquiera de los dos casos, la existencia de la confrontación al interior del gobierno, de dos corrientes, la identificada plenamente con el PAN, y la de los amigos “externos” de Javier Corral, jefaturados por Lucha Castro y Víctor Quintana, en la que la hegemonía le corresponde a la ex dirigente barzonista, ante la cual se alza uno de los más graves problemas -en la persona de Joaquín Sotelo Mesta- que hayan afrontado.

Y ante una serie de pronunciamientos políticos, que han fortalecido la posible candidatura del presidente municipal juarense, Armando Cabada, (tema del próximo domingo) hasta el gobernador Corral se atrevió a lanzar el pial de que la mayor parte de los recursos ahorrados con la reestructuración de la deuda, “irían a Juárez”, ciudad en la que el panismo no deja de ser la tercera o cuarta fuerza política.

¡Ah, miedo!

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