Chihuahua, Chih.

Muchos años atrás, el Congreso del Estado (de mayoría priista) aprobaba la reforma electoral que, entre otras cosas, limitaba a no más del 70% de candidaturas de un mismo género y abrió a la ciudadanía el derecho a registrarse por su cuenta para acceder a los cargos de consejeros del Instituto Estatal Electoral y que, por tanto, se le quitó esa facultad al gobernante, el panista Francisco Barrio, quien se había opuesto, con todo, a esa reforma.

Vencido, escribió al calce en el documento, por medio del cual ordenó la publicación (obligado) en el periódico oficial la reforma lo siguiente: «Bajo protesta».

Y la firmó.

Conducta semejante -aunque, quizá, más lesiva- adoptó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la orden del INE para que cesara en sus diatribas en contra de la oposición, las que pueden ser «justas» desde su óptica -y desde la de millones de mexicanos- pero las que está obligado a no emitir y acatar el ordenamiento.

El INE le ordenó publicar un texto, que no es más que el texto de las restricciones a las que están obligados los funcionarios públicos en período electoral.

Ante la restricción ordenada por el organismo, el presidente, en un arranque semejante al de Barrio, le agregó una postdata:

«Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes», que es claramente injerencista en materia electoral.

El presidente no es un ciudadano más es un funcionario público y, como tal, tiene acotados algunos de sus derechos, especialmente los de corte electoral.

Bien que lo sabe, pues sus frases de la campaña presidencial del 2006 (-¡Cállate, chachalaca!-, dirigidas al entonces presidente Vicente Fox, tenían como sustento y objetivo el que no interfiriera en el proceso electoral) dieron origen a la reforma electoral del 2007-2008 que acotaron aún más -y sancionaban- a los funcionarios públicos si interferían en los procesos electorales.

Además, el INE le recordó al presidente que su conducta debe ajustarse «a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad».

¿Lo hará?

¿O seguirá el camino de los presidentes del viejo régimen, del viejo partido de estado del siglo pasado?

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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