Chihuahua, Chih.

¿Cuáles fueron las razones para que el gobernador Corral decidiera ir hasta las últimas consecuencias en el caso de Maru Campos? 

Y lo hizo en contra de la opinión de un buen número de sus compañeros de partido; de los que lo acompañaron durante una buena parte de su carrera y de quienes fueron considerados -por él y por muchos panistas- como sus gurús (Francisco Barrio y Guillermo Luján, entre otros).

Corral insistió hasta llevar a su partido y sus candidatos al borde de una derrota, que le quitaría continuidad a su gobierno, y al del PAN, lo que le podría acarrear, además, una lógica disminución de sus posibilidades de alzarse como el candidato presidencial del PAN en 2024.

Nadie podrá poner en duda que la vinculación a proceso de la candidata panista al gobierno de Chihuahua tuvo -tiene- un elevado tufo de impulso político, más allá de la existencia, o no, de la comisión de delitos que se le imputan a Maru Campos. 

Que la terquedad de Javier Corral es la que la llevó a esa condición, hasta el grado de que, con mediciones en la mano, deberá dilucidar si mantiene o no su candidatura.

No es una especulación. Cualquier equipo electoral, ante circunstancia tan problemática, evalúa todos los escenarios. El problema, para el PAN, es que si decidiera cambiar de candidato ¿A quien postularían?

Javier Corral tuvo dos objetivos jurídico-políticos en su administración: Poner tras las rejas al ex gobernador César Duarte y a la alcaldesa chihuahuense con licencia.

Las razones son diáfanas en el caso de Duarte.

Pero ¿En el caso de Maru? ¿Porqué? ¿Acaso porque no se plegó a sus deseos de ungir como candidato a Gustavo Madero? ¿De veras soliviantó su ánimo justiciero, combatiente de la corrupción duartista, que se vio impedido de aceptar que la posible candidata de su partido fuera Maru, a la que señaló tempranamente como ligada al ex gobernador?

¿O vio en este caso la posibilidad de presumir posteriormente, cuando ya se encuentre enrumbado a la candidatura presidencial, la imagen política de ser el abanderado de la lucha anticorrupción, y que lo hizo, no solamente en contra del ex gobernante priista, sino de la panista alcaldesa, candidata de su partido?

No hay ninguna duda que el manejo de los tiempos de la denuncia obedecieron a los tiempos de Corral. 

No podía presentarla entre la toma de posesión y el inicio de la campaña del 2018, (Octubre del 2016-octubre del 2017). En el aire estaba la muy importante elección de los diputados locales en 2018, en la cual Corral quería tener mayoría en el Congreso del Estado y los votos y la participación electoral de Campos era esencial para su causa.

Así fue. Los candidatos panistas de la capital, todos designados al gusto de Corral, arrasaron y con ello lograron que el grupo parlamentario del PAN alcanzara a ser la primera minoría en el Poder Legislativo.

Pero, después de la elección del 2018, y sabiendo que tendría poco menos de dos años (políticamente medidos los tiempos, de noviembre de 2018, a septiembre del 2020) para emplazarla a juicio ¿Porqué no lo hizo?

¿Creyó que podía ganarle la elección del candidato a gobernador?

Los tiempos se le echaron encima al gobernador Corral. 

No podrá esgrimir que actuó con estricto apego a la ley. Por sus declaraciones, y por las hechas en la audiencia de Maru Campos, Corral tenía pleno conocimiento de los supuestos hechos achacados a Campos, César Jáuregui y otros, desde los lejanos tiempos de cuando era gobernador electo en la segunda mitad del 2016.

La fuerza de Corral no le alcanzó para lo principal que intentaba: Que la candidata -y los otros acusados- fueran privados de la libertad, lo que, entonces sí, le impediría a Maru Campos ser la candidata del PAN pues, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),  “… la suspensión de los derechos político-electorales a los que alude la Fracción II del artículo 38 Constitucional, sólo procede cuando se le prive de la libertad”. Tesis jurisprudencial 39/2013, TEPJF.

(https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=39/2013&tpoBusqueda=S&sWord=39/2013).

Tema debatido abundantemente en las redes sociales, el TEPJF lo resolvió, haciendo valer el derecho a la presunción de inocencia, “… aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales; pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos”. (Ibídem).

Y otra vez el componente político se hizo presente ¿Porqué en este caso, a diferencia de los muchos anteriores de los expedientes X, en este el juez no decretó la prisión preventiva, partiendo del hecho de que, prácticamente en ninguno había lugar a decretar la prisión?

¡Ah, pues porque ya estamos en la parte final de la gestión corralista y su fuerza disminuye con los días. Los jueces actúan con ese reloj político, por lo menos así han actuado la mayor parte de ellos en los expedientes X!

Así, el juez de la causa “quedó bien”, a medias, entre ambas partes. 

Sí decretó la vinculación a proceso (Corral satisfecho), pero no la prisión preventiva (Con lo que se preserva el derecho a ser candidata).

Ahora bien. Hay un hecho realmente existente: A ojos de muchos (especialmente los opositores a Maru Campos) ésta es culpable de haber recibido el dinero de Duarte.

A esa conclusión llegaron, dada la existencia de las copias de los recibos supuestamente firmados por Campos y que supuestamente certificó el notario Luis Raúl Flores Sáenz y que éste tanto desmiente.

Pero el problema es que aún no se discute sobre la autenticidad de las firmas de Campos, asentada en los recibos originales, asunto que, sin duda, será una de los principales temas de cuando se abra el juicio.

Para entonces, seis meses más tarde -el juez otorgó ese plazo para hacer las investigaciones- y a pocos días de que el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal haya tomado posesión, nuevamente el factor político incidirá en este caso. 

Poco importará, para entonces, si Maru Campos es inocente o culpable pues el fallo, a no dudarlo, desgraciadamente, será afectado por la política.

De todos modos, sigue en pie la pregunta:

¿Porqué no han mostrado los recibos originales firmados por Maru Campos?

Lo sucedido en los últimos días afectará seriamente la elección.

Lo relatado por los protagonistas de este caso, y de los otros beneficiarios de la nómina secreta, demostró la podredumbre de la clase política local, ahora confirmada por el increíble tráfico de candidatos que van de un partido a otro.

La vinculación a proceso de Maru Campos es un innegable golpe a sus aspiraciones políticas; aún es pronto para medir las consecuencias, pero sin duda que le costará la pérdida de algunos puntos en las preferencias electorales. Pueden poner pareja la contienda frente al candidato de Morena, Juan Carlos Loera.

Este factor, y el de la postulación de Marco Adán Quezada a la alcaldía capitalina pueden incidir en la baja de las preferencias por los candidatos del PAN en el municipio de Chihuahua.

Esto es central en la disputa por la gubernatura. Los panistas están obligados obtener una más que holgada ventaja en la capital para compensar los números en desventaja que mantienen en Juárez, en donde, ante la postulación de Cruz Pérez Cuéllar a la alcaldía, las preferencias por Morena crecieron.

Otro factor incidirá en el resultado electoral: La vacunación anti COVID 19, que ya juega en sentido favorable a los intereses de los morenistas.

¿Cuánto incidirán todos estos factores? 

Esperemos, ya llegarán las encuestas, pero también habrá tiempo para sopesar las distintas variables del ánimo ciudadano, entre ellos uno muy importante, el de la participación ciudadana y atisbar si los acontecimientos de la nómina secreta influirían en una disminución de la participación electoral.

Hay un aspecto que no se podrá dejar de lado. Morena creó el Comité de Salud Pública y la Democracia para urgir al juez, primero, a celebrar la audiencia de vinculación en el Maru-proceso y luego, a que se le vinculara a la alcaldesa. Ahora presiona porque Maru Campos deje la candidatura.

El problema es que, también desde ahí se practica la simulación. El Comité está integrado casi exclusivamente por candidatos de Morena, y sus objetivos, por lo menos hasta ahora, son solamente los vinculados al PAN, ninguno incluye a los candidatos de Morena que podrían estar incluidos en la nómina secreta y, por supuesto, no incluye a ningún funcionario de Javier Corral.

¿Coincidencia?

Así inician las campañas a gobernador.

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF