Chihuahua, Chih.

1.- Desde luego que hay una serie de similitudes entre los casos de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, y la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968. En ambos casos los protagonistas fueron estudiantes que buscaron caminos políticos que reclaman un México diferente.

En ambos casos, no hay todavía una verdad que haya sido demostrada con evidencias suficientes por parte de las autoridades oficiales. En ambos casos la actuación del gobierno federal (de Enrique Peña Nieto y Gustavo Díaz Ordaz respectivamente) ha quedado definida por las omisiones, el ocultamiento de información, la tergiversación de los hechos y la impunidad.

En ambos casos va quedando demostrada la participación del ejército en crímenes cometidos contra la sociedad civil. También en ambos casos las investigaciones realizadas por académicos y periodistas van arrojando las evidencias y las explicaciones más sólidas en la reconstrucción de los hechos y en las posibilidades de acercarse a la verdad.



2.- La supuesta “verdad histórica” sobre el caso de la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa es una farsa. Esta “verdad fue” fabricada por el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam y asumida en el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.

No ha quedado demostrada la participación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y de su esposa, que aún están presos por estos acontecimientos.

No ha sido demostrada la participación del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas.

Tampoco se ha demostrado que los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” fueron quemados en el basurero de Cocula y que sus restos fueron arrojados al río San Juan.

A lo largo de la investigación realizada por la PGR se fabricaron culpables, entre los que destacan 4 “albañiles” de Cocula que fueron convertidos en “sicarios”.

La sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas emitida el 31 de mayo pasado, señala que la investigación que llevó a cabo la PGR no fue “independiente ni imparcial”. La “verdad histórica” de Murillo Karam y de Peña Nieto se obtuvo mediante la tortura de los acusados, y sin hacer una investigación sobre la participación de miembros del ejército y de la policía federal en la desaparición de los normalistas.

Hay 55 funcionarios del gobierno de Peña Nieto que han sido investigados por tortura en el caso Ayotzinapa. Las mismas investigaciones internas de la PGR han arrojado que 19 de estos 55 funcionarios, sí participaron en actos de tortura.

En la desaparición de los normalistas hay evidencias de la participación de soldados integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, Guerrero. Cuando desaparecieron los normalistas, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, integrantes del ejército estuvieron a cargo de las cámaras de vigilancia del C4, en Iguala. Diversas investigaciones han mostrado evidencia de que los videos tomados por esas cámaras fueron manipulados.

También ha quedado demostrada la presencia de cartuchos del calibre 7.62 x 51 en la escena del crimen de la calle Juan N. Álvarez y Santa Teresa, en Iguala, lugar donde ocurrió uno de los ataques contra los normalistas. Los cartuchos 7.62 x 51 son empleados en los fusiles G3, que son de uso exclusivo del ejército (“La verdadera noche de Iguala, Anabel Hernández, 2016).

3.- En el caso de la matanza del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, las versiones pro-gobierno han intentado sostener que en esos acontecimientos tuvo lugar la injerencia de actores extranjeros (agentes rusos y cubanos), quienes en el marco de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, pretendían desestabilizar a México. Esta afirmación se ha desmoronado al paso de los años.

En 1998 el gobierno de Estados Unidos desclasificó 30 documentos de su política exterior relacionados con la matanza de Tlatelolco. Uno de estos documentos de la CIA, un memorándum enviado a la Casa Blanca por Walt Rostow (asesor de seguridad nacional del presidente Johnson), demuestra que la versión oficial sobre la intervención extranjera en el conflicto de 1968 carece de sustento. Un fragmento de este memorándum plantea lo siguiente:

“Usted pregunta en qué medida los comunistas cubanos u otros grupos extranjeros están involucrados en los disturbios mexicanos de esta semana. El análisis de la CIA… concluye que las manifestaciones estudiantiles surgieron por conflictos políticos internos y no por manipulaciones de cubanos ni de soviéticos…”

La investigación que Carlos Montemayor hace sobre algunos de los documentos desclasificados en Estados Unidos en 1998, en el libro “La violencia de Estado en México. Antes y después de 1968” (2010), demuestra que las movilizaciones estudiantiles de hace 50 años no fueron provocadas por agentes cubanos o soviéticos.

4.- Las investigaciones realizadas por académicos y periodistas sobre la matanza de Tlatelolco en 1968 aportan datos sobre la participación directa del ejército.

Ha quedado evidenciada la participación del Batallón Olimpia en la matanza de Tlatelolco, son los soldados del guante o el vendaje blanco en la mano izquierda, que tenían como objetivo capturar a los líderes del movimiento estudiantil. En diversas fotografías tomadas el 2 de octubre de 1968, se observa con toda claridad a militares vestidos de civil, armados y con un guante o un vendaje blanco en la mano izquierda, participando en las redadas que siguieron después de la masacre.

Los datos arrojados por los documentos del general Marcelino García Barragán que se analizan en el libro “Parte de guerra” (1999), escrito por Julio Scherer y Carlos Monsivais, demuestran que la actuación del Batallón Olimpia el 2 de Octubre del 68 está ligada al nombre de tres militares: el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, el coronel Gómez Tagle y el capitán Careaga.

Las acciones del Batallón Olimpia, fueron respaldadas por la “Operación Galeana”, al mando del general Cristóforo Mazón Pineda. El informe de Mazón Pineda sobre la “Operación Galeana” plantea una lista de 3 unidades militares, que se colocaron en las calles aledañas a la Plaza de la Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de Octubre de 1968:

- En el monumento a la Raza se apostaron soldados de 40 Batallón de infantería y a dos compañías del 19 Batallón de Infantería, que estuvieron al mando del Coronel Alberto Sánchez López.

- Sobre la calle Manuel González e Insurgentes, se apostó el Batallón de Fusileros y Paracaidistas y el Primer Batallón del Cuerpo de Guardias Presidenciales, al mando del general Brigadier José Hernández Toledo.

- En la Estación Buenavista, se apostaron el 43 y 44 Batallón de infantería, al mando del Coronel Armando del Río Acevedo.

Estas tres unidades militares ingresaron a la Plaza de las Tres Culturas durante el enfrentamiento y apoyaron las acciones del Batallón Olimpia, cuyos integrantes participaron infiltrándose entre los asistentes al mitin de la Plaza de las Tres Culturas.

Los mismos documentos del General Marcelino García Barragán, analizados en el libro “Parte de Guerra”, dejan en claro que los francotiradores que se apostaron en los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas, eran militares que integraban al Estado Mayor Presidencial. Nunca logró comprobarse que los estudiantes y asistentes al mitin de la Plaza de las Tres Culturas portaran o dispararan alguna arma.

Las diversas evidencias documentales que se tienen a la mano, demuestran la participación del ejército en la masacre del 2 de octubre.

Un informe que Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad, le entregó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, refiere que 373 personas fueron ingresadas al Campo Militar Número 1 en la ciudad de México. En los años posteriores a 1968, el Campo Militar Número 1 se convertiría en un símbolo de los desaparecidos durante la guerra sucia.

5.- Durante 30 años, entre 1968 y 1998, los archivos gubernamentales sobre la matanza de Tlatelolco fueron material clasificado. Cuando el Archivo General de la Nación puso a disposición estos archivos para ser consultados, el material ahí encontrado resultó irrelevante. La Doctora Patricia Galeana exdirectora del Archivo General de la Nación narra lo siguiente sobre el manejo de los archivos de interés presidencial:

“…la norma parece ser que los presidentes carguen con todo. López Portillo tiene en su biblioteca de Cuajimalpa los archivos de su sexenio, e incluso se los ha facilitado a algunos investigadores, entre ellos su propio hijo José Ramón… como no hay una ley que obligue a los presidentes a entregar los archivos, pues han mandado al AGN lo que han querido. Y si no querían hacerlo, no mandaban nada. Claro, unos actuaban con dolo y otros simplemente se llevaban los documentos porque creían que les pertenecían…” (“Destrucción y ocultamiento de archivos”, revista “Proceso”, 28 de enero de 2002).

Según Galeana, el único que le sacó provecho a los archivos sobre Tlatelolco que se abrieron 30 años después de la masacre, fue el investigador Sergio Aguayo, quien escribió el libro “1968. Los archivos de la violencia” (1998) a partir de este material.

Con la entrada del gobierno panista de Vicente Fox, las expectativas sobre la clarificación de los acontecimientos de Tlatelolco se reavivaron. Pero Fox se negó a formar una Comisión de la Verdad para investigar el caso. Para cumplir su promesa de campaña sobre este tema, el gobierno de Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que entró en funciones en el año 2001.

Esta Fiscalía tuvo a su disposición un número cuantioso de documentos del Archivo General de la Nación y de otras instancias sobre 1968. Pero no queda claro donde quedaron esos materiales, que en un principio se ordenaron en una lista y que después quedaron en desorden o desaparecieron subrepticiamente. Según la versión de Kate Doyle, encargada del programa México National Security Archive, de Estados Unidos, la Fiscalía nombrada en el sexenio de Fox “no habrá servido para clarificar el pasado”, sino más bien, “para identificar el material más dañino y peligroso que hay en los archivos a fin de removerlo para siempre” («Pérdidas “documentadas”», revista “Proceso”, Edición Especial Num. 23).

Queda claro que el gobierno panista de Vicente Fox fue partícipe en el ocultamiento de información sobre lo sucedido en Tlatelolco en 1968.

La verdad sobre Tlatelolco y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sigue siendo una deuda en los términos de impartición de la justicia.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene compromisos por cumplir sobre ambos acontecimientos…