Chihuahua, Chih.

Autismo: Trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.

¿Cuál es la razón de la elevada conflictividad política y social existente en el Chihuahua del amanecer?

¿Se debe a las profundas transformaciones institucionales promovidas por el nuevo grupo gobernante, de ahí las resistencias a los cambios?

¿Estamos frente a unas muy poderosas fuerzas que diseñan, elaboran y ejecutan una muy extendida operación en contra del gobernador Javier Corral, que han intentado, al límite de sus fuerzas, desbarrancar al gobierno de Chihuahua?

¿Tiene esa capacidad el PRI local, para armar una ofensiva de las dimensiones de los conflictos que estallan en nuestros lares?

¿O es, por el contrario, el autismo de quienes hoy gobiernan, ya no de espaldas ante la conflictividad, sino a los procesos sociales que ocurren frente a sus ojos y ante los cuales, no sólo no reaccionan, sino que se olvidan de ellos y, cuando se percatan, responden mal y tarde?

Ejemplos de tal conducta los tenemos a pasto, diariamente, a grado tal que un ejercicio cotidiano es el de tratar de no sumar una crítica más al gobierno del amanecer, no por hacer concesiones al poder, sino por no ser repetitivos, ni en la crítica, ni en el número, ni en la actitud.

Vano intento, los temas en los que, por fuerza, las declaraciones, las acciones gubernamentales y las posturas de quienes ejercen la administración estatal vuelven imposible el no abordarlas.

Y no son las transformaciones democráticas impulsadas por el grupo gobernante las que generan la elevada conflictividad existente, sino las erráticas disposiciones gubernamentales.

Claro está que no debe descartarse la participación de fuerzas, grupos y protagonistas del régimen dispuestos a oponerse a algunas de las acciones del corralismo, pero es indudable que, hasta por la conveniencia electoral, el mandatario chihuahuense debiera tener una conducta política distinta.

Los conflictos le estallan cotidianamente.

¿Cuál de ellos abordar que no lo hayamos hecho previamente?

Algunos de ellos sobrevienen porque se encubren, o fallas, o aberraciones jurídicas, políticas o económicas verdaderamente lamentables, cometidas por integrantes del nuevo grupo gobernante.

Tomemos como ejemplos dos de los casos más renombrados en el año y medio del gobierno de Corral, el del asesinato de Miroslava Breach y el de la detención de Alejandro Gutiérrez, éste último involucrado en presuntos desvíos de recursos de origen federal, ejercidos por la administración dirigida por César Duarte.

En ambos, el Poder Judicial de la Federación le ha ordenado cederlos al ámbito federal, porque falló que son de esa competencia. Bueno, en los dos se había negado a entregar los casos, y en el de la periodista, hasta esconder dos de los 6 tomos de la investigación.

El más preocupante, no solamente por las implicaciones del caso, sino porque refleja de manera diáfana el modo de pensar del gobernante, es el del caso de Gutiérrez. La obcecación a entregar el caso a la federación ha llegado al nivel de la liberación de dos multas al Director del Penal de San Guillermo en la capital chihuahuense, por no obedecer el mandato de un tribunal federal.

A pesar de ello, el Fiscal, César Augusto Peniche, declaró que no permitirán que se vaya el caso, lo que implica el no acatamiento de una orden judicial, que en todo caso debieran combatir judicialmente y que generará un nuevo diferendo con el Poder Judicial de la Federación, apenas unas cuantas semanas de la gravísima resolución de la Corte en contra del gobierno de Chihuahua, al cual describió como violador de las normas constitucionales, además de violentar la división de poderes.

El siguiente apercibimiento ya no será la aplicación de una multa, sino el encarcelamiento del director del penal y la de algunos de sus superiores, así como la utilización de las fuerzas militares para trasladar a Gutiérrez al penal que resuelvan los jueces federales.

Y es que el argumento usado por el gobierno de Chihuahua es verdaderamente endeble: “Se lo llevan para que no declare en contra de sus compinches”.

¡Ah! ¡Es que acá tenemos el mejor equipo para que declaren y develen todas las trapacerías cometidas y quienes fueron sus socios en ellas! ¡Se lo llevan para que no delate a sus cómplices!

Pero si lleva meses detenido ¿Cuánto tiempo extra necesitan para obligarlo -no hay de otra, si no lo ha hecho hasta ahora- a revelar la trama del dinero desviado de la administración pública a las campañas del PRI?

Pero en la investigación del asesinato de la periodista Miroslava Breach es en donde, probablemente, existan más hechos criticables cometidos por el gobierno de Corral.

Las cosas han llegado a límites verdaderamente intolerables, como el de que la familia debió acudir a la justicia federal, para obligar a la Fiscalía General a facilitarles el acceso al expediente y a reconocerlos como coadyuvantes de la investigación, y aún así, ya con una resolución judicial, se toparon con la negativa o la obstaculización de la autoridad estatal, en un caso en el que, conforme para el tiempo, siguen apareciendo dudas sobre la veracidad de las afirmaciones realizadas por las autoridades y que llevan a catalogar la investigación, que el gobernador Corral dijo sería “ejemplar”, como un verdadero fiasco y un agravio a la sociedad chihuahuense.

De entrada, sostenida por la agrupación de abogados que auxilia a la familia Breach, conmueve saber que “Hay información que la FGE no quiere dar a conocer”, debido a que “Cuando el juez federal declaró el 11 de abril pasado que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) era competente para atraer la investigación del crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea, miembros de Propuesta Cívica notaron que sólo cuatro tomos de los seis que en total integran el expediente están en sus manos”. (Nota de Miguel Chavarría, El Diario de Chihuahua, 21/IV/18).

Es gravísimo: “Hay información que la Fiscalía no quiere dar a conocer. Ése es el punto: no entendemos el interés desmedido de parte de la Fiscalía Estatal por no dar acceso pleno a la carpeta de investigación’, subrayó Sara Mendiola Landeros, directora del Centro de Investigación de Capacitación de Propuesta Cívica… La Fiscalía quita muchos elementos (del expediente) de donde se pueden abrir más líneas de investigación. Hay copias que son ilegibles, la información no está completa. Lo que nosotros tenemos —y lo que ha mencionado el abogado de ‘El Larry’—, es que todas las declaraciones están cortadas. Están inconclusas. No se sabe qué elementos o datos de pruebas haya quitado la Fiscalía”. (Ibídem).

Descartada la línea de investigación acerca de la narcopolítica, la organización Propuesta Cívica advierte que jurídicamente no se puede ahondar en esa materia debido a que “la Fiscalía no abrió esas líneas de investigación”.

Reunidos en el aniversario del asesinato, los familiares, Sara Mendiola, la periodista Balbina Flores y el representante de Reporteros Sin Fronteras en Latinoamérica, Emmanuel Colombié, con el gobernador Javier Corral y el fiscal general, César Peniche, “Una de las preguntas obligadas para Peniche fue, si ellos iban a pedir la ampliación de la investigación complementaria. Dijo: ‘No ¿Para qué? Ya no es necesario. La investigación está completa como está’. Para la Fiscalía la pirámide de culpabilidad en el caso es muy clara’, apuntó Sara Mendiola”. (Ibídem).

No solo eso, en esa reunión, el gobernador Corral dijo a los familiares que “las personas que aparecen en la llamada telefónica ni siquiera son funcionarios ni servidores públicos. ‘Él es un simple maestro (Hugo Schultz) y el otro, un vocero (Alfredo Piñera)’, según el testimonio de Mendiola… Corral dijo que ellos (los funcionarios panistas) no tenían absolutamente nada qué temer, que la investigación era ejemplar. Pero le dije que no podía ser ejemplar una investigación que de un inicio a la fecha violó derechos fundamentales de las víctimas y donde se violó el derecho de la coadyuvancia para colaborar con el Ministerio Público. Había más implicaciones y no habían querido investigar', argumentó la representante de Propuesta Cívica”. (Ib.).

Hay informaciones que estremecen. Según este reportaje, el gobernador de Chihuahua, en el curso de una entrevista con la periodista Carmen Aristegui (26/II18), afirmó que la PGR le había notificado por escrito a la FGE “que, de atraerse el caso, no seguirían la línea de la delincuencia organizada en la investigación del asesinato de Miroslava”.

A los abogados, la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) les negó tal aseveración. Luego de ello, la PGR emitió una nota aclaratoria desmintiendo las declaraciones del mandatario chihuahuense.

“Todo lo que se tiene que hacer por unas copias...”, diría Mendiola.

Finalmente, el juez de Control, Jorge Napoleón Raya Valdez, ordenó trasladar la investigación del asesinato a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

¡Más de un año después!

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