Chihuahua, Chih.

El impacto de la contingencia sanitaria en la economía global tiene un común denominador: la drástica caída de la actividad económica. En México se estima que el PIB) “podría caer hasta 10.5 %, según los escenarios más pesimistas”. 

En el ámbito laboral, los datos proporcionados por el IMSS señalan la pérdida de más de un millón de empleos, tan solo entre febrero y mayo de este año. Y según los datos del INEGI, entre marzo y abril de este año, 12.5 millones de personas perdieron su empleo.

Al respecto, connotados especialistas señalan que “si el gobierno no reacciona en tiempo y forma, hasta 9.8 y 10.7 millones de personas podrían caer en situación de pobreza y pobreza extrema por ingresos, respectivamente… se estima que 45.8% de la población ocupada podría estar en situación de pobreza laboral, es decir, que sus ingresos serían insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas”. (Nexos, Julio 2020).

Para contrarrestar estos efectos, el Presidente de la República ha anunciado diversas medidas emergentes de austeridad. Una de ellas, ha sido el ajuste y redistribución del presupuesto federal; así como una drástica reducción (75%) de los gastos operativos de las dependencias federales a pesar de que dicha medida, conlleva la semi paralización del servicio público.

Erik Ortiz Covarrubias sostiene que “al día de hoy, es imposible afirmar que la austeridad republicana sea suficiente para blindar el presupuesto de los 38 programas y proyectos prioritarios… Además, muchas de las medidas anunciadas dependen de reformas legales y de que los funcionarios públicos renuncien a sus derechos laborales”. 

“En la austeridad republicana se mezcla un legítimo afán de tener un gobierno sencillo, gastar de modo más eficiente y canalizar los recursos públicos hacia las prioridades refrendadas por la mayoría en las urnas”.

Por lo tanto, es “inevitable realizar recortes en la administración pública… aplicar una política de austeridad estratégica y diferenciada que contribuya a abrir las posibilidades de recuperación, no que las cierre”.

No olvidemos que López Obrador ha denunciado, reiteradamente, la corrupción de los gobiernos anteriores; sin embargo, la entrega de los apoyos de los programas sociales no garantiza que sus destinatarios sean, única y exclusivamente, las personas más vulnerables: las que se encuentran en pobreza y sin empleo.

En el ámbito de nuestro Estado, el reclamo más generalizado de la sociedad chihuahuense ha sido el monto del financiamiento público a los partidos políticos y los inmerecidos salarios que perciben los altos funcionarios públicos; más aún, cuando durante los últimos cuatro meses han cobrado su sueldo sin ejercer el cargo.

Lo anterior, deja en evidencia el miserable papel que desempeñan, hoy en día, los diputados locales; dada la infame omisión de aprobar -de manera urgente- la legislación emergente que regule, de manera justa y equitativa, las relaciones sociales durante el tiempo que dure la pandemia.

Para los chihuahuenses, resulta ofensivo que mientras miles de conciudadanos se han quedado sin empleo y, con ello, sin ingresos suficientes para alimentar a su familia; miles de funcionarios públicos, estatales y municipales, reciban puntualmente y sin trabajar, su sueldo íntegro.

Ahora bien, recordemos que tanto César Duarte (a) “El vulgar ladrón” como Javier Corral (a) “El Inútil”, presentaron un “Plan de Austeridad” que jamás se concretó; ya que ambos gobiernos fomentaron un descarado dispendio de recursos públicos.

Por ello, coincido en que el impacto negativo económico de la pandemia que asola al país “no la deben pagar las personas más pobres, sino que cada uno debe contribuir según su capacidad económica. Los sectores más ricos de la sociedad deben pagar más”. 

Así las cosas, ya es tiempo de reincorporarme de nuevo al activismo político, para fomentar y promover la participación ciudadana frente a la cínica pasividad de diputados y funcionarios estatales y municipales.