Chihuahua, Chih.

La reprochable decisión de Javier Corral de liquidar a cientos de burócratas estatales, so pretexto de la urgencia de un ahorro millonario en el gasto corriente puso, de nueva cuenta, a debate el tema de la “austeridad republicana”. Cuestión que ha sido utilizada -en los últimos años- por los gobernantes en turno como una estrategia mediática. Recordemos los casos más recientes:

Al inicio de su mandato, Peña Nieto estableció una serie de acciones “para el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público… (y) para racionalizar el uso de los recursos públicos, reduciendo los gastos operativos y reorientando los ahorros obtenidos a los programas sustantivos de la Administración”.

Este ‘decreto administrativo’ se limitó a implementar, entre otras, las siguientes medidas: a) eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenían justificación; b) disminuir el gasto en contratación de personal eventual; c) restringir la contratación de prestación de servicios profesionales por honorarios; d) reducir el presupuesto de viáticos y gastos de representación; y e) racionalizar el uso de vehículos.

En ese entonces, el analista Manuel J. Jáuregui señalaba que uno de los escollos que habría de librar Peña Nieto sería “el enfrentar la inminente quiebra financiera de varios estados priistas, como consecuencia de la irresponsabilidad y/o galopante corrupción de sus gobernantes… (lo cual) los había obligado a promover medidas desesperadas para incrementar sus ingresos y así poder endeudarse más”.

En el año 2013, el ‘vulgar ladrón’ emuló esta estrategia “ahorrativa” a través del “Acuerdo para las Políticas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto Público de la Administración Pública Estatal”; el cual, supuestamente, generaría un ahorro superior a un mil millones de pesos, así como una notoria eficiencia en la Administración Estatal.

Al inicio del 2017, Javier Corral dio a conocer el ‘Decreto Ejecutivo’ que contenía “las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público que habrán de ser aplicadas por los funcionarios del Poder Ejecutivo estatal… que nos asegure lograr una estabilidad presupuestaria, y por otro lado, la eliminación gradual del déficit con el que se da inicio a la presente administración”.

En esa ocasión, nuestra postura fue que el plan de ‘austeridad corralista’ no era otra cosa que una mera reducción parcial de gastos operativos. Lo anterior, ya que no contenía políticas públicas novedosas y trascendentales; sino tan solo, simples medidas ahorrativas coyunturales al interior del Poder Ejecutivo.

En el ámbito local, los diputados locales de Morena habrán de impulsar una ‘Ley de Austeridad’ cuyo contenido será una versión actualizada de las ‘estrategias’ de austeridad en el gasto corriente a las que nos hemos referido; sin tocar los sueldos de los altos funcionarios de gobierno, ni de los magistrados del TSJ y, mucho menos, de los inmerecidos sueldos de los magistrados y consejeros electorales.

Para ello, sería necesario reformar diversos artículos de la Constitución Local. Uno de ellos, en el que se consigna la fórmula aritmética para fijar el financiamiento público ordinario anual de los partidos políticos; y cuyo monto para el año 2019, es superior a los 142 millones de pesos.

Asimismo, debe reducirse la cantidad de magistrados electorales, de cinco a tres; y en especial, derogar el párrafo en donde se establece que los magistrados del TEE “recibirán remuneración igual a la que perciben los magistrados del TSJ”. En cuanto a los consejeros electorales, su número debe reducirse, de siete a tres.

Yo me pregunto: ¿Morena tiene planeado gastarse los 39 millones de pesos que le corresponden de financiamiento público? ¿El plan de austeridad de los diputados morenos será una versión actualizada del de César Duarte y del de Javier Corral? ¿Seremos testigos de otro plan de austeridad ‘light’?