El nuevo grupo gobernante está inmerso en un verdadero pantano: O actúa de acuerdo con las normas vigentes y la más elemental de las éticas públicas, siguiendo, por lo menos, el código de ética promulgado por el gobernador Javier Corral, o actúa con el pragmatismo típico de la clase política mexicana.
Al referirnos al grupo gobernante no podemos ceñirnos, por supuesto, al equipo del gobernador Corral; va más allá, abarca a quienes conforman la primera minoría en el Congreso de Chihuahua y a quienes encabezan a los grupos hegemónicos en los municipios, especialmente en los más poblados.
Bueno, pues todos ellos están en un verdadero problema. Están llevando a los chihuahuenses a elevar los niveles de escepticismo y desconfianza hacia el total de la clase política, confirmando en los hechos que la crisis de ésta es extraordinariamente severa.
¿Cómo puede alguien, que pretende convertirse en Auditor Superior del Estado, argüir que ser candidato a diputado suplente, por la vía de representación proporcional (los popularmente denominados plurinominales) es no ser candidato a un puesto de elección popular?
¿Cómo puede presentarse a un proceso de designación a un puesto público, que requiere la mayor de las probidades, si omite sus antecedentes electorales inmediatos y sus cargos en los órganos de dirección partidistas?
¿Qué confianza puede generar un organismo electoral si emite constancias que no reflejan la realidad, y luego difundir una “fé de erratas”? ¡Válgame!
¿Cómo pueden los diputados de la nueva mayoría del Congreso alegar que ellos recibieron una constancia del IEE que asentaba datos falsos y darlos por buenos?
¿Cómo pueden los diputados de esa mayoría ser garantes de la probidad de la designación de los funcionarios que deban hacer, si no son capaces de vigilar que los aspirantes a la Auditoría cumplan con los requisitos de la ley?
Es inconcebible que todo eso nos esté pasando.
Peor que ocurra luego de haber sufrido un sexenio en el que las corruptelas y las componendas, además de las ilegalidades, fueran la moneda corriente en la designación de funcionarios de todos los órganos en los que el Congreso y el gobernante debían acatar una serie de normas para las designaciones.
Fuimos escándalo nacional en la designación de jueces, magistrados, comisionados de todo tipo y en juicios de amparo para echarlos abajo ¿Cómo puede, la nueva mayoría gobernante, repetir esos errores, esas conductas deleznables? Increíble.
No es lo único. Enfrentados los equipos del Poder Ejecutivo y el del Poder Legislativo en la designación del Auditor no atinan a comprender que ambos pretenden hacer lo mismo que antes efectuó César Duarte, José Reyes Baeza, Patricio Martínez, Francisco Barrio, etc.: Colocar en esa posición a uno de los suyos, al de confianza para que les revise las cuentas públicas.
Lo hacen con un objetivo, y pueden alegar mil cosas, pero se reduce a una sola: Que no se descubran tantas cosas mal hechas en su administración, si las hubiere, y si no, po’s también.
“Hay que ser más honestos en la política” le espetó el gobernador Javier Corral al designado Ignacio Rodríguez, a quien le preguntó en la conferencia de prensa celebrada ayer, si mentir en la presentación de los documentos necesarios para su nombramiento “¿Prestigia al PAN, a Nacho, nos prestigia hacer un fraude a la ley? ¿Para esto nos tardamos 18 años en regresar al gobierno de Chihuahua?”.
Y puso como ejemplo de la “normalidad democrática” el diferendo que ahora comentamos.
De ninguna manera, estamos en medio de una crisis generada por la sempiterna conducta del grupo gobernante en turno para imponer en la revisión de las cuentas públicas a alguien de los de “adentro”, independientemente de sus capacidades y su ética personal.
Porque, incluso la tercera opción, la representada por Manuel Siqueiros (amigo personal del escribiente desde mi llegada a Chihuahua, más de dos décadas atrás y uno de los hombres más capaces en esta materia) se inscribe en aquellos parámetros, pues fue un impulsor decidido de la candidatura del actual gobernador, y su participación en el equipo del Secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, lo haría inelegible desde el punto de vista aq uí planteado, el de que una nueva forma de gobernar, apegada a la ética, sería la que presidiera los trabajos del gobierno del nuevo amanecer en Chihuahua.
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