Chihuahua, Chih.
La ampliación del período del presunto gobernador de Baja California es un atraco. Se trata de una violación a la Constitución, a la ley, a los fundamentos de la democracia y a la lógica más elemental. Un episodio propio de esa caricatura denominada república bananera. Y ni en esa caricatura pasaban cosas como las que estamos presenciando.
¿Será muy difícil de entender que los ciudadanos acuden a votar bajo ciertas reglas? ¿Qué una de ellas, central, es la de la duración del período del elegido? ¿Y que esas normas no pueden ser modificadas ex post porque se estaría defraudando la voluntad popular?
No se trata, como algunos han dicho y escrito, de un intento de reelección. La reelección tiene un estatuto jurídico y su dignidad. Se trata de volver a las urnas para refrendar o no un cargo. Y por supuesto no es el caso. En el tristemente célebre asunto Bonilla se trata de un obsequio gratuito no legitimado por ningunos comicios. Tampoco veo un conflicto entre soberanías, la federal y la estatal, como otros han señalado, es decir, de un diferendo legítimo entre el Congreso federal y la Cámara local. En el caso de Baja California, a todas luces, el Congreso decidió algo para lo que ni él ni nadie tiene facultades, porque en el momento en que se celebró la jornada electoral se estaba sellando el lapso de tiempo de la gestión del próximo gobernador. Es más, puede entenderse como un desacato al Tribunal Electoral que debiera ser sancionado incluso por la vía penal.
Que las reglas de la competencia no se pueden modificar después de que ésta termina lo saben incluso los niños que juegan, digamos futbol, y pactan un encuentro en el que el primero que meta tres goles gana. El resultado, obvio, puede ser 3-0, 3-1 o 3-2, y nadie tiene facultades para desconocer el resultado o para demandar que el juego se alargue hasta 5. Quien eso hace, lo saben bien hasta los estudiantes de primero de primaria, es un tramposo. Porque las reglas se fijan antes de las elecciones y después nadie las puede cambiar. Esas reglas incluso pueden estar mal, ser inadecuadas, pero no se puede pretender “después de atole” anularlas o modificarlas. ¡Y por favor!, no se requiere ser jurista, politólogo o especialista, porque se trata de un asunto de sentido común. Preocupa además que se pueda convertir en precedente: ¿por qué el congreso de un estado no podría alargar la gestión de “su” gobernador a diez años o el Congreso federal la del presidente de manera vitalicia?
Ahora bien, esa desfachatez antidemocrática no está cumplida. Y uno esperaría que se activen todos los resortes que se encuentran en la Constitución para que no se convierta en un hecho consumado.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo ha planteado la posibilidad de que el Senado declare la desaparición de poderes en la entidad. Esa opción no debería desecharse de antemano, por el contrario, podría aplicarse si en los próximos días no se publica en el Diario Oficial el acuerdo del Legislativo bajacaliforniano.
Se especula que esa dilación por parte del gobernador y el Congreso podría ser una burda maniobra para que la Corte no pudiera desahogar el caso, en tiempo y forma, antes de la toma de posesión del nuevo gobernador. No obstante, tarde o temprano el espurio acuerdo deberá ser publicado. No hay de otra.
Entonces, todos los actores habilitados por la Constitución para presentar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad estarán obligados a hacerlo. Y quienes miraren hacia otro lado, argumentando que el tema no les compete, no serán más que cómplices por omisión de una de las monstruosidades más aberrantes y uno de los ataques más arteros a uno de los pilares de nuestra frágil democracia.
Porque estoy seguro que si el tema llega a la Corte el resultado será de 11 votos en contra del extravío cometido en el estado norteño. Y si no fuera así, habrá que hacer a un lado a la Constitución y a las leyes, para empezar a descifrar el país en el código de Los Supermachos de Rius.
