Chihuahua, Chih.

Como muchos otros fines de semana, el anterior fue de terror para muchos mexicanos.

Nuevamente, al igual que lo acontecido en distintas demarcaciones del país, decenas, y a hasta centenas de sicarios recorrieron colonias, fraccionamientos, rancherías, pueblos, pequeñas y minúsculas poblaciones, o inmensos segmentos de ciudades mayores sembrando el terror, estableciendo su gobierno, su visión del orden, su ritmo, el que se lo impone a cada vez mayores segmentos de la población.

Lo mismo en Morelos, que en Sonora, Chiapas, Nuevo León, Jalisco, o Tabasco y, como es práctica común, por lo menos un candidato cayó abatido por las balas de los sicarios,  ahora fue en Puebla.

Y, como siempre, luego de las incursiones de los criminales, como si fuera el guión preestablecido años ha, los militares llegan a las escenas de los crímenes, para nada hacer, como ha sido la constante a lo largo del sexenio.

El fracaso de la política de seguridad pública es evidente y en él va el de la Guardia Nacional (GN). El solo patrullar -como lo hacen las tropas de ocupación- sin asentarse en el territorio -como  sí lo hacen los cuerpos policíacos- para «disuadir» ha mostrado su ineficiencia.

Enervan las conductas y las respuestas de los gobernantes de ahora, muchos de los cuales muy poco atrás despachaban desde escritorios distintos.

Siguen haciendo lo mismo. 

Su ineficiencia y/o cinismo apenas es ocultada por las grandes ganas de un número muy grande de compatriotas de concederles el beneficio de la duda, y las muchas ganas de desear que el gobierno actual no sea igualito a los del pasado.

¿Cómo se atreve el gobernador más dura, frecuente y consistentemente acusado de estar coludido con las bandas del crimen organizado, el de Sinaloa, a decirle a la prensa, a los familiares y a los sinaloenses, que ante los secuestros de 66 personas: «No tengan miedo, son cosas que pasan».

¿En dónde, gobernador?

¿O que el presidente lance su enésima frase atenuadora de los salvajes crímenes cometidos por las bandas del crimen organizado, cuando dijo que ese secuestro masivo «no es contra la población en general,  (que) es un asunto de grupos…»?

Mientras la totalidad de la población de la capital sinaloense se sumía en la incertidumbre, el temor y la zozobra ante los rumores, las certidumbres, en medio del creciente número, con los minutos, de personas que se sabía habían sido secuestradas, el gobernante estatal sólo atinaba a tartamudear «son cosas que pasan».

¿Y hasta cuándo dejarán de pasar?

¿Cómo se le puede decir a la sociedad que los ataques no son contra la población, cuando entre las víctimas iban no pocos niños,   que «son asuntos de grupos» como sostiene, una y otra vez el presidente, como si eso fuera verdad, cuando cada vez más poblaciones, áreas y actividades económicas caen bajo el control de las bandas delictivas?

Oswaldo Villaseñor, un prestigiado periodista sinaloense,  columnista de LaPolíticaonline, formuló las preguntas que  todos nos hacemos ante cada hecho violento en el que las explicaciones (y las autoridades) están ausentes:

«-¿Cuántos detenidos como responsables por los levantones masivos hay desde el inicio del intenso operativo? Ninguno.

-¿Cuántas personas fueron rescatadas de las manos de sus captores por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional o policías estatales o municipales? Ninguna.

-¿Cuántas casas de seguridad han sido reventadas en la búsqueda de las personas levantadas? Ninguna que se sepa.

-¿Cuántos ‘punteros’, que siguen como sombra y como ‘brothers’ a los convoyes de soldados, han sido detenidos? Ninguno.

-¿Cuántas armas han sido decomisadas como resultado del intenso despliegue militar que se realiza en Culiacán y alrededores? Ninguna».

La pertinencia de tales preguntas es inconmensurable.

Luego de cada hecho cruento, estridente, doloroso, acaparador de las notas periodísticas, arriban cientos de efectivos militares a la zona de los enfrentamientos. Y luego nada pasa.

Y es este tema, uno de los centrales en la actual coyuntura electoral -y del país por largo tiempo, desde hace lustros- es el que está en juego.

Desde principios de los 80’s, los gobiernos norteamericano y mexicano incorporaron al ejército en el combate al narcotráfico. 

Desde entonces, sin pausa, han incrementado la participación militar, hasta el presente, en el que la extendieron, al grado de sustituir la policía federal por contingentes y mandos militares, bajo la denominación de Guardia Nacional, pero cuya actuación y estrategia es la decidida por los mandos militares.

Y hay dos visiones en esto.

Por un lado, la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, ha  propuesto la misma política; no ha esbozado la menor variación de la de López Obrador, la GN estará bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otro lado, la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, ha sostenido que devolverá a los militares a las funciones constitucionales, que reforzará la GN y las policías locales.

Urge contar con cuerpos policíacos consolidados, capaces y preparados; cualquier otra desviación de ello impedirá la reversión de la actual situación.

Como hace 20 años, la mitad de las entidades federativas concentran la mitad de los homicidios-ejecuciones en el país.

En ellas se encuentra Chihuahua y ocurre lo mismo bajo los gobiernos de distinto signo partidario, con variaciones, pero que no llevan a la sensible en la disminución y tendencia en el número de homicidios. 

Las cifras más bajas en la entidad fueron en 2014 y 2015 con poco más de 1 mil 500 homicidios al año. No es nada de lo cual se pudiera enorgullecer autoridad alguna, federal o estatal.

Porque lo mismo ha sido, sea la Policía Federal o  la Guardia Nacional (GN), en ambos casos acompañadas del ejército.

Sabíamos, inferíamos, percibíamos que la actuación de la GN era un fracaso. Un reportaje, publicado la semana anterior arroja más luces.

«Después de cinco años, la estrategia de colocar cuarteles de la Guardia Nacional en ciertos municipios no ha impactado de forma significativa en la comisión de delitos». (Reportaje de Ernesto Aroche, El Universal, 25/3/24).

Se investigó la tendencia de 10 delitos, entre  2018 y 2023, en 170 municipios con al menos un cuartel de la GN.

El resultado fue que la presencia de la corporación no impactó «significativamente» en la comisión de los delitos.

Los delitos analizados pertenecen al fuero común, monitoreados por el SESNSP: Homicidio doloso, feminicidio, violación sexual, narcomenudeo, robo a transportista, extorsión, secuestro, robo de vehículo, trata de personas y delitos del medio ambiente.

La GN, además de los 128 mil elementos cuenta con 395 instalaciones distribuidas en todo el país.

«En ocho de los 10 delitos analizados —homicidio doloso, violación, robo de vehículo, secuestro, extorsión, feminicidio, trata de personas y contra el medio ambiente— las tendencias coinciden con la forma en la que se mueven las mismas tendencias en todo el país». (Ibídem).

Homicidios, feminicidios y robo de vehículos tienen una baja ligeramente mayor, entre 2021 y 2023, en los municipios con presencia de la GN, en comparación con los valores a nivel nacional.

Según el gobierno, en ese período la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, pasó de 21.9 a 19.3, (una baja del 12.1%), «mientras que en los municipios donde están los cuarteles de la GN pasó de una tasa de 37 a 31 en el mismo periodo, un descenso de 16.2%». (Ibídem).

Cosa distinta ocurre con la extorsión, cuyos resultados nos llevan a recordar un pasado doloroso en Juárez: En los municipios en donde se encuentra la GN la tendencia fue al alza, pasando de 6.5 denuncias por cada 100 mil habitantes en 2021, a ocho en 2023, lo que representa un aumento del 23.6%.

Igual ocurre con la violación. Las tasas de incidencia, lejos de presentar una baja entre 2018 y 2021, van al alza en todo el país, con cuarteles de la GN o sin ellos.

Pero en presencia de ella pasó de 13.2 a 18 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.

En el narcomenudeo hubo una importante disminución, pero ni así para regresar a los niveles de 2018, cuando se tenían tasas de 86.4 carpetas por cada 100 mil habitantes y el año pasado alcanzó una tasa de 120.5 casos, un crecimiento del 39.4% en el gobierno de la 4T, con una agrupación tres veces superior a la desaparecida Policía Federal!!!!

¡Ah, pero eso sí, contra los migrantes resultaron ser mucho más efectivos! 

De acuerdo con el INEGI, hubo una variación anual en los delitos atendidos por la Guardia Nacional:

En los cuatro años investigados, la GN detuvo a 239 mil 545 personas migrantes y sólo 26 mil 405 posibles delincuentes acusados por diferentes delitos ¡Casi diez veces más!

¡Esa es la verdadera política de inmigración!

¿Y así, todavía se plantea el 2o piso?

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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