Ciudad de México
*Artículo publicado en El Universal, 4 de mayo de 2020
Hay algo que no cuadra en todo el escándalo de los contratos millonarios que recibe León Manuel Bartlett Álvarez de distintas dependencias del gobierno federal. A simple vista el tema resulta tan burdo y tan escandaloso, por el inocultable conflicto de interés y el tráfico de influencias que significa que el hijo de un integrante del gabinete presidencial esté recibiendo contratos —algunos por asignación directa— por casi 200 millones de pesos, que podría equipararse incluso al caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, por el tamaño del conflicto de interés que involucra.
Peor aún, cuando una parte de esos contratos se le entregan al hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, justo en la emergencia sanitaria por el coronavirus y por parte de las dependencias del sector Salud que son las únicas que tienen en estos momentos recursos para contratar servicios, incluso por asignación directa, con el argumento de la urgencia por la pandemia. El hecho de que esas dependencias, IMSS, ISSSTE, Sedena o Semar, hayan optado por asignarle sus contrataciones urgentes precisamente a León Manuel Bartlett, de entre tantos proveedores posibles, no parece una decisión que hayan tomado por descuido o a la ligera los directores administrativos u oficiales mayores, vaya ni siquiera los directores o secretarios.
Sabiendo lo vigilado y fiscalizado que está este gobierno, precisamente porque el discurso contra la corrupción es la principal bandera del presidente López Obrador, y conociendo lo expuesto que está precisamente el apellido Bartlett, luego de las denuncias sobre las más de 28 propiedades que don Manuel terminó adjudicando a sus hijos empresarios y a su pareja sentimental que extrañamente no es concubina después de 20 años, ¿qué funcionario de mediano o incluso de primer nivel se iba a aventar a decidir que precisamente a León Bartlett se le entregaran contratos por casi 200 millones de pesos en las dependencias mencionadas?
Entre los miembros del gabinete es sabido que en este gobierno todos los contratos públicos de cualquier dependencia, que rebasen los 20 o 30 millones de pesos, personalmente los ve el presidente López Obrador y él decide si la empresa o el empresario que va a ser contratado por las secretarías, ya sea por licitación o por asignación directa —un método legal del que han abusado en esta administración— es la correcta. Si al presidente no le gustan las propuestas de empresas o los nombres de contratistas que le presentan, las rechaza; y si le parecen bien les da el visto bueno.
Bajo esa lógica los contratos al hijo de Manuel Bartlett debieron ser “palomeados” previamente en Palacio Nacional y si eso ocurrió la decisión de las dependencias debe estar perfectamente avalada. Pero asignarle contratos a un hijo de un miembro de su gabinete no es algo que encaje para nada en el discurso anticorrupción del presidente. No se puede cuestionar tanto y con tanta dureza los excesos y la corrupción del pasado y repetir todos los días que “no somos iguales, no somos lo mismo, no nos comparen”, y luego salir con que las mismas prácticas y actitudes que tanto se criticaron, el tráfico de influencias, el influyentismo y el conflicto de interés, siguen ocurriendo en el gobierno de la 4T.
Es evidente, primero, que el presidente tiene uno o varios “topos” dentro que le están sacando y filtrando información interna y muy sensible para mermarlo a él, a su gobierno y a su credibilidad. Y segundo, si todos esos contratos para Bartlett Álvarez pasaron por el escritorio presidencial, es muy difícil creer que el beneficio final o que la intención del presidente, hubiera sido beneficiar al hijo de su admirado y defendido Manuel Bartlett.
Dice un dicho que utiliza con frecuencia el mismo presidente, que “en política lo que no suena lógico, suena metálico”, y aquí no suena lógico que tantas dependencias del gobierno federal hubieran actuado de manera sincronizada y concertada para “ayudar” a León Bartlett y a su acaudalada familia a aumentar su cuantiosa fortuna. No pudieron ser tan descuidados ni en Palacio ni en las Secretarías en un tema tan sensible y tan expuesto. Lo que nos lleva a pensar en lo metálico: una de dos, o con tantos contratos “de emergencia” entregados al hijo de Bartlett están armando un fondo para financiar otras cosas —un “cochinito”, pues— conociendo bien cómo opera Bartlett, o el hijo de don Manuel es prestanombres de alguien más.
Porque desde el viernes que se publicó el primer reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, quedó clara la mecánica de respuesta: León Bartlett se dice empresario y contratista del gobierno “desde hace 10 años” y deslinda sus negocios del cargo de su padre, como si fuera algo menor el conflicto de que se le otorguen contratos de cientos de millones de pesos a un hijo de un miembro del gabinete y como si no fuera burdo e ilegal que el domicilio de sus empresas sea el mismo que el director de la CFE presenta como su casa.
Y luego la respuesta del IMSS y de su director Zoé Robledo, justificando la asignación directa por 30 millones por “la emergencia y el beneficio a la salud”. Es como si la línea que en su momento siguió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, fuera la misma que ahora se sigue y que, posiblemente veamos repetida hoy en la conferencia mañanera.
Todo esto se puede convertir en el equivalente a la Casa Blanca de Peña Nieto, por el evidente conflicto de interés y el tráfico de influencias que representa, con el agravante de que en el sexenio pasado la corrupción era aceptada, tolerada y hasta promovida por el entonces presidente que llegó a justificarla como “un fenómeno cultural”, mientras que ahora el presidente López Obrador ha decretado no una, sino varias veces, que “la corrupción ya se acabó” y que en su gobierno “los corruptos ya no tienen cabida”.
Y si hoy no hay una condena total a estos contratos y el presidente no ordena una investigación y una sanción ejemplar para saber quién y por qué decidieron otorgarle contratos millonarios al hijo de un destacado miembro de su gabinete, entonces pasarán dos cosas: el discurso y la credibilidad del presidente se harán añicos y se confirmaría que en una operación tan burda y tan expuesta, solo puede haber dos explicaciones: o es cinismo puro, o aquí hay, no gato, sino León encerrado.
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