Chihuahua

Al entrar a la parte final de la campaña, las tres elecciones más importantes se aprecian extremadamente apretadas, a juzgar por la conducta política de los punteros, y hacen que aparezcan algunos de los peores defectos de la clase política que más han contribuido al rechazo que una parte importante de la sociedad le guarda a la mayoría de los integrantes de la clase política.

Hasta algunos de los candidatos independientes, por lo menos los que más expectativas han despertado (en la capital y al gobierno de Chihuahua), dieron pie a que las críticas enderezadas a los partidos políticos también recaigan en ellos.

Es de no creerse. Ahora priistas y panistas (y de éstos no todos, ni todo el tiempo) intentan a como dé lugar desligarse de sus relaciones con el actual mandatario estatal, César Duarte.

Tales reflexiones tienen origen en algunas de las consignas más importantes de la candidata a la alcaldía, por el PAN, Maru Campos, y la acusación política que le hiciera la del PRI, Lucy Chavira, de haber aprobado una parte del endeudamiento del gobierno estatal.

Y es que la panista puso el acento, en su desempeño como legisladora local, en la crítica al establecimiento de las fotomultas en la capital del estado, en el nivel de endeudamiento y el fracaso del transporte urbano, el Vive Bus.

En todos esos asuntos, no sólo la candidata, sino un buen número de legisladores panistas, de la actual legislatura y de la anterior, aprobaron esas medidas que ahora consideran lesivas para los chihuahuenses.

La dirigencia del PAN ha presentado una denuncia por la presunta falsificación de documentos del Congreso del Estado, porque, asegura, la candidata Campos no firmó, ni siquiera en las comisiones legislativas a que pertenece, los dictámenes de la aprobación del refinanciamiento de la deuda, hasta por 25 mil millones de pesos, aprobada en septiembre del 2013; ni tampoco los dictámenes de la cuenta pública del 2014 (motivo del diferendo), ni la de la creación del fideicomiso del Vive Bus.

Además, ahora debemos recordar, que la imposición de las fotomultas fue por unanimidad, pero como ya estamos en campaña electoral, ahora todos se arrepienten de haber aprobado semejante agresión a los automovilistas capitalinos.

A su vez, los candidatos independientes a la alcaldía de Chihuahua, Luis Enrique Terrazas y Javier Mesta, finalmente acordaron la declinación del segundo en favor del primero, luego de haber protagonizado uno de los incidentes más bochornosos a principios de la campaña cuando recurrieron a los servicios de un grupo de ciudadanos “notables”, a fin de que éstos resolvieran quien debía declinar en aquel momento.

Luego supimos que uno de los “notables” consultados era José Luis “Chacho” Barraza, el candidato independiente al gobierno de Chihuahua. Cuestionados frecuentemente acerca de las posibles conexiones entre ellos, siempre las negaron. En el curso de la semana anunciaron que habían decidido formar parte del mismo proyecto.

No sólo comparten el mismo perfil -empresarial- sino que, además, los tres guardan estrecha relación con la agrupación empresarial que por años había permanecido más estrechamente ligada al PAN, la Coparmex.

Pero la paradoja mayor es que la Coparmex es la agrupación más importante, del mundo de la empresa, que más ha impulsado la iniciativa 3 de 3, que pretende, con el apoyo de las firmas de más de 600 mil ciudadanos, declarar la obligatoriedad para los funcionarios públicos de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y la fiscal.

Bueno, ninguno de los tres candidatos (aunque Mesta, legalmente lo ha dejado de ser, no lo hizo en su momento) la ha presentado hasta el 21 de mayo.

El colmo ha sido Chacho Barraza. En lugar de presentar la declaración patrimonial, ha publicado una carta en la que dice que sólo en el caso de ganar la gubernatura, en un plazo no mayor a 60 días, la hará pública. (Ver nota de Georgina Torres, 21/V/16, www.aserto.mx o www.3de3.mx).

Por si fuera poco, solamente 3 candidatos a las alcaldías de Chihuahua (de un universo de más de 150 aspirantes) la han presentado: Los priistas Lucia Chavira (Chihuahua), Miguel Primo Armendáriz (Parral) y el panista Eliseo Compeán (Delicias).

A su vez, de más de 250 aspirantes a las diputaciones, solamente 6 candidatos han realizado tal ejercicio de transparencia: Christopher Barousse, Pedro Domínguez (Chihuahua) y Karina Velázquez (Parral) del PRI; los panistas Diana Siqueiros y Jorge Soto (Chihuahua) y el candidato de Movimiento Ciudadano, Mario García Alvídrez (Parral).

Pero el problema mayor lo tienen una parte de los legisladores panistas -incluida la candidata Maru Campos-, a cuya defensa también ha salido el coordinador del grupo parlamentario, César Jáuregui.

En reiteradas ocasiones se les acusó de haber actuado como una débil oposición y de haber llegado a algunos acuerdos, contrarios a lo deseado por una parte importante de la población, entre ellos la aprobación del refinanciamiento de la deuda a fines del 2013 por un monto de 25 mil millones de pesos, y el del -todavía más criticable- modo en que se sumaron al nombramiento de 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en uno de los episodios más tristes de la falta de división de poderes en la entidad, de la subordinación del principal partido de oposición en el Congreso y del modo en que la clase política se reparte las posiciones del poder público.

Mediante esos acuerdos, Luis Villegas y Rafael Quintana, un par de militantes panistas, sin más contacto con el Poder Judicial que haber sido litigantes -en mayor o menor grado, y en distintas áreas-, se convirtieron en magistrados, del mismo modo que otros destacados militantes del PRI, sin las debidas credenciales, también llegaron al máximo tribunal chihuahuense.

Sólo para tenerlo de referencia, en días pasados, en el curso de una reunión privada, el candidato del PRI al gobierno, Enrique Serrano, se ufanó de contar con el apoyo de los 32 diputados de la pasada legislatura. Y lo repitió, orgulloso, con ganas de que los asistentes se percataran bien de las dimensiones de los que estaba informando.

De esa legislatura formaban parte el ahora candidato del PRD al mismo cargo, Jaime Beltrán del Río y el ex diputado, coordinador de los legisladores del PAN, hoy activo promotor de la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar, de Movimiento Ciudadano, Héctor Ortiz; Héctor Barraza, del PRD, hoy síndico de la capital, fruto de la alianza con el PRI y Rubén Aguilar, del PT, ya casi sempiterno aliado priista.

Bueno, pues aquella legislatura aprobó, en septiembre del 2013, el refinancimiento de los 25 mmdp. Le pusieron un candado, que las autorizaciones (para poner a la venta los instrumentos bursátiles) se podrían ejercer “a más tardar” el 31 de diciembre de ese año.

La aprobación fue por mayoría, Ortiz Orpinel y la diputada Inés Aurora Martínez votaron en contra, los otros 3 diputados panistas votaron a favor.

Sin embargo, tres meses después, al discutir la ley de ingresos del 2014, en la Comisión de Programación, la diputada Maru Campos, Secretaria de la Comisión, votó a favor del dictamen que contenía la inclusión, en los ingresos del 2014, de la mencionada refinanciación. Luego, en las discusiones en el pleno del Congreso hablaría y votaría en contra, pero su aprobación ya se había dado en el paso previo.

Ahora han presentado una denuncia porque argumentan que esos documentos son falsos.

Es de una dimensión mayor tal denuncia, pero la verificación es fácil, basta con recurrir a los audios y videos de la sesión del 12 de diciembre del 2013 para constatar la lectura del dictamen sobre la iniciativa de ley de ingresos para el 2014, presentado por la comisión y el desarrollo de la sesión plenaria.

Más aún, serviría, para verificar lo anterior, la aprobación del acta de esa sesión para apreciar si hubo alguna modificación que en su momento los legisladores del PAN hubieran presentado.

No, eran otros momentos políticos, luego nos daríamos cuenta.

El 12 de agosto del 2014, el gobernador César Duarte convocó a una reunión en la que lanzaría la propuesta del “Gobierno abierto”, que consistiría, dijo, en la gran reforma que Chihuahua efectuaría.

Ahí, en el evento, denominado “Reformándonos para el Futuro”, sin que existiera un mínimo de acuerdos de ejes mediante los cuales la bancada del PAN hubiese comprometido al gobierno de Duarte, César Jáuregui, líder de los diputados del blanquiazul dijo que el evento al que fue convocado, “es el acto político más importante de la presente administración y una oportunidad histórica de transformar el destino político de Chihuahua” y adelantó la postura del PAN de contribuir a la oxigenación del “Poder Judicial para renovarlo”, enfatizó en la necesidad de un Poder Legislativo “más abierto y de ejercicio real de las fuerzas y de fiscalización y vigilancia frente a los otros poderes” y que se deseaba “un Ejecutivo fuerte, pero que se complemente con los otros poderes”.

Eran otros tiempos, hoy son los de las denuncias y deslindes de la administración con la que tuvieron numerosos desacuerdos, pero con la que no fueron pocos los momentos de plena concordancia.

Por eso, Corral es el candidato del blanquiazul, necesitaban uno que no tuviese esas credenciales.