Chihuahua, Chih.

La partidocracia tiene una variada gama de estrategias para obstaculizar la participación ciudadana en materia electoral. Una de ellas, y quizá la más perversa, es la que los partidos políticos con representación en las Legislaturas locales utilizan para incrustar ‘candados’ en la legislación electoral para impedir que ciudadanos se postulen a cargos de elección popular, sin apoyo partidista.

En el año 2015, en Chihuahua se llegó al extremo de plasmar en la Constitución Local candados ‘Anti-Bronco’ que han obstaculizado una participación ciudadana más activa y generalizada. Sin embargo, existe otro factor que ha mermado el activismo político de los chihuahuenses: los infames acuerdos del INE y del IEE.

Así, por ejemplo, en materia de fiscalización, se equipara a las planillas municipales independientes con los partidos políticos; obligándolos a contratar a personas con conocimientos en Contaduría Pública para acreditar los ingresos y egresos relacionados con la obtención del apoyo ciudadano; lo anterior, a pesar de que el tope máximo de gastos por este concepto (en más de la mitad de los municipios del Estado-) no supera la ridícula cantidad de 50 mil pesos.

En cuanto al plazo y porcentajes de apoyo ciudadano, los candados legales establecidos en la Ley Electoral son la prueba fehaciente de que los partidos políticos son enemigos de las candidaturas independientes: la ‘reformita’ electoral redujo el plazo de recolección de apoyo, de 30 a 23 días; a pesar de que el Listado Nominal (LN) de electores se incrementa día con día. La pretensión de los legisladores fue, sin duda alguna, crear un requisito legal sumamente gravoso para que a los aspirantes les fuera imposible obtener los porcentajes mínimos.

La comparación de los porcentajes de apoyo ciudadano que exige la legislación electoral federal a los aspirantes a Senadores y Diputados federales (2% del LN) con las planillas municipales, pone de manifiesto la evidente intención de los partidos políticos para impedir la proliferación de candidaturas independientes.

En los municipios de Juárez y Chihuahua, se exige el 3% del LN municipal; en municipios como Delicias, Parral, Meoqui, Ojinaga y Cuauhtémoc, el 4% del LN; en municipios como Rosales, Guachochi, Aldama y Bocoyna, el 6% del LN; y en los Municipios como Matamoros y Julimes, se les exige el 10% del LN.

En los comicios federales, los aspirantes independientes a Senador de la República cuentan con 90 días. Y a pesar de ello, al día de hoy, solamente tres (Kumamoto en Jalisco, Clouthier en Sinaloa y Raúl González en Nuevo León) alcanzarían el apoyo ciudadano requerido para lograr el status de candidato independiente.

La cuestión de fondo es la siguiente: ¿porque la legislación electoral local le exige a los aspirantes un porcentaje de apoyo superior al que los partidos políticos necesitan para conservar su registro y tener acceso a financiamiento público? Más aun, cuando se les exige esos gravosos porcentajes sin tener estructura electoral, sin financiamiento público y sin acceso a propaganda electoral.

Y si acaso esto resultara poco, el INE y el IEE han asumido el papel oficioso de ‘sepultureros’ de los candidatos independientes al aprobar la aplicación móvil telefónica (APP), la cual ha sido criticada por todos los aspirantes, ya que su uso exclusivo constituye un obstáculo insalvable para lograr el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano.

Por tal motivo, varios aspirantes presentaron sendas impugnaciones electorales (JDC) con el propósito de que el TEE revoque el Acuerdo que autorizó el uso, obligatorio y exclusivo, de la APP para recolectar apoyo ciudadano. Lo anterior, ya que los consejeros electorales rechazaron la petición de varios aspirantes para modificar dicho Acuerdo; y en su lugar, se les permitiera -de manera optativa o conjunta- el uso de la APP y del formato escrito de recolección de firmas.

Parodiando a AMLO, me atrevo a afirmar: ¡Esto es un impúdico y descarado complot!