Chihuahua, Chih.
“Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética; sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos.
Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros; los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país.”
Adolfo López Mateos, ex Presidente de México.
Discurso de nacionalización de la Industria Eléctrica (fragmento).
¡Vaya sorpresas que nos han deparado los últimos días¡ La semana anterior, el Presidente López Obrador anunció, con bombo y platillo, el envío de una iniciativa donde se le da preferencia a la industria eléctrica nacional (la Comisión Federal de Electricidad), en detrimento de los generadores de electricidad privados, mismos que, desde el advenimiento del modelo neoliberal, en la década de 1990, comenzaron a cobrar cada vez mayor fuerza; sobre todo, al calor de la Reforma Energética del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), misma que, baste decir, fue avalada al calor de la batería de enmiendas confeccionadas en el seno del tristemente célebre “Pacto por México”.
Al día de hoy, el gobierno de la 4T pretende dar marcha atrás a lo que veladamente se ha denominado como intentonas privatizadoras. Sin embargo, a decir de diversos analistas, la Presidencia de la República se ha topado con pared, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en torno a una probable inconstitucionalidad de la legislación, motivo por el cual, de acuerdo a Enrique Quintana (articulista de El Financiero), el Presidente López Obrador habría trazado una ruta alterna.
Ante la improbabilidad de darle cauce legal a su ideario, Quintana esgrime que el Presidente tratará de dar una vuelta de tuerca a la ley vigente, de manera semejante a como lo hicieron Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón, cuando, ante los fracasos de modificar las leyes para permitir la generación de energía eléctrica por parte de terceros, utilizaron la figura de las concesiones y los reglamentos. De tal suerte que, en un tenor semejante, López Obrador buscará hacer de la CFE jugador preponderante dentro del mercado eléctrico nacional; esto, a través de reglamentaciones, pues, como se señaló, su propuesta de ley está siendo recibida con aspavientos y no pocas dificultades.
Después de haberse cocinado y enviado al Congreso, la reforma eléctrica del obradorismo (por denominarla de alguna manera) fue recibida de manera ambivalente por los diversos sectores.
Esto porque, mientras intelectuales orgánicos como John Ackerman, festinaron que la iniciativa es un intento de retomar la rectoría del estado en un sector que fue paulatinamente desincorporado; otros, más cercanos al pensamiento neoliberal, como lo es Sergio Sarmiento, dejaron entrever se trataba de una especie de contrarreforma, haciendo notar que el otrora vetusto monopolio del estado en electricidad, era una cosa digna del pasado, y un anacronismo en tiempos de la globalización.
Al parecer, las inclemencias del tiempo han recrudecido el debate, siendo el apagón del pasado lunes (y el cual, a decir de las autoridades, aún no encuentra una cabal resolución, pues, en el transcurso de este día, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, deslizó la probabilidad de que hubiera escasez de gas natural en el trecho inmediato) la coartada perfecta para ello.
Si, para la oposición, la culpable es la 4T por prodigar ideas obsoletas y querer detener el reloj; para un sector de la izquierda obradorista, el gigantesco fallo eléctrico (que no sólo afectó al norte del país, sino que llegó a tener ramificaciones hasta el Estado de México, Guanajuato, Zacatecas y Yucatán, de acuerdo a reportes mostrados en el noticiero de José Cárdenas) es prueba contundente de lo errática que resultó la política neoliberal, motivo por el cual hay que apostar por la soberanía energética ¡aunque en el camino se sigan senderos que en otros sitios ya están siendo descartados¡ (el uso de carboeléctricas y termoeléctricas, proceso que ya siendo desestimado en otras latitudes, debido a la contaminación que le genera al planeta, máxime en esta coyuntura de calentamiento global y cambio climático).
A este respecto, debo decir que, personalmente, concuerdo con la política soberanista que está siendo trazada por la Cuarta Transformación.
Empero, creo que el gobierno federal debería lograr ese cometido, a través de una política que, si bien no desestime los recursos actuales, vaya encaminada a lograr la producción de energías limpias por parte del propio gobierno federal -vía la Comisión Federal de Electricidad- y no a través de privados que, virando el metarrelato a lo ocurrido en la actualidad, desean lucrar vía el capitalismo verde.
Cabe destacar que Víctor Toledo, ex Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la presente gestión (2019-2020) ya había contemplado esa ruta, señalando la viabilidad de la Refinería de Dos Bocas, pero viendo el uso de energías alternativas como un hecho asequible a largo plazo ¡Ojalá el proyecto siga su curso, pues era una posibilidad ideal, sobre todo en tiempos de paradigmas cambiantes!
También, debo decir que, si bien coincido con la Dra. María Amparo Casar en el apartado de las energías limpias, no creo que el esquema trazado durante el neoliberalismo tardío fuese el ideal, pues, en una nación con tantas desigualdades, resulta una ilusión pensar en la mano invisible del mercado, como ente que será garante de los derechos de los ciudadanos.
Por el contrario, creo que, como dijo el Dr. Arturo Huerta González (economista de izquierda de la UNAM), la electricidad es un bien estratégico para el desarrollo nacional, motivo por el cual debe estar en manos del estado, y no adjudicado a terceros interesados.
En suma, creo que la 4T tiene un largo desafío por delante. Una cereza en el pastel, en tiempos en los cuales, los retos colosales se acumulan. Sin embargo, si el ex Presidente López Mateos (1958-1964) pudo encarar una realidad semejante, creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también podrá hacerlo. Aún a contratiempo, pues la temporada electoral ¡está a la vuelta de la esquina!
VOLVER A URAMEX
En tiempos de los ex Presidentes Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) se contempló la posibilidad de comenzar a producir electricidad vía la energía nuclear. Si bien, existía el proyecto integral de construir diversas nucleoeléctricas, finalmente la única que vio la luz fue “Laguna Verde” ubicada en Alto Lucero, Veracruz.
“Laguna Verde” continúa operando; pero el proyecto nuclear nacional, pasó a muy bajo perfil desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) quien dispuso (secundado por la bancada del PAN, en el Congreso de la Unión; y con la oposición del PSUM) la desaparición de URAMEX, paraestatal que se encargaba de la exploración y explotación del Uranio a nivel nacional.
Al pasar de los años, este debate no ha sido reabierto.
A pesar de lo delicado que resulta la explotación uranífera (es una energía más limpia que las fósiles; pero que entraña mucha peligrosidad, si no es manipulada con sumo cuidado), el gobierno de la República o el Congreso de la Unión deberían abrir un parlamento abierto sobre este asunto; máxime, cuando el modelo dominante parece estarse agotando, tal y como lo estamos viendo.
