Chihuahua, Chih.

En mayo de 2015, hace ya cuatro años, culminó el proceso de reforma a la Constitución Federal con el propósito de crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La adecuación reglamentaria correspondiente trajo consigo la expedición de la Ley General del SNA.

Adicionalmente, fueron aprobadas tres leyes (Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación) y reformadas otras tres leyes (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal).

Esta reforma constitucional obligó a las entidades federativas a armonizar su marco normativo para efecto de crear sus propios sistemas locales anticorrupción. En nuestro Estado, en el año 2017 se establece el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) el cual tiene por objeto “establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

El SAE se integra con el Comité Coordinador Estatal (CCE), el Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) y los municipios. El CCE es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del SAE y de este con el SNA; y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

A su vez, forman parte del CCE un representante del CEPC, con el Auditor Superior del Estado, con el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, con el Secretario del Poder Ejecutivo responsable del control interno, con el Presidente del Consejo de la Judicatura, con el Presidente del Ichitaip y el Presidente del TEJA.

Por su parte, el CEPC se conforma con cinco personas ciudadanas de reconocida probidad y prestigio por haber destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas, el combate a la corrupción o la participación ciudadana.

En el mes de agosto del año pasado, el Congreso designó al Lic. Héctor Acosta Félix como Auditor Superior del Estado; quien está a la espera de que sea aprobada la Ley Estatal de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para estar en aptitud de realizar una efectiva rendición de cuentas y presentar las denuncias administrativas que resulten en contra de los funcionarios corruptos involucrados.

Hace un par de semanas, dio inicio el procedimiento de designación de los tres magistrados del TEJA cuyas atribuciones principales consisten en resolver, entre otros, los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos relativos a:

Multas por infracción a normas administrativas;

Fallos en licitaciones públicas e interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones y servicios;

la negativa de indemnizar por responsabilidad patrimonial del Estado;

las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo;

aplicar las sanciones que procedan en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; y

fincar el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias, que deriven de los daños y perjuicios que afecten al erario estatal y municipal.

Así las cosas, a pesar de tanto funcionario público que recibe (y que habrán de recibir) jugosos salarios por combatir los actos de corrupción oficial; mientras tanto, la impunidad administrativa y política es una cotidiana realidad a la que la sociedad chihuahuense está destinada a padecer por mucho años más.

Lo anterior, porque el SAE es un sistema burocrático ineficiente de origen, que nos recuerda las palabras del poeta español León Felipe: ¡Qué lástima… que venga, forzado, a contar cosas de tan poca importancia!