De nueva cuenta la credibilidad legislativa de Javier Corral queda en entredicho. Ahora, con motivo del plazo constitucional otorgado a las Legislaturas de las entidades federativas para expedir realizar las adecuaciones normativas locales correspondientes al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). A sabiendas de que el plazo para reformar la constitución Local y adecuar la legislación estatal en esta materia vence el próximo 18 de julio, el Gobernador envió una iniciativa de reforma constitucional, apenas dos semanas antes de que concluyera dicho plazo.

Lo anterior, acredita a plenitud que Corral utiliza su vasta experiencia legislativa, no como debiera ser: para enriquecer la labor legislativa en nuestro Estado; sino más bien, para pisotear la independencia del Poder Legislativo. Hoy en día, al igual que su antecesor, la Agenda Legislativa está supeditada a los caprichos personales del actual gobernador.

En materia del combate a la corrupción, debemos recordar los precedentes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua: “En 2015, estos estados aprobaron leyes anticorrupción antes de la promulgación de las leyes federales. Pero se trataba de normas que la opinión pública calificó como ‘blindajes anticorrupción’ o ‘paquetes de impunidad’ para los ex gobernadores Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, pues les permitían nombrar a fiscales a modo que trascenderían sus sexenios… Durante 2016, las tres leyes fueron declaradas inconstitucionales por la SCJN. En los tres estados, el PRI perdió la gubernatura frente al PAN, y hoy, los tres ex gobernadores están bajo proceso penal” (Revista R, Reforma).

La evidente ‘extemporaneidad’ con la que Javier Corral presentó ‘su iniciativa’ anticorrupción me autoriza a afirmar que el gobernador también es un experto en ‘artimañas legislativas’, como lo es el dejar correr -sin pudor alguno- los plazos constitucionales ya sea para reformar la Constitución Local, o bien, para expedir ciertos ordenamientos legales; con el propósito de forzar negociaciones políticas e imponer su criterio; y por supuesto, para evadir cualquier posibilidad de consulta a la ciudadanía o para imponer a un incondicional.

Tal y como lo sostiene el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez: “el intento de los congresos locales por llevar al límite la homologación de las leyes locales con el SNA, es una estrategia para evitar las prácticas de parlamento abierto que caracterizaron la aprobación del sistema nacional… lo que están tratando es de llevar al límite los plazos para aprobarlo sin una discusión apropiada con la comunidad y sin un proceso abierto donde nos informemos y nos enteremos de qué cambio están haciendo alrededor de estos temas”.

En efecto, resulta obvio que los legisladores mexicanos -federales y locales- le tienen pavor a transparentar los procesos legislativos de cara a la sociedad, ya que ello anula la añeja práctica de celebrar negociaciones políticas subrepticias; lo cual, haría imposible celebrar cualquier tipo de acuerdo mediante el cual se pretenda obtener ilícitos beneficios financieros o para colocar a ciertas personas en cargos públicos.

Lo anterior, ya que como sostiene Bohórquez “la falta de transparencia en los procesos legislativos aumenta la posibilidad de que se designen personajes a modo. Los perfiles de algunas designaciones (en otros estados) confirman por qué no querían que fueran procesos abiertos desde el Congreso, porque eso hubiera supuesto que la sociedad civil conociera cuáles eran los componentes del SNA”.

El día de hoy, el Congreso habrá de aprobar la reforma a la Constitución Local en materia de anticorrupción (a lo que coloquialmente se le ha denominado ‘Ley Anticorrupción’). Y toda vez que desconozco el contenido del dictamen definitivo aprobado, la próxima semana abordaré de nuevo este tópico, para explicar las tantas aberraciones jurídicas y violaciones a los derechos humanos contenidas en la ‘Iniciativa Corral’.



BUROCRACIA ANTICORRUPCIÓN:

La ‘Iniciativa Corral’ Anticorrupción prevé un excesivo aparato burocrático que no tiene justificación alguna. La propuesta ejecutiva que todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal cuenten con órganos internos de control, “con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas”.

En cambio, en cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial, Corral propone que su investigación y sanción quede sujeto “a lo dispuesto al procedimiento de disciplina que se prevea al interior de dicho Poder”.

¿Qué le parece amable lector? Mientras que la Judicatura será el único órgano interno del Poder Judicial para sancionar a los funcionarios judiciales mediante las reglas que apruebe el Pleno del TSJ; en cambio, los burócratas adscritos al Poder Ejecutivo, tendrán varios “órganos internos de control”, cuyo procedimiento estará sujeto a las reglas de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En otras palabras, Corral habrá de expedir cientos de nuevos nombramientos, tan solo para determinar la supuesta responsabilidad de los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Yo me pregunto: ¿Acaso no somos testigos del anuncio anticipado del fracaso del Sistema Anticorrupción en Chihuahua? ¿Va a desaparecer la Secretaría de la Función Pública?