Chihuahua, Chih.

El anuncio semioficial realizado el miércoles por elevados funcionarios norteamericanos demócratas, entre ellos el líder de los senadores, Chuck Schumer, de Nueva York, en el que confirman la reapertura de las fronteras de EU -prácticamente a todo el mundo- con el único condicionante (general) de haber recibido el esquema completo de vacunación anti COVID 19, de las vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de las muy positivas repercusiones económicas para EU, México y Canadá, es uno de los más fuertes apoyos a la generalización de la aplicación de la vacuna en todo el mundo.

Sin duda que también repercutirá seriamente en el interior de EU en el que existen gruesas capas de la población (especialmente los simpatizantes del Partido Republicano y en general los sectores más conservadores) que se niegan a vacunarse.

No deja de ser paradójico que en uno de los peores momentos de la pandemia en territorio norteamericano, con promedios de alrededor de 80 mil contagios nuevos diarios, a pesar del elevado porcentaje de su población ya vacunada, hayan decidido terminar con el cierre de fronteras a la población.

Pero tal medida -además de las necesidades económicas, muy importantes ciertamente- deriva directamente de un hecho por demás cardinal: El de que los 3 países de América del Norte cuentan con un muy elevado porcentaje de su población vacunada (Canadá, 65%; EU 51.9% y México, 50.43% con una dosis y 35.5 con el esquema completo) y, también, el que más elevados porcentajes de la población fronteriza entre esos países se encuentra en rangos superiores al 75% con dos dosis (los que lo requirieron).

Las excepciones durante poco más de año y medio se aplicaron solamente al tráfico comercial, ciudadanos estadounidenses y estudiantes.

La senadora Kirsten Gillibrand, también demócrata por Nueva York, calculó la pérdida de la economía de Estados Unidos, de negocios con los canadienses, en alrededor de 1.5 “billones” de dólares mensualmente (Probablemente equivalentes a mil 500 millones de dólares). (Nota de The New York Times, 12/X/21).

En ese crecimiento del porcentaje de mexicanos vacunados contó fundamentalmente el empuje del gobierno norteamericano al mexicano para que acelerara el proceso de vacunación, para lo cual aportó más de 3 millones de vacunas, al tiempo que condicionó a que se aplicaran a la población fronteriza y a que endureciera el gobierno de México su política migratoria.

También deberá anotarse que, a pesar de los monumentales errores de la 4T en el combate a la pandemia, le apostó a intentar vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, dadas las condiciones del sector salud y la investigación científica en el país.

Hoy enfrenta otro requerimiento de extensas capas de la población, apoyado ahora por sendas resoluciones judiciales, que le están ordenando la aplicación de la vacuna a los mayores de 12 años, luego de la aprobación del regreso parcial a las clases presenciales en las escuelas, reforzado por el llamamiento (hasta ahora) presidencial de que todos los escolares, de todos los niveles, regresen completamente.

Asombran las respuestas del gobierno (especialmente del presidente López Obrador y del sub secretario López Gatell) ante las resoluciones judiciales y las manifestaciones de los padres de niños con diversos padecimientos, que decidieron ampararse a fin de lograr que vacunaran a sus hijos.

Luego, ante la avalancha de críticas debieron recular y ordenar la vacunación a todos los niños con comorbilidades, poco más de millón y medio.

Así ahora, ante la resolución de un juez que ordenó la vacunación de todos los niños mayores de 12.

¿Qué harán? 

¿Impugnarán ante un tribunal ese resolutivo, sólo para tener que aceptar y vacunar después tal y como lo ordena el juez… y la realidad?

¿O esperarán los requerimientos del gobierno norteamericano?

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