Ciudad de México, Mx.

• Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios, hacen un llamado al Estado mexicano para que garantice la vida y la seguridad de las mujeres durante la cuarentena ante el COVID-19.
• Las tres OSCs destacan que el aislamiento forzoso que conlleva la cuarentena incrementa el riesgo de las mujeres a ser víctimas de violencia, lo cual se ve agravado por la reducción de distintos servicios para prevenir y frenar dicha violencia.
• Instan al Estado mexicano a fortalecer todos los servicios de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo la pronta dotación de recursos a los Refugios, albergues y casas de tránsito; así como mantener los horarios de Centros de Justicia para las Mujeres en todo el país, y garantizar la operación del sistema de justicia, específicamente la protección de las mujeres víctimas de violencia.

Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios, hacen un llamado urgente al Estado mexicano para que cumpla con su deber de prevenir y atender las violencias contra las mujeres durante la “Jornada de Sana Distancia”. La petición obedece a que las medidas de confinamiento establecidas para prevenir la propagación del COVID-19, intensifican el riesgo de violencia doméstica[1] y, por tanto, tal como lo señala el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), es preciso que se mantengan activas todas las acciones y servicios necesarios para prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.

En este sentido, las tres Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) advierten la necesidad de que se agilice el proceso para dotar de recursos a los Refugios que alojan y protegen a las mujeres que han vivido violencia, los cuales fueron incluidos en el catálogo de “servicios esenciales” durante la cuarentena para mitigar la expansión del COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020.

Apenas este 7 de abril, la Secretaría del Bienestar publicó los Lineamientos para la distribución y operación de los recursos que están etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos. Esto quiere decir que, a la fecha, los Refugios continúan operando con sus reservas de dinero y a través de donativos, en momentos en los que, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, los 29 refugios y 9 casas de emergencia y de tránsito con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta más del 100 por ciento de su capacidad.

Si bien a partir del 8 de abril se abrirá el periodo para la presentación de proyectos, y esto sin duda es un paso importante para que los Refugios cuenten con el presupuesto necesario para operar, existen varias preocupaciones. Por un lado, se solicita la presentación de requisitos estrictos, particularmente difíciles de cumplir en esta contingencia[2]; por otro lado, los lineamientos indican que el recurso se entregará en un plazo de máximo 30 días hábiles posteriores a la firma de los convenios con cada Refugio, lo que significaría estar recibiendo aproximadamente la primera ministración del recurso asignado a principios del mes de junio. Esto vulnera la operatividad de los Refugios y, por lo tanto, los servicios de protección especializados para mujeres y en su caso, sus hijas ! e hijos.

En este sentido, las OSCs que suscriben instan al Estado mexicano a establecer un mecanismo presupuestario, de evaluación y seguimiento que garantice recursos para los Refugios de manera permanente, de tal forma que puedan trabajar todo el año sin ningún tipo de carencia.

De igual forma, hacen un llamado para que los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) operen en horarios regulares, en los que proporcionen todos los servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género, incluyendo los albergues temporales con que cuentan[3]. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento que algunos CEJUM han reducido sus horarios de atención, lo cual podría vulnerar el acceso a la justicia para las mujeres.

Ahora bien, en su investigación (Des)protección judicial en tiempos de Covid-19, Equis Justicia para las Mujeres, señala que la suspensión de labores en los Poderes Judiciales ante la pandemia del COVID-19 dejó a miles de mujeres en el país en total desprotección ante los distintos casos de violencia que enfrentan.

Lo anterior es particularmente grave si se considera que la violencia contra las mujeres ha ido en aumento. De hecho, datos recabados por la Red Nacional de Refugios, revelan el incremento de solicitudes de ayuda de mujeres que huyen de sus hogares por la violencia que sufren en ellos. Uno de los casos más visibles que ejemplifican la incontenible violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la pandemia por Covid-19, es el feminicidio de la niña Ana Paola, ocurrido el jueves 2 de abril, en su casa de Nogales, Sonora.

Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios, reconocen la complejidad que enfrenta México debido a las medidas excepcionales que se requiere adoptar para contener la pandemia. Sin embargo, aún en este contexto, se deben mantener vigentes las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por lo mismo, es crucial que se garantice el funcionamiento pleno de los Centros de Justicia para las Mujeres y los Refugios para salvaguardar la seguridad de mujeres y niñas[4]. De igual forma, tendría que garantizarse que el servicio de impartición de justicia establezca mecanismos de prevención, denuncia y atención para las víctimas de violencia de género, de cara a este contexto.

La violencia contra las mujeres y las niñas ha sido calificada por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, como una “pandemia mundial”. En México, donde diez mujeres son asesinadas cada día, no es posible esperar más para reforzar las acciones que evitarán que la violencia en los hogares y los feminicidios incrementen durante esta cuarentena.

El Estado mexicano no debe abandonar a las mujeres en medio de la emergencia.

[1] En un comunicado emitido el miércoles 18 de marzo de 2020 el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), advierte que “un porcentaje muy alto de las mujeres y niñas en la región son violentadas por sus parejas, sus familiares o por las personas con las que conviven cotidianamente. En este sentido, el aislamiento forzoso que conllevan las cuarentenas enfrenta a las mujeres a un riesgo muy alto de que se extreme la violencia en su contra al convivir tiempo completo con sus victimarios, así como que las y los niños y otras personas vulnerables se expongan a la misma de forma directa o indirecta”.

[2] Por ejemplo, se solicita la presentación de documentos que dependen de instancias ajenas a los propios Refugios y que, debido a la suspensión de labores de dependencias gubernamentales, podrían no estar en poder de los Refugios obtenerlos. Tal es el caso de los documentos expedidos por la Secretaría de Salud o cualquier otra dependencia federal correspondiente.

[3] Los CEJUM facilitan el acceso a la justicia para las mujeres, a través de servicios de atención legal, médica, psicológica, proyectos de empoderamiento económico, espacios de ludoteca y albergue temporal. Véase: https://equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/.

[4] Entre otras medidas urgentes y necesarias de implementar están: las líneas de atención telefónica y alarmas silenciosas con geolocalización, albergues transitorios, y demás acciones intersectoriales y que transversalicen la perspectiva de género, derechos humanos y la interculturalidad.