Chihuahua, Chih.

No podía ser peor el entorno en el cual el presidente López Obrador regresa a la capital de Chihuahua, por la mañana del viernes (aunque llegará por la tarde-noche de hoy) y a Juárez por la tarde de ese mismo día.

Más de 20 mil chihuahuenses están inmersos en un inmenso fraude (más allá de la denominación que alcance jurídicamente) orquestado y ejecutado por la empresa Aras. 

Las repercusiones de este robo llegarán muy lejos; alcanza a otras cinco entidades, por lo menos, y en el cual, por omisión, podrá acusarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Involucrará, con seguridad, a otras autoridades, de todo tipo.

El escándalo ha impregnado de muy justificadas suspicacias la actuación de funcionarios federales (los de las dependencias señaladas), pero también de funcionarios locales, si es que se logra demostrar que ante la presentación de denuncias por los afectados, funcionarios federales y estatales dieron largas a darle curso a ellas.

Por otro lado, Chihuahua llega, como hace 15 años, ubicada como una de las entidades ubicadas en el top cinco con el mayor número de homicidios.

Han pasado los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y la mitad del presente. Mandatarios de 3 partidos distintos y la tragedia, la violencia, la colusión, la impunidad y la injusticia permanecen incólumes.

Además, tal oleada se ha presentado en los gobiernos de Reyes Baeza, César Duarte, Javier Corral y los escasos meses de la actual, Maru Campos.

Las estrategias aplicadas para enfrentarla -si es que lo han hecho- han fracasado estrepitosamente; hemos visto de todo, la mayor parte de ellas centradas en el aprovechamiento de las fuerzas militares, hasta llegar a la transformación de éstas en la Guardia Nacional, cuyas tácticas y estrategias no difieren de las usadas por los ejércitos en los conflictos armados, pero que escasa utilidad tienen para combatir -es evidente el fracaso- al crimen organizado, principal causa de los elevados índices criminales.

Más aún, la llegada del presidente López Obrador se da cuando tres de las organizaciones derechohumanistas con mayor trabajo efectuado en nuestra entidad (el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y 30 años CEJIL) han denunciado el incumplimiento del Estado Mexicano en los casos “Alvarado Espinoza y Otros” y el de “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco”, sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).

La primera de ellas implica a mandos y elementos de las Fuerzas Armadas, por la desaparición de tres chihuahuenses, los jóvenes Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado, vistos por última vez el 29 de diciembre del 2009, residentes del ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura y quienes fueron aprehendidos y desaparecidos por elementos del ejército mexicano, cuya responsabilidad acreditó la CIDH.

En estos hechos la CIDH acreditó el encubrimiento, a los responsables, del general Jens Pedro Lohmann Iturburu, recientemente designado titular de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), -la empresa estatal encargada de la fabricación, traslado y distribución de medicamentos-, quien se desempeñaba en la fecha de los hechos como Comandante de la Guarnición Militar de Puerto Palomas y que tuvo conocimiento de la desaparición de los jóvenes a manos de militares.

A esos temas volveremos, porque forman parte fundamental de lo que debiera abordar y resolver el presidente mañana, junto con lo que debiera ser el epílogo de la lucha por La Boquilla: La excarcelación del dirigente de los productores, Andrés Valles, así como la reparación de los daños causados a la familia Torres Silva, más allá de que el asesinato de Jessica Silva aún se mantiene en la más viva opacidad, así como la evidente injusticia que implica el hecho de que aún se mantengan congeladas, por la UIF, las cuentas personales de Salvador Alcántar, el dirigente estatal de los usuarios de los distritos de riego.

Además, a pesar del porcentaje de chihuahuenses vacunados, la entidad la encontrará López Obrador en medio de un repunte de la pandemia, ante el cual lo procedente, de manera inmediata, es la vacunación de los niños y jóvenes, además de la aplicación de la tercera dosis a los adultos mayores, antes de que Chihuahua sufra un nuevo embate del COVID .

Y por si faltaran temas, sin duda que el gobierno del estado -y los chihuahuenses- requieren de la cooperación del gobierno federal en el tema de las finanzas estatales.

No son pocos, ni menores los problemas a los que debiera enfrentarse el presidente López Obrador.

Ojalá resolviera a favor.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)