Chihuahua, Chih.

Es de lo más preocupante, no sólo la frase presidencial, sino el concepto subyacente, que se ha reflejado de manera dramática en lo que está ocurriendo en el país.

Lo será más, no solo porque ese concepto es el que guió la estrategia en seguridad pública del más odiado adversario del presidente,  Felipe Calderón. Los resultados son de sobra conocidos.

Pierde a López Obrador su incontinencia verbal; si hablara menos, probablemente recibiría menos criticas por sus tan desafortunadas, como frecuentes frases.

Ayer miércoles pretendió justificar, o explicar las razones del porqué un número de entidades han disminuido los índices de violencia.

“El presidente señaló que no han aumentado los homicidios dolosos en las regiones del país donde domina un sólo grupo del crimen organizado”. (Nota de Noemí Gutiérrez, El Universal, 15/VI/22).

Y puso como ejemplos de ello a los estados de Sinaloa y Durango,  territorios dominados por la organización liderada por las familias Zambada y Guzmán.

“Es el predominio de un grupo que no tiene competencia, como otros y esto lleva a que no hay enfrentamientos, porque el 75% de los homicidios que se registran en el país tienen que ver con estos enfrentamientos”. (Nota de Antonio Baranda y Claudia Guerrero, Agencia Reforma, El Diario, 15/VI/22). 

Esa misma tesis-explicación es la que enarboló en su tiempo el equipo de Calderón. 

Llegó a exponérselas alguno de ese equipo a integrantes de la Mesa de Seguridad de Juárez, conformada a raíz de la masacre de jóvenes de Villas de Salvárcar. Argumentaban que si se dejaba que los grupos criminales se enfrentaran entre sí y se propiciaba el triunfo de uno de ellos, entonces sería más fácil combatir a éste.

Coincidentemente, en casi todo el país, se presentaban las terribles guerras de los cárteles de la droga, que tenían como elemento común el de que casi en todos ellos los grupos “locales” (Los Arellano Félix, el Cártel del Golfo, Los Zetas, etc.) se enfrentaban al Cártel de Sinaloa con un más que evidente favoritismo de los agrupamientos policiacos y militares a éste.

Ello ocurrió también en nuestra entidad, preponderantemente en Juárez. 

Fueron numerosas las ocasiones en que a una o dos cuadras de una ejecución, estuvieran apostadas camionetas generalmente civiles, con elementos policíacos o militares a bordo, que nada hacían por detener a los sicarios, quienes frecuentemente pertenecían a la banda de Sinaloa y las víctimas se identificaban con el Cártel de Juárez.

Lo mismo ocurrió con las detenciones realizadas en esa época -del 2008 al 2012-. 

La realidad mostró que los argumentos de los jefes policiacos, esgrimidos en la confidencialidad a alguno de los integrantes de la mesa juarense, se correspondían con esa estrategia.

En la misma conferencia mañanera de ayer, el presidente debió reconocer algo que los especialistas en seguridad pública no se cansan de repetir: Que a la prevalencia de un grupo criminal en una zona determinada se sucede el incremento del resto de los delitos de alto impacto: Extorsión, secuestros, trata de personas, narcomenudeo y, finalmente, control absoluto de ese cártel sobre la zona, incluidas las  instituciones gubernamentales… y la clase política regional.

En el discurso tiene razón el presidente cuando afirma que se deben combatir las causas profundas de la desigualdad social, como mecanismo para enfrentar a la delincuencia organizada, pero no es menos cierto que el Estado Mexicano debe enfrentar, ahora, la violencia generada por las bandas del crimen organizada.

No hacerlo está mostrando con toda crudeza, en cada vez más amplias zonas del país, que es una gigantesca equivocación, pues las bandas delincuenciales siguen convirtiéndose, a pasos agigantados, en el poder real, mandón sobre el terreno, que está llevando a que las fuerzas armadas sólo sean dueñas del terreno que pisan, y nada más.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)