Chihuahua, Chih.

El presidente López Obrador llega a su primer informe de gobierno en medio, sí  de una aguda polarización de la sociedad, pero con márgenes muy amplios de buenas calificaciones hacia su gestión. 69% le otorga la encuesta de El Universal, 61.3% asentó Mitofsky en el seguimiento semanal.

Pero sus primeros diez meses de gobierno están plagados de acontecimientos, la mayoría de ellos negativos, derivados no tanto de su desempeño, aunque sí algunos, sino de la situación previa a su arribo al poder y, sobre todo, del entorno mundial.

Llega, además, en un momento en el que las prácticas políticas del pasado reciente amenazan con envolver a Morena en una muy aguda crisis política por, esencialmente, la carencia de ética política en muchos de sus cuadros dirigentes, sobre todo los ubicados en los más altos puestos de mando, tanto en el gobierno, como en el partido.

Esos afanes ya se han convertido en problemas políticos de distintos ámbitos de gobierno, merced a los afanes reeleccionistas de algunos de sus principales protagonistas, como sucede con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, o el de Porfirio Muñoz Ledo, quien acusó a los panistas de “golpistas” por oponerse a que la mayoría de Morena cambiara la ley a fin de continuar en la presidencia de la Cámara de Diputados.

Qué lejos quedó de aquel que en 1997, cuando el PRI perdió por primera ocasión la mayoría en la Cámara de Diputados, encabezó a la oposición para rechazar el “golpe de estado técnico” que quiso establecer el presidente Ernesto Zedillo, al que le espetara su muy recordada evocación del discurso con el que los reyes de Aragón eran nombrados: “Nosotros, que cada uno somos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos”.

Es de tal profundidad esta crisis, que el mismísimo tabasqueño debió llamar a la mesura a sus compañeros de partido, en una muy sui géneris reunión del presidente con los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión y justamente cuando la certidumbre se abre paso acerca del subejercicio presupuestal del orden de los 170 mil millones, sobre todo en algunos de los programas sociales estelares de la 4T y en medio de la más violenta oleada homicida presentada en el país, ante la cual el gobierno federal aparece como desmadejado, mientras se acumulan por miles los ejecutados en todo el país.

López Obrador recibió un país con bajo crecimiento económico, tasas altas de precariedad laboral, presiones en el precio de los energéticos, desigualdad regional, con la mitad de la población (50.6%) por debajo de la línea del bienestar, con ingresos insuficientes para adquirir los bienes y servicios básicos y con altos índices de violencia e inseguridad.

A juzgar por lo realizado hasta ahora, se trazó tres derroteros principales en su actuación inicial: La de la continuidad de la política económica (a pesar de su discurso en contra de ella) para no generar inestabilidad económica; combatir la inseguridad con un esquema que profundiza los empleados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y la puesta en marcha de los programas sociales, centrales en el modelo del lopezobradorismo.

A la par, desplegó un sinnúmero de acciones, la mayor parte de ellas encaminadas a combatir los más evidentes casos de privilegios de la clase política.

Así, la ofensiva en contra de los elevados salarios de los funcionarios públicos, que logró abatir los del Poder Ejecutivo y Legislativo (los del Judicial se ampararon en su pretensión de independencia), así como un inmenso caudal de prebendas, la mayor parte de ellas ocultas; el muy riesgoso hecho de viajar en líneas aéreas comerciales; las conferencias mañaneras; las giras de fin de semana, el fin de los privilegios en las cámaras de diputados y senadores, con el consecuente ahorro de varios miles de millones de pesos.

Aspecto central del trabajo de AMLO es, sin duda, la centralización que ejerce en todas las áreas y la permanente inclinación a no aceptar opiniones discrepantes. De ello ya dió cuenta el país con las renuncias del ex director del IMSS, Germán Martínez Cázares, y del ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Sin duda, y en eso, ni modo, habrá que recordar a los panistas en el gobierno que se ufanaban de haber mantenido “las variables macroeconómicas”.

Quien lo diría, algunos años después, el primer gobierno de izquierda en México es de lo que se vanagloria, precisamente, aunque el entorno económico mundial, vaya que es diametralmente distinto, y adverso.

Hasta ahora la política económica elaborada y aplicada por el gobierno de López Obrador es, en lo general, la misma de los sexenios inmediatamente anteriores, particularmente del de Enrique Peña Nieto.

Dos son los hechos que ratifican el aserto anterior:

Primero, La ratificación y apoyo del equipo de López Obrador a las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC (en inglés: United States–México–Canadá Agreement o USMCA), continuación del Tratado de Libre Comercio, efectuadas por el gobierno de Peña Nieto, en las que, esencialmente, se mantuvieron los parámetros negociados desde los tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, y que contienen prácticamente toda la política económica del gobierno mexicano.

En ella, de manera preferente, la política energética será la misma que se aplica desde el sexenio anterior, aunque con las repercusiones propias del descenso de los precios del petróleo

Segundo, el presupuesto del gobierno federal para el presente año. Es, con algunas pequeñas modificaciones, la continuación del aplicado en 2018, el último año de Peña Nieto, en el que sí hay diferencia de peso, el monto de lo asignado a los programas de bienestar social.

A pesar de ello, las diversas medidas tomadas en torno de la industria energética son de apreciarse: Con todo y las molestias la lucha contra el huachicoleo -cuyos beneficiarios desataron una intensa ofensiva- el ahorro en la fuga de combustibles le generó más ingresos a Pemex.

Luego, las negociaciones en torno a la deuda de Pemex -y otros proyectos petrolíferos- y más recientemente con las empresas constructoras de los gasoductos proveedores de CFE, además de los beneficios directos a las dos empresas, le han redituado al gobierno de AMLO -aparentemente- una mejor relación con los grupos empresariales.

Focos en rojo: La política migratoria. Luego de las amenazas, en la práctica, el gobierno de México se constituyó en el muro de Trump. De ello dan cuenta las últimas acciones de los cuerpos policiacos en la ciudad de Chihuahua, en la que, ilegalmente, estuvieron efectuando redadas en hoteles y albergues.

También, la puesta en marcha de los programas sociales, así como la aplicación de los recortes presupuestales han evidenciado la inexistencia de una eficaz política administrativa, cunde la crítica al recorte que, sostienen muchos, se hizo con machete.

Sin duda muchos aspectos quedan fuera del análisis, pero uno no debe quedar fuera: El de la concepción presidencial acerca de las organizaciones de la sociedad civil.

Generalizando, el presidente las descalificó: “En vez de ayudar, la sociedad civil y los especialistas ponen trabas para solucionar el problema de la inseguridad y de la violencia en México…”.

No tiene razón.

Se refiere de ese modo a lo que los mexicanos hemos construido en el último medio siglo de luchas populares de todo tipo y, también, las concernientes a los derechos de la llamada “tercera generación”.

Y otros más, los mismos que generaron la posibilidad de contar con organismos especializados en la conducción de los procesos electorales, los organismos derechohumanistas, de la transparencia; y en la transformación del marco legal a fin de que se garantizaran derechos de ese tipo, y otras, como las organizaciones nacidas por la desaparición de decenas de miles de personas, de las mujeres asesinadas; de las nacidas del hartazgo por la violencia hacia las mujeres, contra la corrupción, de los colectivos homosexuales, todas integrantes de la sociedad civil que, entre otras cosas, fueron forjando una clara conciencia de oposición al régimen autoritario.

Ahí se encuentra, sin duda, una formidable veta del fortalecimiento de la democracia mexicana. Deberán atenderla.

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