Chihuahua, Chih.

La declaración presidencial de que Daniel Chávez es "supervisor honorífico" del Tren Maya es muy grave porque el conflicto de interés no reside en si se paga o es honorífica la relación empresa-gobierno. La OCDE ha hecho un atendible estudio donde separa el conflicto de interés en tres tipos.

El pez por su boca muere dice el adagio popular. El reportaje inicial de Mexicanos contra la Corrupción y Loret de Mola lo califiqué de falta de interés público cuando se publicó por cuanto a su contenido. 

Las cosas han cambiado en los días subsiguientes por nuevos elementos no invocados en esa primera entrega y que han ido surgiendo en buena medida por los hallazgos periodísticos posteriores, así como el deplorable manejo de crisis del presidente López Obrador y su hijo José Ramón López Beltrán. Veamos.

Primero. En redes José Ramón López Beltrán dice que tiene visa de trabajo como “asesor legal” de una empresa privada en los Estados Unidos de América. 

No hay que indagar mucho para saber que López Beltrán que no tiene estudios superiores a la licenciatura en México, que no cuenta con la aprobación del examen de la Barra de Abogados de Texas para ejercer como abogado. 

¿Cuál sería el incentivo de una empresa para contratar un abogado no especializado y para tramitarle su visa de trabajo para trabajar en asuntos domésticos propios del quehacer jurídico en Texas y en los Estados Unidos? 

No es el caso, el propio hijo del presidente reconoció que desde el 2020 trabaja en la empresa KEI Partners cuyos intereses no están en el mercado norteamericano, sino en México.  No se trata, pues, de un despacho jurídico o de una empresa que única y exclusivamente se dedica a cuestiones domésticas en EUA, alejadas por entero de México. 

¿Es posible pensar que haya sido contratado aprovechando sus relaciones, aunque no esté trabajando directamente en el gobierno mexicano, si no fuera hijo del presidente mexicano dadas sus pocas credenciales académicas y profesionales hasta donde se sabe? 

¿O podría ser que la empresa que requirió sus servicios, con razón o sin ella, considere que es una buena estrategia de acercamiento con el gobierno mexicano o con algunos servidores públicos clave del mismo? 

Quizá lo mejor hubiera sido que su esposa como ciudadana norteamericana le hubiera conseguido la residencia sin meterse en un embrollo que, se advierte, tiene más problemas por venir. Qué necesidad.

Segundo. Resulta extraño que la empresa en la que presta sus servicios López Beltrán obtuviera su dominio en internet en el año 2019, habría que preguntarse ¿cuándo fue constituida la empresa en Estados Unidos? 

¿Fue con motivo del triunfo electoral del presidente López Obrador? 

¿Cuáles los clientes actuales y potenciales de esa empresa, son para negocios en EUA o principalmente en México? 

Si las declaraciones de López Beltrán son en sí mismas lamentables, no menos se puede decir de las afirmaciones del presidente López Obrador que no tienen desperdicio: “En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él no tiene negocios con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan”. 

Esta declaración es muy grave porque el conflicto de interés no reside en si se paga o es honorífica la relación de la empresa de referencia con el Tren Maya donde tiene intereses en ese sector. 

Esto hay que dejarlo claro. 

La OCDE, de la que México forma parte, ha hecho un atendible estudio donde separa el conflicto de interés en tres tipos, el real, el potencial y el aparente, el primero es un acto de corrupción y los segundos representan un riesgo para que eventualmente puedan ser contrarios a la ley. 

En cualquier caso, en las sociedades democráticas cualquier tipo de conflicto de interés es ajeno a la imparcialidad, a la integridad y a la transparencia. 

Es posible, pero improbable que las intenciones del señor Daniel Chávez, una de cuyas empresas relacionadas con él, haya contratado a López Beltrán, resulte ser un filántropo y un empresario desinteresado que no busca otro interés que el mejor interés de México, a pesar de que su giro de negocios esté vinculado con áreas relacionadas con el Tren Maya.

Tercero. Si los dos primeros aspectos pintan de cuerpo entero a los responsables de estos temas quienes le han mentido o han callado y dejado que el presidente de la República y su hijo se enreden y se auto inculpen en público, no menos grave es que el presidente, o sus asesores, no tengan  idea de qué hace el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Sólo de esta manera se puede entender que en la mañanera del lunes 14 de enero del 2022 haya dicho: “Que sepan que yo no me voy a dejar. El que se aflige se afloja, tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación y voy a pedir al Instituto de la Transparencia, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto (se refiere a los ingresos de Loret de Mola)”. 

Ver para creer semejante declaración. 

Es obvio que el INAI está impedido constitucional y legalmente para cumplir la petición presidencial; al contrario, debe estar atento a que no se vulneren los derechos a la privacidad de los gobernados, así se trate de personas de trascendencia pública como es el caso de Loret. 

El INAI únicamente puede ordenar, en su caso, y después que el solicitante de información haya obtenido una negativa de los sujetos obligados, aquellos datos de contratos con sujetos obligados del sector público, salvo los que hayan sido clasificados que son una excepción. 

Lo más grave es que se pierdan las mínimas formas y la razón y el conocimiento básico del derecho sea sustituido por la pasión y el encono en perjuicio de todos.

*Publicado por Proceso, 20/II/22